“Además de continuar, al momento, al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, mi función tendrá que ser coordinar el trabajo de las fiscalías de sección que se encuentran ubicadas en el área metropolitana”, dijo Sandoval a Prensa Libre.

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Este es el plan de trabajo de la nueva Fiscal, María Consuelo Porras

Confirmó que por el momento continuará con sus actividades acostumbradas como jefe de la Feci, entre ellas acudir a las audiencias de los casos de corrupción, “salvo que cuando entre en funciones la nueva Fiscal — María Consuelo Porras Argueta — tome otra disposición”.

Durante una entrevista concedida a Canal Antigua, la fiscal general electa, María Consuelo Porras comentó que Sandoval ya no estaba al frente de la Feci.

“En el caso específico del licenciado de la Feci, según tengo entendido, que parece que ya está ocupando otro puesto dentro del mismo Ministerio Público. Consecuentemente dejó la jefatura de la Feci”, comentó.

Porras fue cuestionada sobre quién podría sustituir a Sandoval en el cargo, a lo que respondió: “Ya tenemos visto porque afortunadamente conozco muchos fiscales, muy talentosos, muy buenos y vamos a tratar de motivarlos también a través de un ascenso”.

La fiscal general electa prefirió no ahondar sobre quién es la persona que podría ser ascendida para dirigir la fiscalía.

La Feci, en conjunto con la Cicig, conocen los grandes casos de corrupción que llevaron a la renuncia del binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como casos recientes, entre ellos Construcción y Corrupción, y los de financiamiento electoral ilícito de varios partidos políticos.

Durante la entrevista, Porras dijo que replicaría en las demás fiscalías el modelo de la Feci que, ha dado buenos resultados.
 
“Paralelamente a eso establecer la cantidad de personas que ahora tiene la Feci a manera de fortalecerlas, porque dentro de las primeras acciones que también se llevarán a cabo es solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia, para que todos los casos que tenemos iniciados en el Ministerio Público tengan sentencia”.

Además, explicó que al llegar al Ministerio Público revisará los casos, y solicitará un informe para conocer en qué estado se encuentran, para evaluar cuál es la fuerza probatoria que sustenta las investigaciones.

Otra fiscalía

Porras adelantó que le dará “solución inmediata” al tema de abuso de la solicitud de prisión preventiva.

“La ley es muy clara, el código procesal penal con claridad nos regula que de oficio aún se pueden revisar las mediadas. Las personas que ya cumplieron su condena no tienen por qué estar guardando prisión; las personas que no tienen ni siquiera su primera declaración, hay que motivar esta primera declaración”.

Porras tiene prevista la creación de “una fiscalía específica de revisión de medidas y declaración”, la cual tendrá como fin agilizar los procesos, para ello hará una solicitud a la Corte Suprema de Justicia, para que se designe un juzgado específico que conozca esos casos y pueda dictaminar mediadas sustitutivas en los procesos que lo ameriten.

El planteamiento es que en tres meses puedan conocerse los más de 11 mil casos, y tener resultados de cuántos privados de libertad podrían gozar de medida sustitutiva.

Renuncias

El mismo día que se conoció quién sustituirá a Aldana en la Fiscalía General también se conoció la renuncia de cuatro altos cargos del Ministerio Público. Ellos son Mayra Véliz, secretaria general; Rootman Pérez, secretario de Política Criminal; Ofelia González, secretaria privada y de Asuntos Estratégicos; y Ronald Figueroa, coordinador nacional del Sistema Informático.

• Lea además: Jimmy Morales espera que próximo fiscal General “mejore la aplicación de justicia”

Transición en el MP

Thelma Aldana dejará el cargo de fiscal General el próximo 17 de mayo, para lo cual ya dio inicio la etapa de transición con su sucesora María Consuelo Porras Argueta, a quien le entregó su último informe de labores.

Luego de conocer su designación, Porras dijo en conferencia de prensa que en su equipo de trabajo tomará en cuenta a actuales fiscales “porque la propia Fiscalía tiene personal muy valioso”.

También ofreció continuar trabajando de la mano con la Cicig. “Necesitamos todas esas capacidades técnicas que tiene la Cicig, en ese sentido, al igual que con el comisionado — Iván Velásquez — y todos los sectores que conforman el sistema de justicia se trabajará de la mano”, afirmó.

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El puente Tecún Umán II, es uno de los principales puntos fronterizos entre Guatemala y México. De momento quienes desean ir al vecino país desde Tecún Umán, San Marcos, pueden utilizar las aduanas Tecún Umán I y el Ceibo.

La cancillería guatemalteca confirmó a través de la Dirección General de Límites y Aguas Territoriales, que efectivamente el puente presenta daños en las juntas de dilatación del lado de México, por el momento esta suspendido el paso mientras evalúan la situación.                       

Entre Guatemala y México circula la mayor parte del comercio regional. La dirección verifica las instalaciones de campamentos en frontera con México e informan que el personal trabaja normalmente y sin ninguna novedad.
                      
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) gestionó la evaluación de ese puente ante el Ministerio de Comunicaciones y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).
                 
Héctor Fajardo de la La Federación Centroamericana de Cámaras de Transportistas (Fecatrans) también confirmó los daños específicamente entre la unión de la carretera con la estructura del puente.

El daño mayor se encuentra del lado de México, por lo que en este momento se encuentran evaluando los daños para determinar el tiempo que les podría llevar hacer los arreglos necesarios para que empiece a fluir el transporte.

Puente de Aduana Tecún Uman II, con daños del lado de México por sismo. Se evalúa la magnitud. Suspendido paso temporal informa @foppaguate pic.twitter.com/PyRRSBqNkD

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) June 14, 2017

Evalúan daños en puentes e infraestructura eléctrica

Durante una conferencia de prensa, el mandatario agregó que ambos Gobiernos, a través de sus funcionarios, ya están evaluando la situación pero mientras tanto se tomó la decisión de cerrar el paso fronterizo, por lo que el tránsito de carga de entrada y salida queda suspendido.

El ministro de Comunicaciones de Guatemala, Aldo García, indicó, por su parte, que se están buscando alternativas para recuperar las transacciones debido a los daños que ha sufrido el puente ubicado en Tecún Umán.

Las autoridades ya trabajan para liberar las carreteras, unas labores que esperan tener concluidas este miércoles o mañana, jueves.

Por su parte el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) se encuentra en alerta naranja y realiza verificaciones en todas la infraestructura eléctrica.

https://twitter.com/rbolanos_pl/status/875040041113980928

Según información de la Policía Nacional Civil (PNC), el responsable del hecho es un hombre, todavía no identificado, quien disparó en contra el grupo de personas que se encontraba afuera de una tienda de conveniencia.

El sospechoso, después del ataque, se refugió en un hotel, a donde pobladores y participantes de la Caravana del Zorro acudiero para intentar sacarlo, por lo que provocaron destrozos en el inmueble.

Los heridos fueron trasladados por Bomberos Voluntarios y de la Cruz Roja al hospital de la cabecera departamental y a centros privados, fueron identificados como:

• Boris Vladimir Changue, 25 años.
• Juan Antonio Aroche García, 43, originario de Chiquimula.
• Juan Leroy Slazar, 31.
• Jonathan Steven  Barahona Morita, 27, originario de Boca Del Monte, Villa Canales.
• Un menor de 17.

Todavía se desconoce la identidad de los otros dos heridos.

Agentes de la PNC utilizaron gas lacrimogeno para dispersar a las personas que se aglomeraron afuera del hotel portando piedras, palos y otros objetos.

El monto de esos productos confiscados suma Q7.4 millones, cifra que crecerá este mes, pues autoridades confirmaron que esa práctica se incrementa en esta época por las fiestas de fin de año.

A diferencia de los primeros 10 meses del año, que es cuando ingresan abarrotes —leche, azúcar, granos y huevos, entre otros—, en noviembre y diciembre los licores y cervezas son los productos que más entran de manera ilegal.

Datos

La Fiscalía de Delitos Económicos del MP informó que en 10 meses coordinaron cien procesos para incautar productos que entraron sin pagar el tributo correspondiente.

El secuestro de la mercadería ocurrió en 16 departamentos, pero en cinco de ellos se concentró el 66 por ciento.

El informe del MP reveló que solo en Retalhuleu hubo 21 procesos. Entre los lugares donde se realizaron las incautaciones se encuentra el kilómetro 198 —aldea Xab—, El Asintal —aldea Morazán—, Nuevo San Carlos y Labor San Antonio, zona 4 de ese departamento.

El segundo lugar lo ocupa Izabal, con 14 procedimientos, y la mayoría de procesos corresponden a la aduana de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios. El tercero fue Chiquimula, y las direcciones de los operativos fueron los kilómetros 181.5, hacia San José La Arada, y el 173.5, cruce a Ipala. Los dos últimos lugares fueron Petén y Quetzaltenango.

Productos ilícitos

Maíz, leche, azúcar, huevos, frijol, aves, fideos, arroz, productos para el cuidado de la piel, cigarrillos de diferentes marcas, tilapias, concentrado para aves, ropa para niños y adultos, armas de fuego, municiones y accesorios figuran entre los productos que fueron decomisados.

“La mayoría de esa mercadería fue destruida porque no cumplió con los registros sanitarios y representa un riesgo para la salud de los consumidores, y el resto sigue el proceso de extinción. En los granos, por ejemplo, se han encontrado varias clases de gorgojos y en los cigarrillos, algunos hongos”, informó el Ministerio Público.

Agregó que el total de los secuestros en los 10 meses sumaron Q7 millones 404 mil 495, cifra que superó lo registrado el año pasado, cuando se reportó Q5 millones 643 mil 699.

“Solo en septiembre de este año el monto fue de Q3 millones 483 mil 431 —principalmente de cigarros—, el resto corresponde a los demás meses”, detalló el órgano investigador.

¿por dónde ingresan?

Al momento, las autoridades han ubicado 113 puntos en carreteras y puertos, que son usados para contrabandear. Los accesos se ubican en nueve departamentos fronterizos: Petén, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Izabal, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa.

En los primeros cinco departamentos se encuentran 54 puntos —cruces en carreteras o ingresos en puertos— y en el resto de lugares, 59 ingresos.

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), aseveró que se ha coordinado la seguridad en algunos de esos puntos, para evitar el problema; sin embargo, persiste porque “muchos” de los contrabandistas controlan a los agentes y cuando ellos se mueven a cubrir una emergencia o supervisar otra área, aprovechan para pasar sin mayor inconvenientes.

Señaló que los productos que ingresan en el país provienen de México (granos básicos, accesorios, ropa), Belice (licores y cigarrillos) y del resto de América Central (azúcar, granos y otros productos). No descartó que haya mercadería de otras naciones.

Reacciones

Luis Mazariegos, representante de la Gremial de Fabricantes de Alimentos (Grefal), informó que el 60 por ciento del mercado de alimentos del occidente del país está “copado” por productos mexicanos. Agregó que en todo el territorio nacional ingresan ilegalmente hasta 30 por ciento de productos alimenticios.

La Asociación Nacional de Avicultores (Anavi) afirmó que el cien por cien de los huevos que se consumen en San Marcos y Huehuetenango tienen origen mexicano y que la mayoría no cumple con los registros sanitarios. Añadió que las granjas nacionales ya no mandan huevo hacia esa región. Como consecuencia de eso, el 5 por ciento de ellas han tenido que cerrar.

“La problemática es tan grande que su impacto en la economía nacional ya trae desempleo y se vislumbra cierre de muchas empresas”, advirtió la asociación.

Empresarios denunciaron que los contrabandistas emplean buses extraurbanos de pasajeros, a los que quitan los asientos y llenan de mercancías para transitar por Guatemala hacia sus bodegas, y también que los procesados recobran rápidamente su libertad.

Sin capturas

A los contrabandistas se les detiene cuando trasladan mercadería; sin embargo, las autoridades no los capturan y solo incautan los productos. Agregaron que los allanamientos son escasos, comparados con el tráfico de alimentos.

Ellos ya han presentado dos denuncias al MP, que incluye al menos a 12 inmuebles que, a su criterio, podrían ser allanados porque sospechan que son usados como bodegas para guardar los productos trasegados.

Mazariegos y los representantes de la Anavi agregaron que el esfuerzo del Estado por contrarrestar el fenómeno no ha dado los frutos esperados.

La Fiscalía aseveró que durante los operativos de enero a octubre se ha capturado a 95 personas y la mayoría fue ligada a proceso por varios delitos, entre ellos contrabando aduanero, contravención de las medidas sanitarias, encubrimiento propio y caso especial de contrabando aduanero.

Casos recientes

El viernes último fue detenido en flagrancia William Alexánder Chavarría Mejía, quien conducía un camión —placas CO589BJK— con 250 cajas de huevos, que se sospecha ingresaron en el país luego de haber evadido el pago de impuestos.

Al haber hecho la revisión en el vehículo, las autoridades verificaron que el piloto no tenía la documentación de impuestos ni registros sanitarios.

El pasado 2 de diciembre, la Policía Nacional Civil detuvo a Edín Yobany Pérez Castro por el transporte de 20 mil cigarrillos sin los registros respectivos.

El órgano investigador explicó que Pérez Castro portaba dos cajas de cartón, y en el interior había 50 paquetes de 10 cajetillas de cigarros extranjeros, y al solicitarle sus documentos afirmó que no tenía ni las facturas.

“Al realizar un recuento de los cigarros se estableció que en el interior de las cajas transportaba 20 mil unidades sin cumplir con la documentación que amparara la propiedad y legitimidad de la mercancía”, puntualizó.

Peligro por consumo

Empresarios señalaron algunos de los riegos de consumir alimentos que ingresan de contrabando.
 

• El 90 por ciento de las pastas y fideos que se consumen en la región —San Marcos y Huehuetenango— son mexicanos.
• Muchos de esos  productos  entran de contrabando y se venden en la calle y los mercados cantonales sin supervisión sanitaria.
• El problema, según el sector empresarial,  impacta en la economía nacional, ya que  origina desempleo y se vislumbra el cierre de  muchas empresas.
• En el 2015, el Ministerio Público calculó   en  Q5 millones 643 mil 699 el valor de la mercadería incautada en varios operativos en   carreteras.
• El año pasado  fueron decomisados siete mil 428 sacos de maíz, valorados en Q187 mil   740.
• Además, incautaron 28 millones de   cigarrillos de diferentes marcas valorados por el MP en      Q4.6 millones.

Hace 18 meses, en una vivienda de la colonia Las Marías, zona 21, se encontraron los cuerpos de una madre y sus tres hijas, este viernes un tribunal condenó a los supuestos responsables del crimen.

Después las partes procesales concluyeran la presentación de pruebas y alegatos, los jueces del Tribunal emitieron la sentencia condenatorio contra Elfido Antonio Pérez Barrera, Carlos David Méndez Chávez, Paula Teresa Méndez y Ronald Heriberto Cámbara Barrera.

Los jueces coincidieron que los condenados son responsables de la muerte de Verónica González Valdez, de 30 años, y sus hijas Enma Nohemí de 6; Josselin Andrea, 9; y Jackeline Rocío, 12; de apellidos Chávez González.

“Los responsables fueron condenados a 100 años de privación de libertad, a razón de 25 años por el asesinato de cada una de las víctimas y además resolvió imponerles un año más por el delito de encubrimiento”, explicó el Ministerio Público.

El MP agregó que los jueces absolvieron del delito de asociación ilícita, conspiración para el asesinato y tenencia ilegal de armas de fuego a Pérez Barrera, Méndez Chávez y Méndez.

“A Ronald Cámbara le cambió la calificación jurídica por el delito de encubrimiento”, detalló el ente investigador.

El Tribunal programó la audiencia de lectura íntegra de la sentencia para el viernes 2 de septiembre de 2016.

https://twitter.com/MPguatemala/status/769323458463346689

Escena sangrienta 

Durante el debate el  MP reconstruyó la muerte de Verónica González Valdez y sus hijas, luego que acudieron al lugar del crimen, el 13 de febrero del 2015 por la noche, y lo describieron como una de las escenas más horrendas que han presenciado.

La cerradura de la puerta de la vivienda no estaba forzada y los perros pitbull no alertaron de la presencia de ningún extraño porque los responsables de las muertes eran conocidos de las víctimas.

Los informes de necropsia presentados durante el debate confirmaron que González Valdez y sus hijas murieron baleadas y que la mayoría de impactos los recibieron en el cráneo. Algunos de los balazos fueron disparados a corta distancia.

La menor de la niñas dormía en el sofá cuando la ultimaron y la hermana del medio habría intentado huir al presenciar el ataque contra su madre y hermanas, pues su cuerpo fue hallado cerca de la puerta, informó el MP.

La Fiscalía sostiene la hipótesis de que el objetivo de los atacantes era eliminar a Élmer Chávez, esposo de González Valdez y padre de las tres niñas. Esa noche, este llegó tarde a su casa porque la reparación de uno de los cuatro buses de su padre lo había demorado.

Élmer Chávez es hermano de Carlos David Chávez Méndez —de parte de su padre—, uno de los condenados.

De acuerdo con las pesquisas, lo que los victimarios pretendían era apropiarse de los buses.

Tres meses antes, en noviembre del 2014, Teresa Méndez y su esposo, ex guardaespaldas de un exdiputado, invitaron a la familia Chávez González a visitarlos en la aldea El Chiltepe, Jutiapa. Al volver sufrieron un atentado del cual salieron ilesos.

Durante los tres meses siguientes, cuando Teresa Méndez y su esposo venían de Jutiapa, acompañados de Carlos David visitaban,a los Chávez González por las noches, en la zona 21, aunque nunca estacionaron su vehículo frente al inmueble, según la Fiscalía.

Los fotogramas establecieron que la noche de los crímenes el taxista, Cámbara Barrera, dejó a Teresa Méndez y su esposo cerca de la casa, y a otros dos ocupantes. Carlos David y el menor de edad descendieron de una camioneta corinta.

Las investigaciones determinaron la relación entre la temporalidad en que los sindicados fueron captados a inmediaciones de la casa de los Chávez y la hora de la muerte de las víctimas. Además, la camioneta es propiedad del padre de los hermanos Méndez, que solían usar.

Las pruebas

• Los cotejos de voz confirmaron que las voces de los acusados son las mismas de las escuchas.

• Mientras cometían  los crímenes, uno de los cómplices quemó  cohetillos para disimular el ruido de los balazos.

• La noche del crimen,  los fiscales encontraron quesadillas recién servidas y las huellas dactilares de Pérez Barrera en una taza.

• Testigos indicaron  que las víctimas no compraban quesadillas porque sus familiares les proveían.

• Los casquillos hallados en la vivienda coinciden con indicios encontrados en otros crímenes perpetrados en El Chiltepe, Jutiapa.

Un adolescente de 14 años muerto, y otras siete personas heridas de bala, es el resultado de un intento de asalto ocurrido la noche del miércoles, cuando un grupo de hombres armados abordó un bus de la ruta Esmeralda.

Según los pasajeros, varios hombres, incluido el de 14 años, intentó despojar de sus pertenencias a los pasajeros, pero uno de ellos sacó un arma para defenderse. El intercambio de disparos causó heridas en las ocho personas que fueron trasladadas al Hospital Nacional de Amatitlán.

El joven muerto fue identificado como Cristian Alfonso Blanco Pérez, quien llegó al centro asistencial con heridas de bala en el torax, la espalda y la pierna izquierda, y murió en la sala de operaciones debido a la gravedad de las heridas.

Los heridos, recibidos en la emergencia del hospital, se identificaron como Cesario López Cruz, 49; David Valles Silvestre, 55; Milton Roleman Gómez Buendia, 34; Esdin González  Juárez, 23; José Benito Larios, 49; Mónica Carolina Rivas Guerra, 16, y Carlos Humberto Beltrán González, 49.  

Según el reporte médico, ninguno de los pasajeros tiene heridas de gravedad, algunos fueron dados de alta horas después de su ingreso y otros se trasladaron al Hospital de Accidentes 7-19 del Seguro Social.

La Policía Nacional Civil no ha informado sobre capturas por este caso.

El Bombero Voluntario, Héctor Ramírez, informó que el incidente ocurrió a las 19.10 horas en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico.

“El bus salió de la capital rumbo a Escuintla. Los pasajeros avisaron a la Policía Nacional Civil que uno de los heridos es una de los presuntos asaltantes, fue identificado como Cristian Blanco”, explicó el socorrista.

Equipos élite de investigación del Ministerio de Gobernación tendrían asignado el caso del supuesto plan para atentar contra la fiscal general, Thelma Aldana.

Aunque el mandatario Jimmy Morales no quiso dar pormenores “para no entorpecer las investigaciones”, sostuvo ayer en Jutiapa que desde un primer momento el Gobierno puso a disposición de la jefa del Ministerio Público (MP) esos equipos especializados, así como un incremento del número de efectivos a cargo de su custodia.

La seguridad de los jueces amenazados en el país también es motivo de preocupación, afirmó Morales, quien también les garantizó la protección que requieran.

Las declaraciones del gobernante se produjeron luego de que el viernes pasado, desde Estados Unidos, Aldana reveló el plan para eliminarla y pidió garantías para realizar su trabajo sin presiones.

Prensa Libre buscó declaraciones de la Fiscal General, quien sigue fuera del país, aunque no fue posible.

Tampoco se logró obtener una declaración de Jorge de León Duque, jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien también permanece en el país norteamericano, luego de que el viernes anterior buscara en Washington medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según reveló  Aldana.

G4 los espera

El arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vian, informó que el Grupo de los 4 (G-4) tiene programada una reunión esta semana con Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, para conocer el avance de los casos de corrupción más recientes.

El G-4 está integrado también por la iglesia evangélica, la PDH y la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El religioso consideró oportuno que la Fiscal General retorne al país “siempre que tenga confianza de que la van a defender y ayudar.

Exige informe

El Sistema Penitenciario habrá de entregarle un informe acerca de las medidas de seguridad que se siguen en la prisión ubicada en la brigada militar Mariscal Zavala, informó el presidente Jimmy Morales.

El mandatario fue cuestionado sobre el tema luego de que Prensa Libre comprobó las libertades y carencias de seguridad en ese centro.

Aunque para ingresar no se piden documentos ni revisan lo que se ingresa, Morales consideró que sí se llenan las expectativas de seguridad, y recordó que esa cárcel está a cargo de la Dirección de Presidios y no del Ejército.

“Tenemos más de 20 mil reos en diferentes cárceles a quienes tenemos que garantizar su seguridad”, subrayó.

La jueza Anabella Acevedo Estévez decidió arraigar a Kappes, presidente del consejo administrativo de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., (Exmigua) y Vaides Medina, gerente general de esa compañía, luego de ser denunciados por los delitos de Desobediencia y Explotación Ilegal de Recursos Naturales.

Kappes y Vaides Medina no pueden salir del país mientras se mantiene vigente la orden de arraigo. 

La querella que promovió el arraigo de los representantes legales de la empresa minera fue planteada por el diputado Juan Ramón Lau porque pobladores de la Puya denunciaron que Exmigua continuó operando en San José del Golfo, pese a que fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia en febrero, y se reafirmó el cese de actividades por la Corte de Constitucionalidad el 6 de mayo último. 

Exmigua administra el proyecto Progreso VII Derivada, y desde el comienzo ha tenido oposición de los pbladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Por por varios años se mantuvo un plantón que evitaba que se activaran las operaciones libremente en el área.

Clausuran inmuebles 

Las instalaciones del proyecto minero Progreso Derivada VII,  ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y la finca Soprana fueron allanadas el pasado lunes; el Ministerio Público (MP) los clausuró luego de efectuar las diligencias. 

Los fiscales localizaron más de 74 sacos con mineral en polvo, además se localizó lo que se cree son piezas arqueológicas que habrían sido encontradas durante la excavación.

La Fiscalía maneja como hipótesis que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, algunos empleados de la empresa extraían el material de forma ilegal y lo almacenaban en otros lugares.

A las 21.45 horas de este lunes el MP informó que en la Finca Soprana se localizaron otros 100 sacos de productos, además de otra pieza arqueológica.

Resalta el hecho que en los inmuebles también fue localizada una guacamaya roja, dos loros y plantas que se creen son marihuana.

“La indagación continuó, y se hizo la primera operación para que las personas no siguieran con la explotación en el área, en virtud de que se estableció que incumplieron con la orden de las cortes de suspender los trabajos”, explicó Mayra Véliz, secretaria general del MP.

Los puestos fueron solicitados por los miembros de la junta directiva y el exdirector del Congreso durante esos períodos.

La cifra podría incrementarse, pues no incluye el total de plazas irregulares; pero tampoco las más de 50 plazas fantasma que también fueron aprobadas por Crespo y Rabbé. Tampoco se suman los beneficios que establece el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, como bono de antigüedad, bono vacacional, canasta navideña, convivio y aporte deportivo.

Datos del MP establecen que durante esas dos administraciones se les dio el visto bueno a 235 plazas que no cumplían con los perfiles profesionales. Al revisar los puestos que se les otorgaron a los diputados y exdiputados que formaron parte de la junta directiva se encontró que solo en 190 plazas el Congreso erogó en un año esos Q25.6 millones, sin contar con otros beneficios.

Como presidente, Crespo se autorizó 25 plazas, entre ellas cuatro asistentes que devengaban un salario de Q15 mil. Sus profesiones incluían maestra de educación preprimaria, bachilleres o secretarias bilingües. El resto fueron para otros cargos administrativos en la entidad legislativa.

No iban a trabajar

Solo en las plazas que se autorizó Crespo el Congreso gastó Q375 mil mensuales, lo que representó en un año Q4.5 millones.

A Rabbé le atribuyen 13 plazas, lo que representó mensualmente Q106 mil; es decir, Q1.2 millones al año. Además, se le atribuye un contrato para Mario Franco Franco, a quien trasladó a un mes de aprobado el contrato a la Unidad de Inventarios, devengando el mismo sueldo de Q20 mil.

“Declaraciones del personal confirmaron que Franco Franco nunca se presentó a trabajar a esa unidad”, indica el informe del órgano investigador.

Además, se le atribuye el contrato como técnico operativo de Marco Antonio Lorenzana en el 2013 y el 2014.

Las plazas aprobadas para el diputado Julio César Villatoro representaron para el Congreso Q1.4 millones anuales —Q122 mil 500 mensuales—. “Se le autorizaron 11 contratos: nueve asistente con salarios de hasta Q 15 mil y dos técnicos operativos de hasta Q 5 mil”, se indica.

A Selvin García, quien era tercer vicepresidente de la junta directiva del Congreso, se le benefició con 23 plazas, lo que corresponde anualmente a Q2 millones.

Las plazas autorizadas para los diputados y miembros de la junta directiva Édgar Cristiani y Manuel Chutá suman anualmente Q6.5 millones. Los contratos fueron para ujieres, secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros. Mientras para Carlos Herrera y Carlos López fue de Q3.6 millones anuales. El resto se distribuye en los diputados Alfredo Rabbé y Julio López.

Otro de los que se benefició con plazas fue el exdirector del Congreso Luis Mijangos. Según el documento, se le aprobó la plaza de Sandra Elizabeth Castellanos, por Q20 mil, y la otra para Mónica Guzmán Castellanos, por la misma cantidad.

Saqueo gigantesco

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, mencionó que hay cosas que aún se desconocen, así que las cifras pueden subir exponencialmente conforme avancen las investigaciones.

“La tarea del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es determinar los montos de la sustracción de dinero para ver hasta dónde llegó el saqueo y luego aplicar la extinción de dominio a los involucrados”, detalló.

Refirió que es importante recuperar el dinero que se perdió con las plazas fantasma. “Estamos hablando de un saqueo gigantesco, monstruoso. Si buscamos en legislaturas anteriores, las cantidades van a subir”, expuso.

Ibarra afirmó que muchos asesores de los partidos políticos cobraban en el Congreso. “Ojalá se pudiera tener un proceso de colaboración de los trabajadores que fueron extorsionados por los diputados. Ellos tenían necesidad y se prestaron al juego, pero eso no les resta responsabilidad”, añadió.

Ángel Ramírez, director de Congreso Transparente, dijo que las plazas irregulares han existido desde hace muchos años, pero que ello no constituye una justificación para tales contrataciones.

“El manejo de los recursos ha sido arbitrario. La responsabilidad es de la junta directiva y del director general. Ellos son los principales responsables y deben dar explicaciones”, expresó.

Agregó que las plazas se convirtieron en un botín político. “El año pasado, la junta directiva fue haciendo más contrataciones. Ese manejo político arbitrario se fue haciendo cada vez más profundo”, enfatizó.

Extranjero

Mientras los antejuicios están siendo promovidos por el MP y la Cicig, el diputado de la UNE Julio César López Villatoro —hermano de Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis— se encuentra de viaje en Seúl, Corea, junto con Carlos López, contra quien también se solicitó antejuicio..

Según datos del Congreso, son cinco congresistas los invitados, y cada uno recibió US$3 mil 450 —unos Q26 mil 910— en viáticos para ese viaje.

Por los contratos irregulares y fantasma, Thelma Aldana, fiscal general, solicitó el último jueves el retiro de la inmunidad a siete diputados y cuatro capturas. En el caso de los antejuicios es para que se les pueda despojar de fuero e investigar las irregularidades. Los delitos que se les señala a los diputados y exdiputados son peculado por sustracción y nombramientos ilegales.

Aldana informó que Rabbé y Crespo, durante su gestión como presidentes del Legislativo, se aprovecharon de sus cargos para autorizar plazas a integrantes de la directiva. “Logramos detectar dos modalidades de contratación de manera irregular: la primera, nombramientos irregulares, y la segunda tiene relación con plazas fantasma”, explicó.

Iván Velásquez, jefe de la Cicig, detalló que en los primeros días de enero del 2015 Crespo aún autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para la directiva.

“Más de 25 de estas plazas eran de un salario igual o por encima de los Q15 mil. Los nombramientos de las personas en el Organismo Legislativo, que no asistían a sus labores, se autorizaron por Crespo a solicitud de otros diputados”, aseguró.

A Luis Rabbé le atribuyen 148 contrataciones o nombramientos irregulares. “Los sueldos de las contrataciones fueron de Q4 mil y hasta de Q20 mil”, indicó el MP.

Agregó el órgano investigador que las personas no cumplían con los perfiles de los puestos y que algunas no llegaban a trabajar, pues tenían cargos en otras entidades.

El operativo comenzó a las 6.00 horas de este jueves en varias zonas de la capital, Chinautla, Villa Canales, Villa Nueva y San Miguel Petapa; además de áreas de Santa Rosa, Totonicapán y Suchitepéquez.

La Fiscalía contra Extorsiones del Ministerio Público (MP), determinó que opera una banda dedicada a la extorsión de trabajadores de transporte colectivo de San Miguel Petapa y un Juzgado giro las órdenes de captura.

De acuerdo al MP, el grupo se habría apropiado de forma ilícita de unos Q200 mil en el último año, producto de las extorsiones cobradas a los trabajadores de una empresa de transporte de San Miguel Petapa.

La estructura criminal, de acuerdo a la fiscalía, utilizaba cuentas monetarias en bancos del sistema para recolectar la coima y evitar el contacto físico con sus víctimas.

El grupo a través de llamadas telefónicas intimidantes conseguían que sus víctimas depositaran entre Q1 mil 300 y Q4 mil mensuales.

Para el Ministerio de Gobernación, la estructura respondía a pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 indistintamente, y tenían clasificadas a sus víctimas en cinco categorías que les permitía fijar una tabla de tarifas de extorsión semanalmente. Sin embargo, el ente investigador informó que aun indagan a que grupo criminal podrían responder. 

Los empresarios que estaban clasificados en el grupo A tenían que depositar semanalmente a la red Q2 mil 975; el B Q2 mil; el C Q1 mil 800; el D Q1 mil 500 y el E pagaba a la semana Q1 mil 300.

La investigación de Gobernación resalta que el grupo recibía semanalmente unos Q9 mil 575, y durante los cinco años que pudo operar habría cobrado hasta Q2.4 millones en extorsiones.

Personal encubierto y operativos de inteligencia también habrían identificado que integrantes de la estructura visitaban regularmente a privados de libertad, tanto del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha en distintos centros carcelarios, por lo que se supone desde adentro de las prisiones se coordinaba la operación ilícita.

Los allanamientos fueron 30 y 13 ordenes de captura, de estas se ejecutaron 12, pues una de las personas estaba  en un centro carcelario. 

Los capturados

1. Luz Carolina López Vargas de  Vicente, 31.
2. Adelaida de Jesús Morales, 47.
3. Blanca Azucena Chávez, 24.
4. Guisela Jeaneth Reyes Reyes, 32
5. Edilsar Otoniel López Tahuit.
6. Alfredo Lima Joge.
7. Yeimy Yadira de Plata Domínguez.
8. Gloria del Carmen Ticun Escobar.
9. Flor de María Ticun.
10. Jairon Orlando Saquic González, detenido en el preventivo de la zona 18.
11. IsmarAngélica Samayoa Corado 
12. Luis Alfredo Lima.
13. Víctor Arturo Rodríguez 

El primer caso se refiere a Sergio Pineda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien a pesar de que se inhibió de conocer los expedientes, mantiene comunicación con sus pares y ello induce a pensar que sería beneficiado para la designación por parte de la CSJ: un claro caso de conflicto de intereses y tráfico de influencias.

Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, considera que las instancias nominadoras creen que al designar a un profesional cercano o de su círculo los protegerá en caso de una resolución que les afecte. Sin embargo, el magistrado, al ser designado, tiene que romper cualquier lazo, ya que se debe mantener la independencia de las diferentes instituciones.

“Nuestro mensaje es para las entidades designadoras, para que entiendan que el magistrado que designan no va a ser su representante, porque lo hemos escuchado. Ellos tienen la responsabilidad de elegir a una persona idónea y desligarse al momento en que asuman su cargo en la CC”, expresó Muralles.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que magistrados de la CSJ y dos de la Corte de Apelaciones se postularon, lo que muestra valores contrarios a la ética.

“Se debe cuestionar esta situación porque se detecta conflicto de interés y tráfico de influencias. Aparte, los dos magistrados de Salas —Cruz Munguía y Eddy Orellana— fueron comisionados que postularon a los actuales magistrados a la CSJ”, subrayó Ibarra.

También se observa ese problema en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se postuló José Francisco de Mata Vela, director de Asuntos Jurídicos de esa casa de estudios superiores, quien en todo caso debió renunciar para participar.

Si en el Congreso se postula el diputado Oliverio García Rodas, como se cree, también caería en este círculo en que los nominados tendrían una ventaja sobre los demás profesionales.

Los magistrados de la CSJ, luego de conocer impugnaciones, decidieron recibir la papelería de Mario Archila, quien había quedado fuera del proceso al principio.

Zepeda agregó que el juzgador determinó que en el caso de Melgar Miranda, no se detectaron indicios de su participación en el proceso de la supuesta adopción irregular, de igual manera con Azurdia García.

También mencionó que este caso es uno de los 989 denuncias que se hicieron en su momento por el CNA.

El caso

Estas personas son señaladas de tramitar la adopción irregular de una menor y por lo tanto cometer el delito de trata de personas, el cual puede llegar a tener una pena de entre 6 y 12 años de cárcel.

La investigación comenzó cuando la PGN emitió un dictamen donde indicaba que la menor que ahora vive en Estados Unidos, no fue presentada ante esa institución para cumplir con el procedimiento legal para ser adoptada, ante lo cual denuncian en el MP.

Mediante la investigación se establece que la niña tiene dos inscripciones de nacimiento realizadas por la madre biológica. La primera en Chiche, Quiché y la segunda en Mixco, Guatemala.

La inscripción realizada en Mixco fue con ayuda de Eldan Rene Tuna Tovar, un médico falso, que ya está en prisión y está involucrado en más de 100 procesos de adopciones según la Comisión Nacional de Adopciones.

El proceso comenzó en 2008 y estas personas mediante falsificaciones y procesos viciados lograron dar en adopción a la menor ese mismo año.

Detenidos:

• Deyanira Bernardette Herrera Juárez, quien tramitó el expediente en el 2008. Actualmente trabaja en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
• René Aníbal Melgar Miranda, trabajador del Consejo Nacional de Adopciones (CNA).
• Mayra Liseth Azurdia García, exempleada de la Procuraduría General de la Nación (PNG).

Líder y Progresistas elegirían hoy a Remberto Ruiz para dirigir el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), mientras que un grupo de la UNE apoyaría a Hugo Jáuregui, debido a una deuda pendiente por una resolución que habría beneficiado a Marlene Blanco, hermana de Orlando Blanco, jefe de esa bancada; el MR designaría al representante del Congreso ante el directorio del  Registro Nacional de las Personas; Todos se quedaría con la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua); y la UNE apostaría por Gloria Porras para reelegirse como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).
En el IDPP se habla de 250 plazas disponibles para abogados, las cuales podrían ser utilizadas en la elección del Colegio de Abogados y Notarios.
Diputados de bancadas minoritarias confirmaron las negociaciones entre   UNE, Líder y Progresistas para repartirse los cargos, y mencionan que los uneístas se quieren aferrar a la magistratura de la CC.
“Lo que se habla entre estas bancadas es de apoyar a la actual presidenta de la CC, Gloria Porras; sin embargo, hay quienes buscan impulsar a Oliverio García” manifestaron.
Además, por redes sociales, Álvaro Velásquez, de Convergencia, le apuesta al abogado Alejandro Balsells.
“Se dice que ya existen negociaciones en paquete en el Congreso. Están haciendo una piñata, es decir acuerdos secretos entre la UNE, el Partido Patriota, Líder y otros, lo que se negocian son la dirección del Instituto de la Defensa Pública, Conamigua y la CC”, señaló Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia.
Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dijo recientemente que los acuerdos no son malos; el problema es  cuando esas negociaciones son “perversas”.

Esa fue la estimación, a pesar de la petición de antejuicio del Ministerio Público para que Ovalle sea investigado por su presunta participación en desapariciones forzadas.

El TSE dijo que el diputado electo sí podría asumir porque, según Ana Elly López, magistrada suplente de ese máximo organismo electoral, el caso del militar es “exactamente como los casos anteriores”, en referencia a diputados electos sobre quienes también pesan antejuicios.

La magistrada dijo que es poco probable que la Corte Suprema de Justicia nombre a un juez pesquisidor antes del 14 de enero próximo, fecha prevista para la toma de posesión, por lo que no tendría impedimento. Sin embargo, explicó que si se le llegara a retirar la inmunidad se seguiría un proceso.

Organizaciones de derechos humanos, querellantes en algunos de estos casos, mostraron su satisfacción por el avance en la justicia con las capturas.

Líder de FCN-Nación

El congresista electo pertenece al partido del presidente electo Jimmy Morales y es señalado de cometer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y este día participó en la reunión de jefes de bloques en el Congreso.

Por el mismo caso en el que se señala a Ovalle Maldonado ya fueron capturados 14 militares, entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García.

Los militares son investigados por el MP por una denuncia de desapariciones forzadas durante los años 1981 a 1988.

Ovalle Maldonado es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y fungió como uno de los estrategas del partido que llevó al poder a Morales, incluso fue él quien incorporó al presidente electo en septiembre del 2012.

El militar fue designado subjefe de bancada y será el próximo secretario general de FCN cuando Morales tome posesión de su cargo como presidente y renuncie a la dirigencia del partido.

El primer cadáver fue encontrado en el fondo de un barranco, que es utilizado como basurero clandestino, ubicado en el kilómetro 13.5, ruta Los Ocotes en la  zona 25.

El cadáver de sexo masculino, hasta el momento no se ha identificado. El hombre vestía un pantalón corto obscuro y un suéter rojo. Según los agentes del Ministerio Público (MP), la persona fallecida tiene heridas de arma blanca. 

Además los bomberos Voluntarios informaron que el hombre tenía tatuajes en el cuerpo.

La segunda víctima fue encontrada en 21 avenida y 3a calle, colonia El Encino; zona 6 de Mixco. Al momento no ha sido identificada.

Este domingo fueron varios los damnificados que madrugaron para votar en ese lugar; la mayoría de los vecinos esperó la distribución del desayuno asistir ir a las urnas.

La primera persona en votar fue la vecina Sonia Cordón, quien lo hizo en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa, donde votará la mayoría de vecinos afectados.
 
“Es importante que votemos, porque con ello podemos cambiar el país (…) espero que el nuevo presidente combata la corrupción y que erradique la violencia. Además, espero que las nuevas autoridades distribuyan el presupuesto a las comunidades que más lo necesiten”, dijo Cordón.

La mujer llegó acompañada de su hija y explicó que madrugó porque luego tienen que trabajar, mencionó que llevo a su hija para darle un ejemplo ciudadano.

Otra de las vecinas fue Blanca Estela Sajquiy, quien pese a su tristeza por la tragedia, espera un mejor futuro para su familia, la comunidad y Guatemala.

“Nosotros no pedimos a ningún familiar, pero nos quedamos en la calle, pues nuestra casa se ubica en el área declarada inhabitable, estamos tristes porque no tenemos vivienda, menos dinero para alquilar, pero eso no nos detiene para definir a nuestras próximas autoridades”, dijo Saj  Quiy mientras esperaba emitir su voto en el Instituto Básico por Cooperativa en Santa Catarina Pinula. 

Misael López damnificado de El Cambray, comentó que espera que el próximo gobierno apoye a los vecinos que 25 días después del desastre empiezan a recuperarse del trauma, la mayoría de los afectados anhela un mejor futuro para sus hijos.

“Esperamos que el nuevo gobierno cumpla,  nuestro temor es que no se construyan las viviendas”, aseveró.

Agregó que el próximo año, por las condiciones, no podrá inscribir a sus cuatro hijos a la escuela, no tiene dinero y porque al lugar donde serán trasladados no hay centro educativo.

Previo a la apertura de los centros de votación cercanos al área del desastres los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) realizaron una oración para pedir por las víctimas y sus deudos.

A un día que el exparlamentario renunciará a su curul, el Ministerio Público (MP), solicitó al juzgado el arraigo para evitar que salga del país. Muadi deberá enfrentar un proceso legal, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirarra la inmunidad.

Al dar con lugar el antejuicio el MP,tiene la autorización para invetigar al exparlamenario, a quien se le sindica de haber contratado personal para una empresa de su propiedad, pero que era pagado por el Palacio Legislativo. 

Según la pesquisa, los trabajadores presentaban sus servicio como guardias de seguridad para Grupo SIS, pero eran contratados con sueldos de Q8 mil mensuales en el Congreso, aunque ellos solo recibían solo Q2 mil. 

El juzgado deberá notificar a las partes procesales involucradas en el caso y a la Dirección General de Migración de la medida para que se cumpla.

La curul de Muadi, electo en el 2012 por el Partido Patriota, agrupación a la que renunció para convertirse en diputado independiente, sería ocupada por Daniela Beltranena, aunque el Tribunal Supremo Electoral debe ratificarlo.

Asume Beltranena

Daniela Beltranena según los listados de diputaciones del Partido Patriota, le tocaría asumir la curul que deja Muadi.

Beltranena, de 26 años, se considera una persona de confianza de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y la posibilidad de que ella ocupara un lugar en el Congreso fue lo que impidió que Oliverio García Rodas fuera nombrado Vicepresidente de la República, cuando su nombre figuró en la terna quien remplazaría a la exfuncionaria.

Hasta el 30 de abril de este año y desde inicios del 2012, Beltranena fue asesora y asistente personal de la Vicepresidencia.

La resolución de la Sala Primera, emitida el 21 de octubre, expllica que el fallo del juez José Eduardo Cojulún no tiene fundamento legal, por esa razón ordena que se emita uno nuevo. 

La audiencia para que se repita el fallo está programada para el martes próximo -27 de octubre-.

La Sala está integrada por los magistrados Freedyn Waldemar Fernández Ortíz -presindete-, Aura Mansilla Solares -vocal I- y Carlos Patricio Rodríguez Meza -vocal II-.

Cojulún, en septiembre último, ligó a proceso y envió a prisión preventiva a la cárcel del cuartel Matamoros a la jueza Marta Sierra, por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato, por considerar que hay indicios de que ella habría llegado a “acuerdos ilegales”  para otorgar medidas sustitutivas a seis sindicados de la red de defraudación aduanera La Línea.

El juzgador en esa audiencia manidfestó en su resolución que hay posibilidades de obstaculizar la investigación por el delito de cohecho pasivo por lo que ordenó su internamiento en la referida cárcel. Mientras que por el delito de prevaricato dictó arraigo y una medida sustitutiva de Q200 mil.

“No me arrepiento”

La juzgadora en esa ocasión dijo que el fallo era  “contradictorio” la resolución porque por un delito le otorga medida sustitutiva y por otro la envía a prisión preventiva. Al mismo tiempo afirmó “no me arrepiento de nada -de haber otorgado medidas sustitutivas a seis presuntos cabecillas de la red La Línea-, porue esa fue mi decisión fundamentada en derecho y objetiva y no soy un monigote ni un títere”.

Agregó “ninguno se acercó a hablarme ni abogados defensores ni sindicados, los únicos que ingresaron a mi despacho que llegaron a hacerme solicitudes fueron los tres fiscales del Ministerio Público”.

Subrayó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decieron retirarle la inmunidad por el “miedo” que le tienen a la Cicig, “ahorita nos tienen de rodillas a todos porque no podemos resolver conforme a la ley ni en forma objetiva sino que estamos supéditados a las órdenes de la Cicig”, puntualizó la jueza.

Sierra, señaló que tenía previsto retirarse del Organismo Judicial este año.

Se incurre en prevaricato cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

Las palabras que el juzgador dijo a Sierra de Stalling al tomar la decisión fueron: “Creame que es una decisión difícil de tomar”.

Cambia abogado

A partir de ahora se conoce que el abogado Francisco García Gudiel, será el defensor de la jueza en sustitución del profesional Eddy Enrique Siu Puac.

Se sabe que García Gudiel laboró con Sierra de Stalling como oficial en el Juzgado Octavo de Instancia Penal. La jueza ha estado a cargo de dicha judictura el año 1997.

Sierra de Stalling, fue detenida ayer martes después de perder la inmunidad el pasado nueve de septiembre, supuestamente fue sobornada a cambio de liberar en abril pasado a integrantes de la estructura de corrupción aduanera La Línea, que provocó la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina.

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG) establecieron que dicho acuerdo para liberar a los integrantes de la red fue supuestamente gestionado por Luis Alberto Mendizábal Urritia, uno de los líderes de “La Línea”, y quien se encuentra prófugo de las autoridades

La residencia a nombre de la ex vicemandataria está ubicada en la zona 5 capitalina. 

