El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Luis Ferraté, anunció ayer que se derogará el reglamento de evaluaciones de impacto ambiental emitido por el anterior gobierno, pues, señaló, permite dejar fuera a la ciudadanía en los procesos para evaluar y controlar el impacto ambiental en proyectos o actividades.

“Estamos en proceso de evaluación del reglamento”, dijo ayer Ferraté, luego de la reunión de Gabinete, en la Casa Presidencial, “pero tarde o temprano lo vamos a revertir”.

El pasado 15 de enero, entró en vigor el acuerdo gubernativo 33-2008, que modifica el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.

En esencia, ese acuerdo quita la obligatoriedad de que la población sea involucrada en el proceso para determinar las características de cada proyecto, obra, industria o actividad, y determinar sus posibles impactos en el ambiente.

“La falla de ese reglamento es que no toma en cuenta que siempre tiene que haber participación pública en cualquier evaluación de impacto ambiental; es una tradición a nivel mundial”, aseguró el funcionario.

Ferraté agregó que los asesores jurídicos de su despacho analizan el reglamento, y dijo que ese estudio podría tomar algún tiempo.

Reacción negativa

El reglamento original, que entró en vigencia el 5 de octubre del 2007, ya había sido objeto de críticas por parte de grupos que promueven la defensa y conservación del ambiente.

La modificación reciente, firmada y emitida días antes del final del gobierno de Óscar Berger, generó aún más reacciones negativas.

Sin embargo, el anuncio hecho ayer por Ferraté no es suficiente, según Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental Social de Guatemala (Calas).

“El ministro no debe sólo favorecer un proceso de revisión del reglamento. Creemos que se debería presentar la opción al presidente, para derogar directamente el acuerdo 33-2008”, sugirió.

Manifestó que, de cualquier manera, Calas va a presentar amparos y un recurso en la Corte de Constitucionalidad en contra de ese acuerdo y del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.

“Además, sabemos que cuatro diputados —del Partido Patriota y de la Gran Alianza Nacional— trabajan para citar al ministro de Ambiente, para que explique los alcances del acuerdo 33-2008 y que defina la posición que el Ministerio va a tomar para enmendarlos”, aseguró Melini.