En toda la región, equipos de trabajo fueron activados a finales del 2016, luego de que la empresa anunciara la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido US$1 mil millones en sobornos a países de las Américas y de África.

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Desde que Odebrecht firmó un acuerdo de lenidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el cual sus ejecutivos confesaron haber pagado, entre el 2003 y 2014, US$788 millones en sobornos para conseguir contratos en 11 países de América Latina y de África, la Operación Lava-Jato provocó temblores políticos en varios países latinoamericanos.

El impacto no fue mayor porque en diversas naciones de la región falta independencia y estructura de las instituciones, como el Ministerio Público, que podrían investigar las denuncias.

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“Es un camino de doble vía que nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente.

En paralelo, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, expresidentes y exministros”, afirma el procurador Roberson Pozzobon, integrante de la fuerza de trabajo de Curitiba, donde la Operación Lava-Jato fue desentrañada.

Perú

Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos que en Brasil. En Perú, por ejemplo, cuatro expresidentes están siendo investigados. Han sido detenidos siete exfuncionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de este año, no hubo operaciones ni nuevos arrestos.

Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió. Además, hay juicios penales contra los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala e investigaciones contra el expresidente Alan García y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

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El caso Lava-Jato también produjo cambios en las leyes peruanas. Para darle eficacia al proceso de colaboración premiada, el Código de Procedimiento Penal de Perú comenzó a permitir que los jefes de organizaciones delictivas vean disminuidas o suspendidas sus penas en los casos en los que colaboren con la Justicia.

Otra consecuencia institucional de la confesión de los ejecutivos de Odebrecht, que pagaron US$ 29 millones en sobornos en Perú, fue la creación dentro del Poder Judicial de un sistema especializado en casos de corrupción de funcionarios. Ese sistema comenzó a funcionar en marzo y se encarga de los juicios penales por delitos cometidos por funcionarios, entre ellos los del caso Odebrecht.

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En este país tres ejecutivos de la empresa confesaron haber pagado sobornos de US$86 millones, el caso llevó a que dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli se fugaran a Estados Unidos, ambos acusados de recibir coimas. También en abril, la Cancillería panameña solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

Guatemala

Quien también huyó a Estados Unidos en el intento de escapar de la Justicia fue Manuel Baldizón, excandidato presidencial en Guatemala, implicado en el caso del pago de US$18 millones en sobornos por Odebrecht para conseguir el contrato de ampliación de una carretera que es la principal vía de acceso del país hacia el sur de México y a El Salvador.

Otro político prófugo en Guatemala es Alejandro Sinibaldi, exministro y también excandidato presidencial. El Ministerio Público guatemalteco avanza en los juicios penales y logró el bloqueo de bienes de los procesados por la corrupción de Odebrecht.

México

También están detenidas las investigaciones en México. No hay funcionarios   enfrentando juicios, y los mayores castigos dados fueron sanciones administrativas para funcionarios de Odebrecht y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado US$10.5 millones en México. La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre del 2017. Sin embargo, hasta julio de este año nadie fue indiciado.

La reacción a las denuncias surgió principalmente de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.

Ecuador

Ecuador es otro país en el que los políticos aún no fueron condenados por las investigaciones del caso Odebrecht. Los trabajos de los investigadores de Ecuador avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios y de la constructora en el país. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el metro de Quito, una obra de R$2 mil millones —US$495 millones—.

Aunque Odebrecht haya confesado delitos en América Latina hacia fines del 2016, recién en   abril pasado la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones.

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En Ecuador Odebrecht pagó US$33.5 millones en sobornos y la reacción de rechazo a la corrupción por parte de la sociedad civil, manifestada principalmente por medio de las redes sociales, produjo el despido de varios funcionarios del presidente Lenín Moreno, allegados a exintegrantes del gobierno del expresidente Rafael Correa, acusados de estar involucrados en el esquema de corrupción.

