De mal en peor

La  magistrada electa Claudia Escobar, quien decidió no presentarse a tomar posesión para un nuevo período  y arremetió contra el sistema,     confirmó  los intereses de los grupos de poder que permearon la elección,  al afirmar  que solo un 25 por ciento de los elegidos  son funcionarios judiciales con experiencia.

“La carrera judicial se manosea cada vez  más, al extremo de perder credibilidad,  como en esta ocasión”, afirmó  Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“Una sociedad que pierde la fe en sus jueces y magistrados es una sociedad que  puede enredarse cada vez más en la anarquía y la impunidad”, advirtió  Gálvez, a quien se le  achaca haber ejercido presión sobre Héctor Pérez Aguilera,  magistrado de la CC.

Señala que el principio de la contaminación del proceso ocurrió  cuando se dejó de actuar con seriedad en el seno de las comisiones de Postulación.

Según Gálvez: “No es posible que candidatos que no llenaron el perfil para ser magistrados de Apelaciones, porque  no tenían ni siquiera los 40 puntos para ser elegibles, resultaron con 85 puntos para la Corte Suprema”.

Hubo denuncias de los propios comisionados de alteraciones de notas de un día para el otro. No se discutió plenamente si jueces de primera instancia o de Paz tenían las calidades para llegar a la Corte Suprema”, agregó el exrector.

¿Fue ese el origen del mal y de la perversión? No. La  CC habría tenido en buena medida responsabilidad en el vicio del proceso. Desde que la selección de magistrados comenzó hubo al menos unas 40 impugnaciones, expuso  Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia.

“Hay una enorme disconformidad acerca de cómo se llevaron a cabo los procesos que de alguna manera fueron protegidos,  porque la CC no quiso profundizar en ninguno de los temas. El propio magistrado Héctor  Hugo Pérez es parte del grupo de operadores y dirigentes gremiales que colocó candidatos”, agregó.

Para Ibarra,  las actuales cortes de Apelaciones y la CSJ son el resultado de componendas y negociaciones entre estructuras de gobierno y  grupos de interés que finalmente llegaron a integrarla, pese a todas las impugnaciones que cayeron en un ambiente poco propicio para ser tratadas con imparcialidad, puntualizó.

Al papel ambivalente de la CC  se suma otro factor que afectó  la credibilidad en el proceso y fue  la presencia de un  gobierno que intervino  sistemáticamente mucho más que sus antecesores para controlar las cortes, expresó Édgar Gutiérrez, exsecretario de análisis estratégico.

Además, esta corte trabajará con resoluciones de salas de apelaciones hechas por más de cien electos que no tienen ninguna experiencia judicial.  El riesgo en este grupo aumenta, pues  “fue ahí donde los partidos y grupos de interés se sirvieron con la cuchara grande y más se politizó la selección”, añadió Ibarra.

¿Voz calificada?

Los señalamientos de la magistrada  Escobar,  independientemente  de que sean ciertos o no,  representan los de una voz más calificada,  porque es una voz desde adentro  del sistema  que puede plantear  las situaciones mucho más de cerca.

Según el analista Luis Mack, esa  voz  materializa  toda la percepción del proceso de elección y de la falta de credibilidad del Organismo Judicial.

“Es un golpe que puede ser fatal. Estamos frente a un proceso de judicialización de la política en donde los conflictos se dirimen en las cortes. Si la corte está cuestionada en su credibilidad los conflictos,  lejos de resolverse,  se van a polarizar en un año electoral”, aseguró el analista.
De acuerdo con Gutiérrez, los partidos aquí son hechizos, no han repetido, al siguiente período comienzan a eclipsar; son poderes fugaces y eso impacta en el cambio de lealtades de un organismo (judicial) que carece de credibilidad.

El saldo es un daño “tremendo” a uno de los tres poderes del Estado”, apuntó el exsecretario de Análisis Estratégico.

La judicialización de la política es un problema que seguirá, señaló la analista  Marielos Monzón.

“¿Realmente la independencia será un hecho si se sabe que hubo intensas negociaciones que concluyeron con un acuerdo poco transparente para elegir a los magistrados? ¿A quién van a responder los magistrados: a los que los eligieron o van a ejercer en forma independiente?”, cuestionó Monzón.

Debilidades

Para Jorge de León, procurador de los Derechos Humanos, entre esas debilidades del proceso están las  calificaciones que no fueron objetivas, las entrevistas sin profundidad, jueces de Paz que aspiraban a magistrados de salas de Apelaciones y “la presencia vergonzosa de Facultades de Derecho sin alumnos, solo con el fin de elegir magistrados”.

“A ello se suma el papel del Colegio de Abogados que permite la actuación de operadores como Roberto López Villatoro y Gustavo Herrera, pues las mismas juntas directivas son patrocinadas por ellos”, indicó   el expresidente de esa entidad Mario Chávez.

ELECCIONES

25%  de funcionarios  tiene experiencia judicial.