Prensa Libre

POR JUAN MANUEL CASTILLO

Pascual nació en Zacualpa, Quiché, en 1971. Tres de sus cinco hermanos murieron en combate en las filas de la guerrilla. “A mí no me dejaron ir por ser el más pequeño”, cuenta, aunque sí recuerda la discriminación en la escuela, donde solo pudo cursar dos años de primaria debido a la persecución.

“Mi graduación ha sido en la vida, pues la dirigencia campesina me ha hecho ver la injusticia por décadas”, afirma.

Al ser cuestiono por los bloqueos y las protestas, acusa a los políticos de violar otras leyes de manera impune. Sin embargo, el principal tema es obvio: la ley de desarrollo rural.

El 27 de noviembre usted discutió con el empresario Ricardo Villanueva en el Congreso por la ley de desarrollo rural. ¿Qué pensaba Ud. en aquel momento?

De alguna manera yo conozco un poco a Villanueva, cuando era de la Junta Directiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) y se llevó a cabo el primer diálogo con el sector empresarial y agrícola, por las ocupaciones de tierras. El 27 de noviembre, en el Congreso, me sorprendí porque ellos, los empresarios, nunca han tenido necesidad de llegar a plantear sus puntos ante el Congreso, eso no es algo común. Entonces fui, lo saludé y le pregunté el porqué de la oposición a la ley de desarrollo rural, y su respuesta fue que esa ley era una reforma agraria.

¿Y acaso no es una reforma agraria?

No. Es una ley que vemos liviana. Está contemplada en los acuerdos de paz, en los que el sector empresarial participó e incluso fue ofrecida como paquete compensatorio con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, en marzo del 2005.

La estrategia del sector empresarial es bloquear la ley 40-84; no es plantear observaciones a los artículos y al contenido, sino bloquearla.

¿Cuánto lleva en el movimiento campesino?

Comencé en 1985 con el CUC. Esto es génetico o es hereditario porque mi papá fue dirigente y antes que mis padres, mis tíos y mis abuelos. Ellos tuvieron que ver con la vivencia de ser peón en la hacienda del mozo colono y ahí despierta nuestra consciencia, ante la explotación y bajos sueldos.

¿Vivió Ud. este sistema?

Directamente no, mis hermanos mayores fueron los que iban con mis padres a extensas jornadas de trabajo, pero eso no implica que no me haya afectado. Además, ver a la gente sin posibilidades reales de desarrollo me provocó indignación.

¿Perteneció a la guerrilla?

Yo no. No me dejaron por ser el más pequeño. Pero sí murieron en combate tres de mis hermanos. Primero fallece, a los 16 años, María Magdalena, después Esteban y Fabian. Sólo de uno de ellos logramos rescatar los restos en Nebaj, eso nos partió el alma, nos partió la vida. También murieron dos de mis tíos. Uno fue Santos Hernández, diputado a inicios de 1980, lo mataron en El Trébol en 1982.

¿Cuál diría Ud. que es la fortaleza del CUC?

Es el método organizativo. Tras el terremoto de 1976, cuando se profundizó la pobreza, fue necesaria una organización que reivindicara derechos. Estamos integrados por indígenas y ladinos pobres.

Sus críticos los tildan de marxistas ¿Qué piensa de eso?

Hubo influencia, pero eso es pasado. Durante la guerra esa tendencia ideológica tenía fuerza. Pero ahora hemos logrado construir pensamiento propio. Mucha gente que detracta al CUC ve fantasmas, y son ellos los que tienen ideas atrasadas. Nosotros hablamos en el ámbito de la democracia y de los derechos.

Las protestas se dan con todos los gobiernos. ¿Se vuelve a empezar de cero en cada gestión?

Hay una acumulación de procesos. En 1996, el CUC llega a la etapa de los acuerdos de paz, pasa al planteamiento de construir un estado democrático de derecho cuando el Congreso ratifica el Convenio 169 —referente a los derechos de los pueblos indígenas—, ahí están las raíces de la ley de desarrollo rural. En el 2002 lanzamos un debate de la política de desarrollo rural integral. En el 2005 vimos que los acuerdos de paz no avanzaban y se firma un tratado de libre comercio con EE. UU. que se sobrepone a los acuerdos de paz. En el 2007, Óscar Berger lanza la liberación de las concesiones mineras, y a nosotros nos chocó todo eso. Fue como comenzar otra vez. Cuando ganó Otto Pérez fue otro toque eléctrico para nosotros.

Hablando de electricidad, ¿hay oposición rotunda de ustedes a las hidroeléctricas?

No, no hay oposición a una hidroeléctrica, pero creemos que el proyecto debe ser de la Municipalidad, de las comunidades, hay oposición de que llegue una empresa extranjera, pero no de hidroeléctricas que funcionen para la gente.

¿Cómo califica el primer año de Otto Pérez?

Bastante lesivo. En el primer mes, él se reunió con el sector minero y pactan acuerdos para aumentar regalías, pero en forma voluntaria. Crea un Ministerio de Desarrollo Social, pero no hace nada nuevo, solo cambia de nombre a los programas, y la represión en Totonicapán fue un gran error.

¿Se pueden llegar a consensos respecto de minería?

Posiblemente habrá alguna comunidad que esté de acuerdo con el esquema impositivo, pero el llegar a acuerdos pasa por el reconocimiento de los derechos colectivos, previo a consulta. Entonces es lógico que la gente esté predispuesta a decir que no, porque siempre ve mala intención detrás, y todavía nos quieren decir: les dejamos aquí para los dulces.

Al bloquear carreteras como medida de presión cometen una inconstitucionalidad, violan un derecho.

A nosotros nos dicen eso, pero ¿por qué nadie dice nada de la violación a la ley que cometen los políticos que ya anuncian su candidatura presidencial, si no estamos en un proceso electoral?

Pero algunas de esas figuras son de oposición al Gobierno y sus medidas.

Nosotros los vemos como continuidad de lo mismo. Le están coqueteando al gran capital, pero no plantean ni pueden plantear cambios de fondo, porque si lo llegaran a hacer, les darían golpe de Estado.