Una de las pocas cosas positivas del gobierno anterior fue que se impulsó la realización del censo de población. Mérito del entonces ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quien hizo, además, todas las previsiones para que se financiara con presupuesto público, como correspondía. La planificación y ejecución del censo 2018 fue “liderada” por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con un muy estrecho acompañamiento del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), alianza que estaba llamada a suplir, al menos temporalmente, la debilidad institucional del INE.

Han pasado cinco meses desde que los resultados se presentaran con toda pompa en el Gran Teatro Nacional, donde no tuvieron el cuidado (no quiero pensar que fue adrede) de aclarar que presentaban datos solamente sobre el levantamiento censal; que aún no habían hecho el análisis de la omisión, a pesar de haber terminado el censo varios meses atrás. El pésimo manejo de la comunicación institucional dejó a mucha gente con la suspicacia sobre la confiabilidad de los datos presentados.

Tuvimos que esperar hasta diciembre 2019 para saber que la omisión censal fue estimada en un 9%. ¡Upps! Resulta que ya no éramos 14.9 millones de personas, sino 16.3 millones (para el año 2018, claro está). Al día de hoy, todavía no sé cuál es la cifra oficial que hay que usar. Abruma la generalidad de las explicaciones sobre por qué 1.4 millones de personas no fueron censadas; la respuesta no es necesariamente tampoco que han emigrado. De hecho, los análisis de expertos sobre los datos de migración contenidos en el censo dejan ver una enorme subestimación del fenómeno migratorio durante el proceso censal.

Por tanto, no se puede aseverar que ese 1.4 millones de personas son migrantes. A estas alturas tampoco sabemos si lo que dejaron de contar eran personas urbanas o rurales, de estrato alto o de los que viven en asentamientos precarios o en los lugares más pobres y recónditos del país. ¡No es ganas de molestar! Es que se supone que nos gastamos más de 300 millones de quetzales para actualizar los datos poblacionales para que sirvieran para planificar mejor las acciones del Estado y de los actores privados.

Más preocupante aún es conocer que la omisión censal llegó al 11% en menores de 5 años y que sobrepasó ese porcentaje en los jóvenes, y en los adultos de hasta 49 años de edad. ¡Un auténtico escándalo! En Chile, por lo menos, tuvieron la honradez de aceptar que su último censo fue mal hecho. Acá, en cambio, se justifica con que está en el “promedio de omisión” que hemos tenido en los censos anteriores. ¡Toda una apología a la mediocridad!

Ya había pensado dejar el tema en paz, resignada ante el hecho de que a poca gente parece interesarle si el censo es útil y confiable. Pareciera que solo importa “tener datos nuevos”. Sin embargo, a raíz de necesitar datos poblacionales actualizados para el área rural y a nivel municipal (no digamos, de lugares poblados, que no estarán disponibles sino hasta mediados del 2020), me percato de que el censo parece tener “candados de programación” que no permiten hacer esos cálculos con fluidez; que no está claro cómo aplicaron la división urbano/rural en los municipios y que combinar la base de datos de individuos con la base de hogares es una misión más que cuesta arriba hasta para expertos en bases de datos.

Desconozco quiénes son las nuevas autoridades del INE; les pido, no obstante, que retomen el tema con seriedad. De paso, liberen también la base de datos de la cartografía censal que las autoridades del anterior gobierno, responsables de la ejecución de este censo, no han puesto todavía a disposición.