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12/04/13 - 00:00 Comunitario

Desalojados en 2011 viven en precariedad

“Las 732 familias desalojadas del Valle del Polochic se encuentran actualmente en condiciones de vida precarias”, cita la penúltima conclusión del estudio “Los desalojos en el Valle del Polochic: una mirada a la problemática agraria y a la defensa de los derechos humanos de las comunidades qeqchís”.

El análisis, presentado ayer, estuvo a cargo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

El informe detalla que hicieron siete visitas a las familias afectadas y han podido determinar que “sus medios de subsistencia son muy limitados y que la falta de acceso a la tierra condiciona en gran parte su futuro, mientras pone en peligro su seguridad alimentaria”.

Desde marzo del 2011

Los desalojos ocurrieron entre el 15 y 18 de marzo del 2011. Después, en octubre del 2012, la Oacnudh visitó a las familias perjudicadas y determinó que en ese entonces el 84 por ciento de estas vivian en casas alquiladas, 6 por ciento en casa propia, 4 por ciento en lugares prestados, y el resto no respondió.

En enero de este año, de nuevo la Oacnudh las visitó y se encontró con que la mayoría, “debido a sus bajos ingresos, no han podido pagar el alquiler y ahora trabajan para los dueños, para que les sigan permitiendo vivir en las casas”.

En el 66 por ciento de los hogares aseguraron tener trabajo, el 22 por ciento dijo que no, y el restante 12 por ciento no respondió. A eso se suma que no tienen tierras para cultivar, solo pueden emplearse como jornaleros, con salarios no mayores de Q30 al día.

El año pasado algunas familias señalaron que podrían alquilar tierra para cultivar, pero en enero último aseguraron que no tenían recursos para eso, por lo que deben trabajar en forma temporal, en chapeo, recolección de leña y pesca.

Hambre e inseguridad

La situación que afrontan esas familias genera inseguridad alimentaria y casos de niños con desnutrición aguda. Estos hogares no son priorizados para recibir beneficios de programas sociales ni en la estrategia del Plan Hambre Cero.

A la situación económica y de inseguridad alimentaria se suman las enfermedades psicosomáticas, por la pérdida de recursos para la vida familiar.

También viven en constante inseguridad, pues las organizaciones de derechos humanos han “tomado medidas precautorias, rotando su personal y reduciendo la intensidad de su trabajo, dejando a las comunidades aún más desprotegidas”, destaca el análisis.

El estudio añade que los afectados son objeto de amenazas, controles en la carretera, patrullajes de vigilancia y disparos en la noche.

Entre sus recomendaciones, el documento pide al Estado implementar las medidas cautelares, superar los obstáculos que paralizan la adquisición de tierra y cumplir con los compromisos con la “Marcha indígena-campesina”.

POR SANDRA VALDEZ /

Detalles de las conclusiones

Además de la precariedad que las familias afrontan, la Oacnudh da siete conclusiones más de la situación del desalojo del Polochic:

La población qeqchí ha sido  despojada en forma recurrente de sus tierras, a través de distintos procesos históricos.

La demanda por  tierra y las ocupaciones como medio para obtenerlas constituyen un conflicto histórico  en la región y  otras partes del país.

El debilitamiento paulatino de las instituciones responsables de garantizar el desarrollo rural y  acceso a la tierra ha causado que las comunidades  sean aún más vulnerables ante las dinámicas de mercado en el ámbito rural.

La reforma penal de usurpación, en 1996, implicó que los conflictos por ocupaciones de tierra fueran resueltos por la vía penal, siendo que, por naturaleza, en la mayoría de casos tendría que  ser  por la vía civil y, mejor aún, por una justicia agraria.

Los desalojos masivos de 732 familias qeqchís del Valle del Polochic evidenciaron deficiencias en  instituciones del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad.

Las desocupaciones no solo pueden ser abordadas desde el régimen de la propiedad privada.

Este caso también evidenció la situación de vulnerabilidad de las organizaciones que acompañan procesos de reivindicación de derechos humanos.

Prueba forense señala a policías

Los análisis forenses efectuados en Granada, España, revelan que Antonio Beb Ac, de 35 años, murió como consecuencia de la explosión de una bomba lacrimógena  lanzada por una bocacha de fusil,  a una distancia de dos metros.

De acuerdo con documentos a los que Prensa Libre tuvo acceso, agentes de la Policía  llegaron armados al desalojo de la finca  Miralvalle, Panzós, Alta Verapaz, el 15 de marzo del 2011, y utilizaron   bombas lacrimógenas de no  fragmentación.

Al efectuar los peritajes en Granada, con materiales biológicos similares a un cráneo humano, se logró establecer que el daño producido por el lanzamiento de una bomba con bocacha, a dos metros de distancia,  es igual a los que se observan en el cráneo de la víctima, dados los patrones, dimensiones y profundidad de la herida.

Proyectil mortal

El informe resalta que las bombas lacrimógenas eran de uso manual, con espoleta, y al ser disparadas con fusil se convierten en un proyectil mortal.

 El comisario Pedro González Rodríguez, exdirector de la  División de Fuerzas Especiales Policiales, es el único sindicado, debido a que participó en el desalojo y “dio la orden del lanzamiento de medios disuasivos no letales en contra de las personas”, indica la Fiscalía Especial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.


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