Cuando las discusiones en el seno de la Comisión de Postulación se reanuden tendrán que responder cómo procederá en el caso de cuatro candidatos, que pese a saber que no tenían finiquitos presentaron sus declaraciones juradas y pudieron haber incurrido en falsedad.

Hasta ahora, el proceso ha sido dirigido por una comisión “rígida para la exclusión y benevolente para admitir a los candidatos”, expuso Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

También han privado en los criterios improvisados, como por ejemplo, el de los candidatos Marco Antonio Cortez Sis y Érick Fernando Rosales Orizábal, quienes tenían amonestaciones del Ministerio Público por su desempeño, y fueron excluidos por la misma razón, pero en distinto momento.

“Todavía no ha habido desaciertos y se ha respetado el criterio de la mayoría”, enfatizó el postulador Luis Reyes.

Sin embargo, reconoce que han sido divergentes para discutir la tabla de gradación o considerar la exclusión de algunos aspirantes.

Diputados entrevistados afirmaron que funcionarios como Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y el empresario Gustavo Herrera tienen injerencia en este proceso.

Thelma Aldana, Eunice Mendizábal, Anabella De León, Julio Rivera Clavería, Jorge Luis Donado y Moisés Galindo, entre otros, tendrían el apoyo del oficialismo.

La oposición estaría concentrada en adelantarse en el siguiente proceso: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones.