Cada año la tierra es causa de enfrentamientos y conflictos por distintos motivos.

En el 2012, de los reclamos que se registraron en la primera parte del año, 192 fueron conflictos por disputa de los derechos por tierra; en 20 casos los ocupantes están pendientes de regularizar los títulos de propiedad de las fincas que ocupan; en ocho han sido invasiones, y en seis se trata de problemas limítrofes.

Solución estructural

El secretario de Asuntos Agrarios, Élmer López, destacó que este año esa dependencia ha logrado la resolución de 248 conflictos. Sin embargo, aceptó que el número no baja de manera significativa porque la mayoría de denuncias requieren soluciones estructurales que llevan mucho tiempo.

“La mayoría de conflictos se dan porque se trata de fincas cuyos trabajadores las han ocupado por casi cien años, pero viven en un área que no les pertenece”, explicó López. Afirmó que la demanda de tierra alcanza a medio millón de familias en el país.

“Más o menos hay una demanda de 500 mil familias que están pidiendo tierras, y de ellas en los últimos 15 años se ha solucionado el problema a unas 20 mil”, expresó el funcionario, quien a la vez señaló que el gran déficit de solución a la problemática es la razón de que los conflictos no disminuyan.

La SAA busca que los dueños legales de las fincan vendan sus terrenos a las familias que las habitan. Sin embargo, López considera que la solución de este tipo de conflictos agrarios, que representan el 64 por ciento del total, se logrará en el largo plazo, porque depende de la voluntad de los propietarios la decisión de vender las fincas.

“Legalmente no podemos forzar a nadie. El Estado no puede obligarlos a eso”, indicó el jefe de la SAA.

Ingobernabilidad

Carlos Aníbal Martínez, analista económico del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipunusac), señaló que el principal riesgo con el incremento de los conflictos agrarios es la ingobernabilidad.

“Se espera que en los próximos meses o años el problema aumente. En la medida que la población rural no sienta la respuesta del Gobierno, en esa misma medida se alterará la gobernabilidad del país”, refirió el analista del Ipunusac. Aseguró que esto se debe a la falta de capacidad de los equipos de los gobiernos que han atendido la problemática.

“Hay un déficit de capacidades y no hay eficiencia de ejecución de los recursos. Además, no hay eficiencia para el procesamiento de los conflictos, porque estos se les diluyen en instancias de diálogo que no llegan a ninguna solución”, expresó Martínez.

Rafael González, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), expuso que el descontento cada vez se generaliza en los pueblos campesinos, lo cual atribuyó a que el Gobierno favorece el establecimiento de empresas de monocultivos y por eso cada vez hay menos tierras para cultivar.

“Sentimos que el Gobierno no le quiere ‘entrar’ a las propuestas que hicimos nosotros”, enfatizó González. Sostuvo que si no se atiende a los campesinos, el problema puede desbordarse en una explosión social.

“La falta de tierras genera hambre, y el hambre genera descontento de la población. Es una bomba de tiempo”, sentenció el dirigente del CUC.

Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, considera que debe buscarse una solución a los conflictos agrarios, aunque, a su criterio, estos aún no representen riesgo para la gobernabilidad del país.

“A través de la Comisión para el Desarrollo Rural Integral deben coordinarse acciones para minimizar y solucionar estos conflictos”, afirmó Prado.

Alta demanda

El informe estadístico de la SAA de julio último registra un consolidado de mil 214 casos acumulados por conflictos agrarios sin resolver. De ellos, un millón 55 mil campesinos reclaman los derechos de 338 mil 935 hectáreas de tierra en los 22 departamentos.

Los conflictos se acumulan: Quiché tiene 330; Alta Verapaz, 199; Petén, 151; Huehuetenango, 132, e Izabal, 115.

El encargado de la SAA espera poder encontrar una solución al menos para 96 conflictos más este año.