A la reunión asistieron los fiscales de México, Jesús Murillo; de EE.UU., Eric Holder; de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana Hernández; de El Salvador, Luis Antonio Martínez González; y de Honduras, óscar Fernando Chinchilla, apuntó.

Los funcionarios coincidieron que este “fenómeno multifactorial”  de la migración infantil debe “atenderse con pleno respeto al marco legal de cada país, desde una visión humanitaria”  y de “responsabilidad compartida”  que requiere “desarrollar mecanismos de cooperación“.

Por ello, acordaron crear un grupo de trabajo de alto nivel con representantes de cada una de las fiscalías, a fin de que elabore “una propuesta de estrategia integral para atender y perseguir eficazmente este problema“.

La Procuraduría General de la República  (PGR, fiscalía) indicó que la primera reunión de dicho grupo se llevará a cabo en las próximas semanas y tendrá como objetivo desarrollar un plan de acción.

Dicho plan debe incluir propuestas que serán presentadas a los fiscales, a fin de que se instrumenten “acciones conjuntas en tiempo real que garanticen los derechos humanos”  y “la búsqueda del respeto a la integridad familiar para evitar la separación de padres e hijos“, añadió.

De acuerdo con cifras oficiales estadounidenses, desde octubre pasado han sido detenidos 66 mil 127 menores tras cruzar ilegalmente la frontera de México con Estados Unidos, un 88 % más que los 35 mil 209 del mismo período del año anterior.

La falta de oportunidades, la pobreza, el reclutamiento de las pandillas y reencontrarse con sus padres son algunas de las razones por las cuales los niños emigran a EE.UU., a pesar de los numerosos riesgos que corren durante la travesía a manos de grupos criminales y de autoridades corruptas.

La mayoría de los menores viaja desde Honduras, Guatemala y El Salvador y cuando logra llegar a Estados Unidos, tras superar muchos obstáculos, las autoridades los detienen e inician un proceso de deportación.