Según Bequer Chocooj, comisionado de Codisra, el presupuesto asignado en este rubro fue de Q927.1 millones, pero tuvo una reducción de Q116.3 millones.

Para Marta Juana López, coordinadora de la Asociación Política de Mujeres Mayas, la falta de recursos revela de manera clara “el sistema de exclusión del Estado y una contradicción conceptual”.

Según Chocooj, la invisibilidad presupuestaria de los pueblos indígenas refleja un “Estado monocultural y racista, que no supera las bases del criollismo”.

Avances parciales

López reconoce que el Estado ha avanzado en reconocer la existencia del racismo institucional, pero cree que para superar el círculo de exclusión que afecta a grandes sectores de la población indígena hace falta más que este porcentaje simbólico.

Chocooj apunta como un indicador de estas carencias la poca implementación de políticas de desarrollo rural, así como el crecimiento de la pobreza según la Encuesta de Condiciones de Vida, entre el 2006 y el 2011, flagelo que pasó a afectar al 53.71 por ciento de la población.

Esta situación, añade López, es una muestra de la incongruencia con los compromisos adquiridos en la Ley Marco de los acuerdos de paz, lo que se refleja, según ella, en la falta de legislación para atender las principales necesidades de la población indígena, entre estas la aprobación de la ley de desarrollo rural integral.

A partir del acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Estado adquiere la obligación de emprender un cambio en el imaginario social, por medio de políticas públicas de inclusión social.

El secretario de la Paz, Eddy Armas, afirmó que la institucionalidad del Estado “carece de recursos suficientes para atender las necesidades que implican una política pública sostenida en estos rubros”.