El Departamento de Seguridad Nacional reconoció en privado que alrededor del 70 por ciento de las familias de inmigrantes no se presentó ante las autoridades como se les había pedido. La revelación se produjo durante una reunión confidencial en su sede de Washington con abogados de inmigrantes que participan en un grupo de trabajo federal sobre políticas de detención e imposición.

La Associated Press obtuvo una grabación de audio de la reunión del miércoles y entrevistó por separado a los participantes.

En la grabación, el gobierno no especificó el número total de familias puestas en libertad en Estados Unidos desde octubre. Ya que solo unos pocos cientos han sido devueltas a sus países de origen y los centros de detención estadounidenses pueden acoger solo a 1 mil 200 miembros de familias, la cifra del 70 por ciento sugiere que el gobierno dejó ir a aproximadamente 41 mil integrantes de familias migrantes que luego no se presentaron ante las autoridades.

El responsable, que no fue identificado por su nombre en el audio, también dijo que se había ordenado la deportación final para al menos 860 personas que viajaban como las familias capturadas en la frontera desde mayo, pero que solo 14 habían sido efectivamente expulsadas.

El Departamento de Seguridad Nacional no discutió la autenticidad de la grabación.

En junio, la administración no quiso revelar públicamente cuántas familias migrantes de Centroamérica habían sido retenidas entrando ilegalmente en Estados Unidos en los últimos meses ni cuántos se presentaron ante el gobierno 15 días después. Altos cargos estadounidenses familiarizados directamente con el asunto, incluyendo en Seguridad Nacional y la Casa Blanca, habían eludido responder en al menos siete ocasiones en dos semanas diciendo alternativamente que no conocían la cifra o no la tenían a mano.

Más de 66 mil inmigrantes viajando con sus familias, la mayoría madres con hijos pequeños, han sido detenidos en la frontera desde el inicio del ejercicio presupuestario el pasado octubre.

De ellos, 60 mil proceden de Honduras, El Salvador y Guatemala y no pueden ser repatriados inmediatamente, por lo que el gobierno tiene que liberarlos en Estados Unidos e instarlos a presentarse ante la oficina de inmigración más cercana en 15 días.