Las organizaciones que se pronunciaron son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional,  Fundación para el Debido Proceso, Guatemala Human Rights Commission/USA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y  Open Society Justice Initiative.

Las agrupaciones consideran un paso positivo la decisión de la Corte de Constitucionalidad de otorgar un amparo provisional que suspendió temporalmente la juramentación de los magistrados electos, debido a las  irregularidades denunciadas.

Añadieron que es grave la denuncia que presentó la magistrada Escobar Mejía y, de ser corroborada, implicaría que la corrupción logró infiltrar el proceso de elección.

“Exhortamos al Estado guatemalteco a investigar a profundidad y, de ser necesario, procesar y sancionar a todos los involucrados”, refirieron.
Solicitaron también  que el Estado de Guatemala asegure la integridad física y psicológica de la magistrada Escobar.