Transportistas de Xela son acosados por extorsionadores

Cerca de Q3 millones han pagado en extorsiones los transportistas de la ciudad de Quetzaltenango del 1 de enero al 15 de mayo  de este año,  revela  la Asociación de Transportistas de Quetzaltenango, lo que ha causado preocupación, ya que año con año los montos suben debido a amenazas  contra ese sector.

El Piloto de un microbús de Quetzaltenango  Diego Salvador Ajtún Gómez,  de 32 años, fue ultimado el 30 de abril último. (Foto Prensa Libre:  Carlos Ventura)
El Piloto de un microbús de Quetzaltenango  Diego Salvador Ajtún Gómez, de 32 años, fue ultimado el 30 de abril último. (Foto Prensa Libre: Carlos Ventura)

QUETZALTENANGO – Estuardo Miranda, presidente de la Asociación, dijo que el monto mencionado no incluye lo que otros empresarios no registrados han entregado  pero que no denuncian, por temor.

Pidió acciones del Gobierno, ya que no ven que el problema disminuya, lo que ha ocasionado también el cierre de algunas empresas.

Según Miranda, el conteo hecho por los directivos refleja que de enero hasta  mediados de abril último entregaron a los extorsionistas  Q2 millones, ya que algunos empresarios pagan hasta Q75 mil mensuales para que no atenten contra los pilotos. No obstante, algunos han muerto en ataques.

“Está fuerte el tema de las extorsiones, lamentablemente la persecución permanente de las autoridades, lejos de disminuir las extorsiones, las intensifican de manera notable. Esto ha afectado el transporte, porque lo pone en riesgo y lo condena a que el servicio sea ineficiente, porque no hay estructura económica que pueda soportar estas condiciones”, señaló Miranda.

Agregó que tres empresarios han tenido que cerrar operaciones este año o vender sus unidades, ya que no soportaron pagar extorsión semanal, quincenal o mensual.

“Es un calvario escuchar sobre los montos que piden. Hay de todo tipo, y la cantidad depende de las unidades que tenga la empresa”, se quejó. Una nueva modalidad es que son menores de edad los que recogen el dinero.

Capturas

De acuerdo con el vocero de la Comisaría 41, Edu Ardián, de enero al 2 de junio de este año, la Policía Nacional Civil (PNC) tiene registradas en ese departamento 15 capturas de personas vinculadas con extorsiones, lo cual, según los empresarios, no es ni la tercera parte de los que operan.

Un empresario que omitió su nombre criticó las pocas acciones de la PNC y las pocas condenas  contra personas vinculadas a extorsiones. “Tenemos registrado que este mes —mayo— ha habido dos condenas, pero no pasan de los seis años”, criticó.

 Edwin López, de la Comisaría 41 de la PNC de Quetzaltenango,  dijo que tratan el problema, pero que muchos de los empresarios no denuncian.

Detalló que trabajan con las unidades policiales contra pandillas, investigadores, la Gobernación Departamental y el Ministerio Público (MP).

 “Trabajamos a nivel departamental las denuncias que recibimos. Hemos reforzado la seguridad en las paradas de autobuses de acuerdo con las denuncias que recibimos de los mismos pilotos con quienes hemos trabajado y a quienes hemos proporcionado nuestros números para que denuncien alguna anomalía, pero necesitamos  que lo hagan porque han sido pocas. Sabemos que ellos reciben amenazas si revelan información, pero hay formas de hacerlo para poderles brindar equipo investigativo, que también está trabajando con los   casos que ya han sido denunciados”, explicó.

En tanto, el fiscal del MP Francisco Cotton indicó que existen varios procesos penales contra personas que han participado en extorsiones a empresarios del transporte urbano y comercial.

Añadió que ha solicitado órdenes de allanamientos como parte de las investigaciones para fortalecer las acusaciones y lograr condenas,  siempre y cuando cuenten con denuncias y apoyo.

Condenas

El 13 de mayo fueron condenados a seis años de cárcel por el delito de extorsión José Enrique Pérez Guerra y Edwin Armando Chan Álvarez, luego de haberse comprobado que extorsionaban al piloto de un autobús urbano desde noviembre del 2013 y a quien le exigían Q20 mil.

El 2 de mayo, Susan Estéfany Oliva Amaya fue hallada culpable y condenada a seis  años de cárcel por   extorsión; ella iba a recoger Q15 mil, que le exigían a su víctima.