Inicialmente, el exfiscal Carlos Baca Mancheno, que por muchos años fue amigo de Correa, abrió innumerables investigaciones preliminares sobre el caso. Se cree que fue una estrategia para dispersar las pesquisas en vez de concentrarlas en una única gran investigación que abarcara todas las sospechas de corrupción.

Argentina                             

En Argentina, también hay dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La Justicia argentina aún no tuvo acceso a la información de los cambistas ilegales o valijeros brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de los dos países negocian un acuerdo para que los imputados de la Justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino.

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Los pagos habrían ocurrido en el 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de futbol. En este país, los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado US$41.9 millones para obtener varios contratos de obras públicas.
Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se hizo luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento.  Actualmente, la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.

Aún sin las acusaciones de los valijeros brasileños, la investigación del caso del tren Sar miento está adelantada. El diputado Julio de Vido, exministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.

La principal complicación en la obtención de un acuerdo es la restricción que la ley argentina impone a la renuncia al juicio penal a los delincuentes, cuando ellos colaboran con la justicia dando información. El caso de Odebrecht ya produjo otros cambios en la legislación de Argentina. Con apoyo del Gobierno, el Congreso argentino aprobó, el año pasado, una ley de responsabilidad corporativa que permite el juicio a personas jurídicas.

Colombia        

En Colombia, las autoridades judiciales iniciaron juicios ni bien recibieron las primeras informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según las autoridades norteamericanas, los sobornos de Odebrecht en Colombia eran de US$11 millones, pero la investigación del Ministerio Público colombiano concluyó que serían mucho mayores. Hoy existen sobornos documentados por un valor de US$32.5 millones, pero se estima que esa cifra aún puede ser mayor.

Actualmente 78 personas son investigadas por su supuesta participación en el escándalo de corrupción; cinco ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el exministro Gabriel Ignacio García Morales y los exsenadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías.

República Dominicana

Otro país donde la influencia del Poder Ejecutivo determinó el curso de las investigaciones fue República Dominicana. Allí, el procurador general de la República es designado por el presidente, que puede sustituirlo según su voluntad. La reacción a las denuncias de corrupción de Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina surgió sobre todo de la sociedad y generó uno de los fenómenos sociales más importantes de la historia reciente del país: el movimiento Marcha Verde, que hizo grandes manifestaciones populares en contra de la corrupción.

Por primera vez en la historia dominicana, el tema de la corrupción apareció entre los tres principales problemas del país, según las encuestas. Los principales líderes de la Marcha Verde acusaron a la Procuraduría General de la República de no hacer una investigación consistente a partir de las delaciones obtenidas en Brasil. Esta acusación fue negada por el procurador Jean Alain Rodríguez.

El Salvador

En El Salvador el avance de las investigaciones también ha sido lento y aún no se sabe si el expresidente Mauricio Funes será procesado por haber recibido de Odebrecht US$1.5 millones para su campaña presidencial en el 2008, en la cual el asesor de marketing político fue el brasileño João Santana.

Funes se exilió en Nicaragua después de haber sido acusado de desviar casi US$1 millón durante su gobierno. En abril último, el procurador general de El Salvador, Douglas Meléndez, informó que solo consiguió cerrar un convenio para intercambiar informaciones con la Procuraduría General de la República brasileña.

Brasil

En Brasil, que cuenta con un Ministerio Público fuerte e independiente a nivel federal, entidades de defensa de jueces, delegados y fiscales identificaron al menos cuatro iniciativas en el Parlamento brasileño que tendrían como objetivo desacelerar las investigaciones sobre corrupción en Petrobras y en otras áreas de la administración pública, luego de las investigaciones generadas por el Lava-Jato.

Entre las propuestas, consideradas parte de un no declarado paquete anti Lava-Jato, están una nueva ley sobre abuso de autoridad, prohibición de arrepentimiento de imputados presos, blindaje a estudios jurídicos, restricciones a conducciones coercitivas, y el fin de la prisión en segunda instancia. Los proyectos están en trámite en el Congreso brasileño.

