Ese fue el inicio de una serie de sucesos breves que cerraron el 8 de febrero de ese mismo año, cuando Stalling Dávila fue capturada en un operativo coordinado por el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Policía Nacional Civil (PNC).

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Su detención ocurrió en una abarrotería de la zona 9, en horas de la tarde. La magistrada llevaba peluca y lentes oscuros, para pasar desapercibida ante las autoridades, y portaba un arma de fuego, con la cual, según el reporte de la PNC, amenazó a agentes e incluso insinuó que se suicidaría. Esos hechos motivaron a que se le iniciara un segundo juicio.

Una cadena de favores

El interés por el poder dentro del sistema de justicia por parte de Stalling no era nuevo, pues venía desde el 2004, cuando fue nombrada directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) para el período 2004-2009, lo cual logró gracias el apoyo de los diputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que en esos años dirigían el Congreso.

Ese apoyo se vio reflejando años más tarde, cuando el general Efraín Ríos Montt enfrentó juicio por genocidio y, por estrategia, se quedó sin abogado defensor, por lo que Stalling le asignó a los mejores defensores, mientras el militar encontraba al abogado idóneo. “Esto fue una artimaña para retrasar el juicio”, indicó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

Posteriormente, fue electa para otro período, del 2009 al 2014, el cual fue calificado de viciado, porque no había quedado en la lista, pero fue repetido y logró ser nombrada de nuevo directora del IDPP y en ese lapso fue designada magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), después de llegar a acuerdos con el Partido Patriota.

Debido a argucias legales logró extender su período, por lo que en el último año y medio, cuando ya era magistrada, dejó en su lugar hasta abril del 2016 a Remberto Ruiz, quien ahora es viceministro de Gobernación.

Formó parte de un nutrido grupo de abogados que ha participado en distintos procesos de elección de magistrados, como Roberto López Villatoro —alias el Rey del tenis—, Gustavo Herrera, Estuardo Gálvez y Juan de Dios Rodríguez, indicó Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.

Stalling forma parte de una familia de militares. Es hija del coronel Eduardo Caal y tiene dos hermanos militares, José Guillermo y Jorge Alberto Caal Dávila, y estuvo casada con un militar, Julio Molina Avilés, quien fue viceministro y ministro de Salud durante el gobierno de Alfonso Portillo.

Envuelta en corrupción

La Embajada de EE. UU. en Guatemala ratificó el martes 26 de marzo que las personas y sus familias que se han beneficiado de actividades ilícitas no deben ingresar en ese país. La advertencia la hizo un día después de que anunció que la magistrada Blanca Stalling y sus dos hijos, Julio Alejandro y Otto Fernando Molina Stalling, no podrán ingresar en EE. UU., debido a que se les retiró la visa por su involucramiento en “casos de corrupción importantes”.

“Los parientes de guatemaltecos involucrados en actividades delictivas o de corrupción no deberían poder usar las ganancias de actividades ilegales para ir de compras a Miami o Nueva York, o enviar a sus hijos a estudiar a los Estados Unidos”, afirmó un portavoz de la embajada.

Añadió que las leyes de EE. UU. permiten la revocación de visa o la clasificación de no aptos para entrar en ese país a los parientes de estas personas “que no están directamente involucrados en hechos criminales, pero que se benefician de actividades ilícitas o criminales”.

Generalmente es secreto

Aunque por lo general los registros de visas son confidenciales y no se divulga a quienes se les retira, el vocero de la embajada explicó que, en el caso de Stalling y sus familiares, “fueron designados bajo la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, la cual permite que se les nombre”.

El Departamento de Estado indicó que solo en los primeros tres meses del 2019 ya ha tomado esa medida con por lo menos 150 guatemaltecos. De ellos, la magistrada, quien se encuentra suspendida del cargo por un proceso judicial que enfrenta, fue la “elegida” para que se hiciera público su nombre.

Sin embargo, el Departamento de Estado tiene la opción de publicar los nombres gracias a la Ley de Asignaciones Consolidadas que contiene dentro del apartado Presupuesto nacional y transparencia de los contratos un inciso llamado Anti-cleptocracia y derechos humanos.

Ese inciso de la normativa expresamente dice: “Los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos sobre los cuales el secretario de Estado tiene información creíble de que han estado involucrados en corrupción significativa, incluida la relacionada con la extracción de recursos naturales o una violación grave de los derechos humanos, no serán elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

La vida de Stalling dentro del sistema de justicia

• 10/11/2004 Stalling fue juramentada como directora del Instituto de la Defensa Pública.
• 24/11/2014 Stalling tomó posesión como magistrada de la CSJ.
• 8/2/2017 Fue detenida cuando intentaba fugarse, disfrazada tras el retiro de su inmunidad.
• 12/5/2019 Juez Carlos Ruano declara que Stalling lo presionó para fallar a favor de su hijo
• 25/4/2017 Jueza suplente Teresa Ampérez le permite salir de prisión preventiva sin fianza.

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De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (Ine), con base en el último censo del 2002, en el 2015 la población guatemalteca es de 16 millones 176 mil 133 habitantes, de los cuales el 40 por ciento se considera indígena y el 60 no indígena.

Estos porcentajes no son compartidos por líderes mayas, quienes consideran que las cifras son a la inversa. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), por ejemplo, estima que, aproximadamente, el 65 por ciento de la población es de origen maya.

Francisco Flores, coordinador de traducciones de la ALMG, afirma que esta deficiencia estadística se debe a que los instrumentos que se emplean en los registros civiles son muy generales, ya que no asientan datos particulares como pueblo maya al que se pertenece.

Julián Cumatz, coordinador de educación, promoción y difusión de la misma institución, considera que este fenómeno se debe a que muchos mayas no se identifican como tales por temor a ser tratados de manera peyorativa.

Leopoldo Tzián, autor del estudio Mayas y ladinos en cifras. El caso de Guatemala, calcula que el 62 por ciento de los guatemaltecos es de origen maya, pero que la tendencia del Ine muestra que este porcentaje se está reduciendo.

Los entrevistados coinciden en que por razones culturales y sociales la tasa de natalidad del área rural es más alta, por lo que el porcentaje de indígenas no podría ser del 40 por ciento.

Como parte de una serie de reportajes especiales de Prensa Libre, en la  sección D Saber,  circula hoy  el Mapa Lingüístico, en el cual se puede conocer en números la distribución de estos pueblos.   

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