Una primera diferencia entre esa actitud de “ya se sabía aquí desde hace tiempo que las instituciones públicas están corrompidas hasta los huesos. Lo dijo el año pasado Fulanito. No es nada nuevo”, por una parte, y los informes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, por la otra, estriba en la fuerza moral e institucional de la Comisión, y en los efectos legales que pueden producir en la vida nacional y en las esferas del poder político, sus investigaciones, informes y denuncias.

Hay otro aspecto básico que hace una diferencia más. Si Fulanito es muy importante y sus señalamientos producen escozor en los poderosos que hacen de su autoridad una carta de corso para malversar, robar, enriquecerse y matar, o incurren en cualquier otro de los delitos propios de los funcionarios, tipificados en la legislación penal, el analista puede ser acosado, asesinado por las fuerzas oscuras que liquidan personas impunemente, desde hace más de medio siglo o simplemente ignorado. Y de todas maneras sus observaciones, críticas, señalamientos o revelaciones influyen poco o nada en la situación delincuencial que prevalece en las altas esferas del poder. A la Comisión, en cambio, no la pueden meter presa ni matar, porque goza de inmunidad diplomática. Y esto es así porque la Cicig es la voz y la conciencia de 193 naciones integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, a las cuales representa en las actividades específicas que le han encomendado.

Sin embargo, a raíz de los fenomenales descubrimientos de hechos que han germinado en las más altas esferas de los organismos del Estado y que han estremecido a la opinión pública nacional, tanto como a la internacional, hace su aparición por ahí una campaña encaminada a neutralizar a la Comisión y, en particular, al comisionado Iván Velásquez.

De esa cuenta se expresa disgusto porque en la Comisión trabajen “muchos” investigadores colombianos y que el presupuesto para el sostenimiento de sus actividades ascienda a gran cantidad de millones de dólares o euros que son utilizados sin una fiscalización nacional. Se sugiere, entonces, que los donativos sean controlados por una entidad nacional, haciendo a un lado con esos reclamos el hecho de que la Comisión es independiente, por disponerlo así el convenio firmado entre el Gobierno de Guatemala y el Secretario General de las Naciones Unidas.

Bueno es recordar, también, que toda cooperación financiera internacional está sometida a formas autónomas de control, ejercidas por los países donantes y, en el caso específico de la Cicig, su financiación pasa por el control de un fondo fiduciario administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala (PNUD). La Cicig no acepta ni un centavo del Gobierno de Guatemala, de ninguna dependencia oficial, ni de ningún particular guatemalteco. Así garantiza su independencia. Y estos días ha probado que, efectivamente, es independiente. Independencia que sería deseable también para el Ministerio Público el cual ha hecho patente en los dos últimos períodos que sí puede liberarse funcionalmente de las amarras que lo sujetan al Organismo Ejecutivo, dependiendo todo, es cierto, de la calidad moral y del valor personal del jefe o de la jefa. Y quizás, a propósito de eso, haya llegado el momento propicio para revivir el proyecto de que el nombramiento del fiscal general sea trasladado al catálogo de atribuciones del Congreso de la República y sustraerlo de las competencias del jefe del Ejecutivo. Las razones saltan a la vista, particularmente después de las revelaciones en torno a la existencia y funcionamiento de varias redes criminales que tienen cautivo al Estado guatemalteco.

A los ataques que estos días son enderezados contra la Comisión, la comunidad internacional ha reaccionado con manifestaciones de un apoyo total y sin reservas al comisionado Velásquez y sus informes. No es para menos. La corrupción a gran escala descubierta este año en Guatemala por la Cicig y el Ministerio Público está causando asombro mundial. Siempre se ha sentido la pestilencia que emana de determinadas instituciones públicas; pero, pocos imaginamos que fuese tanta.