De acuerdo con Dalia Santos, vocera de esta entidad, son 40 los operativos que hay desplegados en diferentes puntos de la ciudad para velar por que se cumpla con las modificaciones al Reglamento de Tránsito.
De acuerdo a la normativa, que entró en vigor este martes, los motoristas que no porten el chaleco anaranjado con el número de placas al dorso y en el casco, o que conduzca en medio de los carriles, serán multados con Q500.
“Estamos en el proceso de recolectar la información de las diferentes Policías Municipales de Tránsito para saber cuántas multas han impuesto ellos. En la noche tendremos ya la información oficial del total de multas. Estamos trabajando de la mano y bien coordinados para que se cumpla con lo establecido”, expresó Santos.
También se están llevando a cabo operativos móviles para detectar motoristas que zigzagueen y conduzcan entre los carriles.
La utilización del chaleco naranja se estableció en agosto pasado mediante la publicación del Acuerdo Gubernativo 289-2013. Se tenía previsto que su uso entraría en vigencia el pasado 15 de septiembre; no obstante, las autoridades de Gobernación acordaron con los motociclistas ampliar el plazo, tras una serie de protestas.
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Proponen reforma
Una reforma al artículo 8 de la Ley de Tránsito propuso el diputado Selvin García, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), para garantizar que el Ministerio de Gobernación, a través del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, pueda asumir el control del tránsito donde no lo ejerza la municipalidad.
Agregar la obligación que el Ministerio de Gobernación dote al personal e insumos necesarios para asumir el control de tránsito en las jurisdicciones donde se revoque la autoridad municipal es la propuesta hecha por el diputado de Creo.
La iniciativa se presentó este martes ante la dirección legislativa del Congreso y fue justificada por el parlamentario ante el anuncio reciente del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que las policías de Tránsito que no se apeguen a la Ley se les será revocado el mandato.
Según García, el Departamento de Tránsito en la actualidad no tiene el personal necesario para asumir el control del parque vehículos, lo que hace imprescindible que dependa del control edil.
La reforma, según el parlamentario, vendría a obligar al ministro de Gobernación a sustituir por agentes de la Policía Nacional Civil a la autoridad edil que le fuera revocada la delegación de funciones.
