“Si los hechos, como fueron reportados, son ciertos, este uso de fuerza letal fue ilegal e inconstitucional”, consideró la organización.

Un policía estatal a bordo de un helicóptero del Departamento disparó el 25 de octubre a una camioneta cuyo conductor huía de una patrulla, en un esfuerzo por inhabilitar el vehículo.

Nueve inmigrantes guatemaltecos estaban escondidos bajo una lona en el espacio de carga del picop. Tres personas resultaron heridas, de las cuales dos fallecieron.

La carta exige una investigación “de una agencia que no esté bajo la tutela del Departamento de Seguridad Pública de Texas”.