Estos recibían un pago de entre Q400 y Q600 al mes por atender en los centros de convergencia durante mediodía o motivar a los pacientes a visitar los centros de atención, además de vacunar y entregar insumos.

También hay cinco mil 200 salubristas, entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, contadores y personal administrativo que ya no prestarán servicios.

“En 17 años de trabajo nunca había pasado esto, pero tuvimos que llegar a este extremo porque para diciembre no hay recursos”, aseguró López.

“Ellos lo pidieron”

Prensa Libre intentó obtener la versión del ministro de Salud, Jorge Villavicencio, pero su teléfono estaba apagado.

Gustavo Barillas, vocero de la cartera, comentó que en una reunión, representantes de la Conec pidieron al Ministro que para diciembre quedaran cuatro trabajadores por área: uno en vacunación, en informática, contabilidad y un coordinador.

Según Barillas, este es el personal necesario para que funcione el sistema de vacunación sin afectar los servicios.

“Ellos mismos pidieron que solo se quedaran cuatro, y hasta mandaron los nombres de las personas”, añadió Barillas.

Según la Conec, representa a trabajadores de 67 oenegés que atienden a 62 mil 876 mujeres embarazadas, 41 mil 959 recién nacidos con control médico en los primeros 28 días y 276 mil 231 niños menores de 5 años con control médico cada año, entre otros servicios.

Sin trabajo

Magdalena Galdámez, facilitadora comunitaria que laboraba en el centro de Salud de la zona 6, aseguró: “Todos fuimos despedidos, y no nos han pagado más de cinco meses”.

Explicó que entre sus atribuciones se encontraban pesar, controlar talla y entregar vitacereal. También apoyar en vacunación en asentamientos y zonas rojas. “Es trabajo que otros no hacen”, manifestó.

Indicó que estaba preocupada porque la oenegé para la que laboraba no da razón de cuándo le pagará.

Adrián Chávez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indicó que, a pesar de ser un programa costoso, la mayoría de acciones de la extensión de cobertura son trasladadas a pobladores, quienes reciben estipendio, por lo que la falta de atención no tendrá repercusiones en la cartera.

Hoy, representantes de esas prestadoras de servicios se reunirán con Villavicencio para seguir las negociaciones por la falta de pago e incumplimiento de la cancelación de Q100 millones.

Lo habían denunciado

Los problemas por falta de presupuesto fueron denunciados por la Conec el 10 de octubre de este año.

Los dirigentes indicaron que la falta de recursos —unos Q123 millones— afectaba a miles de  trabajadores y a cuatro millones 700 mil personas que atienden en el área rural.

El ministro de Salud, Jorge Villavicencio, dijo entonces que se  reprogramaría el presupuesto de esa cartera para liquidar

el segundo desembolso, pero que requería la

aprobación del Congreso de un préstamo por US$437 millones.

El 27 de septiembre último, los salubristas efectuaron unos 18 bloqueos en todo el país, como medida de protesta, porque continuó la  falta de pago.

Villavicencio se comprometió, después de cinco horas de reunión con los delegados,  a abonar Q100 millones en la primera quincena de diciembre.

Problema por agua

Seis centros de Salud y maternidades de las zonas 6, 7 y 18 afrontan problemas por  falta de agua entubada.

Ariel Milián, sindicalista, dijo que el Área de Salud Guatemala Central tiene  deuda de unos Q8 millones, lo que originó la suspensión del servicio.

El problema fue confirmado en los centros de atención, donde  aseguran han tenido que comprar pipas de agua, pero el líquido no es  apto para el consumo humano.

Afectará acciones

Adrián Chávez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, calcula que los despidos  afectarán varias acciones para reducir la desnutrición crónica y mortalidad materno infantil, aunque el Ministerio no se verá afectado. Agregó que después de 17 años del programa de extensión de cobertura, este no ha dado resultados.

Responsabilidad

Carlos Mejía, expresidente del Colegio de Médicos, considera que la medida afecta a la población y  es responsabilidad de  los sectores que tienen que ver con la toma de decisiones, como el Ejecutivo y el Congreso, ya que ellos avalan el presupuesto. El médico cree que se debería priorizar la salud y recortar en otros ministerios o gasto en propaganda.