Solicitan urgentemente abordar la crisis desde sus causas más profundas.

El incumplimiento de los estándares internacionales, el desconocimiento de las directrices ordenadas por la CC y las graves denuncias realizadas por diferentes actores de la sociedad y medios de prensa sobre presuntas negociaciones y presiones políticas llevaron a las organizaciones a considerar que la única opción aceptable para salvaguardar la institucionalidad en Guatemala es un nuevo proceso en la selección judicial cuyo único objetivo sea el de asegurar que se elijan a los ciudadanos más capaces e idóneos y honorables para ocupar los más altos cargos de la administración de justicia.

La denuncia presentada por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, (de ser ésta corroborada, cita el documento) implicaría que la corrupción logró permear el proceso y que la selección final fue basada en consideraciones distintas a los méritos de los candidatos. Por esa razón, exhortan al Estado guatemalteco a investigar a profundidad dichas alegaciones y, de ser necesario, procesar y sancionar a todos los involucrados.

Solicitan al gobierno que tome las medidas para proteger la vida de la Magistrada Escobar y de todos los jueces que se han pronunciado públicamente sobre estos procesos, asegurándose que no se tomen represalias contra ellos por parte de ninguna institución o gremio.

Las organizaciones se unen al llamado nacional e internacional para que se realicen reformas que puedan fortalecer el estado de Derecho en el país y ofrecen colaborar.