El proyecto de una nueva ley de abuso de autoridad establece duras normas para castigar sobre todo a jueces por excesos en las investigaciones criminales. Por este proyecto, los jueces que decreten prisión a investigados sin una debida fundamentación legal estarán sujetos a la destitución y hasta a la detención. El proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora espera la aprobación de la Cámara.

Para Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, director de Asuntos Legislativos de la Ajufe (Asociación de Jueces Federales de Brasil), la propuesta expone a los jueces a un riesgo innecesario. “Si un juez decreta la prisión preventiva a un investigado, y esta prisión es revocada por un tribunal, ese juez estará sujeto a investigación y hasta puede ir preso”, afirma Alves.

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Es decir, las conducciones coercitivas solo estarían permitidas en los casos en que los investigados o testigos no respondieran a la orden de presentarse ante el juez, delegado o fiscal. El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) ratificó la idea. Por seis votos a cinco, determinó que la conducción coercitiva solo cabe cuando el investigado se recusa a prestar testimonio.

Venezuela

El país más atrasado en las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht es Venezuela, donde ninguna pesquisa fue abierta a pesar de que 32 contratos de obras que estaban designadas a la constructora brasileña estén pendientes de ejecución. La exfiscal Luisa Ortega Díaz viajó a Brasil para obtener información y el Ministerio Público de Venezuela llegó a citar a familiares del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman El Troudi, que tuvieron US$42 millones congelados en cuentas en Suiza, como implicados en la estructura corrupta.

Díaz acusó también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por corrupción y lavado de dinero. “La poca información que ocasionalmente sale a la luz nos dice que los fiscales encargados de la investigación no hicieron su trabajo”, dice Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “Si lo hacen, es de forma absolutamente secreta, porque nadie sabe nada”.

*Grupo de Diarios de América (GDA) está integrado por: La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador). En el reportaje también colaboraron La Prensa (Panamá) y El Día (República Dominicana).

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Con el avance de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava-Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales y causó temblores en el mundo político latinoamericano al confesar sus crímenes de corrupción en diez países de la región.

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El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre los presidentes que, aunque no tuviesen relación con la constructora bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas.

Para el fiscal del ministerio público federal Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo de la Operación Lava-Jato, en Curitiba, si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, hoy el escenario cambió.

“Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con países más próximos geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.

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Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en “un verdadero talón de Aquiles” para los criminales.

En Brasil, el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El exmandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamento reformado por OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el inmueble o actuado a favor de la compañía.

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la Justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que el expresidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de São Paulo y en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa dice que la casa quinta no está registrada a su nombre y niega haber cometido delitos. En relación al otro caso, señala que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.

En Perú, el espectro de mandatarios en la mira de la Justicia también es amplio. Cuatro expresidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora por la obra de la carretera Transoceánica. En febrero del 2017, un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero como Toledo está en Estados Unidos, la Fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de parte de las autoridades norteamericanas.

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El único de los expresidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado,  junto a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, US$3 millones de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes que la Justicia revocara la medida a fines de abril.

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder su cargo. Renunció en marzo, también sospechoso de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y tuvo sus bienes confiscados.

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En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al expresidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas del 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.

Hay dos denuncias contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un congresista. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre del 2017, a seis años de prisión y a pagar una indemnización de US$7.5 millones. Está acusado de recibir US$3.5 millones de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación.

Acusado de recibir US$1.5 millón  de Odebrecht en su campaña para la presidencia en el  2008, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Funes viajó a ese país después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con su hijo, US$419 mil a las arcas públicas.

Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o exmandatarios, aunque se citen transferencias irregulares de Odebrecht a políticos de esos países.

*Grupo de Diarios de América (GDA) está integrado por: La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador). En el reportaje también colaboraron La Prensa (Panamá) y El Día (República Dominicana).

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