Para ingresar a la casa agentes fiscales llevaban herramientas, pero no fue necesario, ya que habita una persona que alquila la propiedad.

La secretaria General de Ministerio Público (MP), Mayra Veliz, indicó que está es la cuarta propiedad de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que pasa a administrar la Senabed. Asismo dijo que no descarta que se soliciten más embargos a nombre de la ex vicemandataria. 

“La fiscalía trabaja en el contexto de establecer cuáles son las viviendas que tiene y en esa medida verificaran la inmovilización y requiriéndole al juez la autorización y ejecutando las mismas”, informó al finalizar una conferencia de prensa en el MP. 

Además declaró que  la Fiscalía de Lavado de Dinero que tiene la Unidad de Extinción hace “todos” los  análisis de los involucrados de la línea. “Sigue el análisis de las cuentas bancarias de Baldetti y el expresidente Otto Pérez Mollina y de todos los señalados”, aseveró.

El miércoles último el MP inmovilizó otros dos bienes de Baldetti. La  primera residencia inmovilizada se ubica en residenciales Los Eucaliptos, Santa Catarina Pinula, según el ente investigador, era donde vivió antes que fuera capturada por su vinculación con la red de defraudación aduanera La Línea.

El otro inmueble está ubicado en residenciales Terravista Coventry, Fraijanes.

La orden para tomar posesión de las casas fue autorizada por Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

En este momento. MP materializa medida cautelar de inmovilización de inmueble de exvicepresidenta Roxana Baldetti. pic.twitter.com/qR2SSPE1Bo

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 23, 2015

De acuerdo con el MP, las diligencias se llevaron a cabo en cumplimiento a los artículos 16 y 41 de la Ley de Extinción de Dominio.

El primero señala que el MP es el encargado de la investigación y tomará el tiempo necesario para determinar el comienzo de un proceso de extinción de dominio.

El segundo artículo se refiere a la administración del bien, que corresponde a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

De los allanamientos autorizados por el Juzgado de Extinción de Dominio para inmovilizar propiedades de la ex vicepresidenta, aún falta que se ejecuten dos diligencias.

Propiedad en Escuintla

Hace una semana el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó la inmovilización de la casa de descanso de Roxana Baldetti.

La propiedad fue allanada por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de Lavado de Dinero del MP.

Esa casa de dos niveles, ubicada en el complejo Juan Gaviota de Marina del Sur, Puerto San José, Escuintla, tiene un valor según el MP de unos US$900 mil.

Según el fiscal que lleva el proceso penal, la suspensión fue porque guardias del Sistema Penitenciario (SP) no trasladaron a los cinco implicados en una red de lavado de dinero que operaba en Chinautla. 

La audiencia se desarrollaría a las 9:00 horas, en el juzgado Tercero de Instancia Penal.

Se buscó la postura del vocero de Presidios, Rudy Esquivel; sin embargo no respondió las llamadas a su teléfono celular. 

El alcalde fue capturado el pasado lunes y enviado a prisión provisional por lavado dinero al Centro Preventivo de la zona 18, después que le dieran a conocer el motivo de su detención. Junto al jefe edil fueron capturados cuatro personas más.

El MP explicó en conferencia de prensa, que comenzó una investigación luego de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en el año 2006, en la que informaba de una posible malversación de fondos desde la municipalidad de Chinautla hacia cuentas personales de Medrano.

La ruta del dinero, según la investigación del MP, determinó que Q280 mil habrían ingresado a cuentas de Medrano a través de depósitos directos mediante seis cheques y el resto ingresó a las cuentas de dos Organizaciones No Gubernamentales –ONG-, que a su vez lo depositaron a las constructoras: El Campo, Torre Fuerte y Pineda de León.

Estas tres entidades, presuntamente, desviaron el dinero hacia DIMACO -empresa de un familiar de Arnoldo Medrano-, la que por medio de 14 cheques le hizo llegar al funcionario Q9.7 millones.

Otros capturados 

• Catalina Gómez Muyus
• Eduardo Francisco Castellanos Castillo
• Además Ligia Anabella Alvarado Batres
• Jorge Ulises Francia Estrada 

Expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) explicaron que el fenómeno que afectó el país desde el fin de semana se desplazó hacia México; sin embargo por la cercanía que mantiene seguirán la lluvia durante las próximas horas.

El ente científico agregó que otro de los aspectos que favorecen el ambiente húmedo es que la época lluviosa no ha terminado y se espera precipitaciones durante todo el mes.

Jorge Chinchilla, meteorólogo del Insivumeh, explicó que las mayores precipitaciones más significativas serán en los departamentos de la costa sur, altiplano y franja transversal del norte. “Estimamos que la primera semana de noviembre un sistema de alta presión aleje las lluvias para darle paso a la época de frío” afirmó el experto.

“A pesar de la disminución de la lluvia, la llovizna que se mantiene aumenta el peligro de deslizamientos y derrumbes”, añadió el experto.

Ante ese riesgo, la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres (Conred), mantiene monitoreo en todo el país. Para el área metropolitana existe observación en Villa Hermosa San Miguel Petapa, zona 1 de Mixco y San Cristóbal, así como en Tierra Nueva en Chinautla.

“Se estima que por la lluvia que se mantuvo intensa desde el fin de semana, existen 252 mil 921 personas afectadas y 3 mil 233 viviendas con daños“, aseguró David de León, portavoz de la Conred. También se cuentan 89 incidentes y 2 mil 187 personas evacuadas.

Reporte de incidentes hasta este miércoles:

• Incidentes por las lluvias: 89
• Afectados: 252 mil 921
• Evacuados: 2 mil 187 
• Albergues habilitados: 9 
• Personas albergadas: 918
• Heridos: 1 por caída de árbol.
• Viviendas dañas: 3 mil 233.
• Ríos con incremento: Los Esclavos, Motagua, La Pasión y Usumacinta. 

El fiscal Ministerio Público (MP) dijo que Barquín habría integrado una red que generó impunidad y ayudó  a desvirtuar las investigaciones contra Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, cuando fungía como presidente del Banco de Guatemala (Banguat).

El MP sostiene que Barquín alertó a Chico Dólar que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) investigaría sus cuentas, porque sospechaban de irregularidades en  las mismas.

La fiscalía presentó al juez escuchas telefónicas, una de ellas revela una conversación entre  Barquín y “Chico Dólar”, en el audio, el expresidente del Banguat, asesora a Morales Guerra de gestiones ante la IVE.

“Aló, le saluda Édgar Barquín (…) mire es que le quería comentar, tal como habíamos quedado la vez pasada por ahí van a llegar los muchachos (…) exactamente van a preguntar por la empresa, entonces a través de esa empresa le van a  pedir los papeles suyos”.  Esa escucha fue identificada por el MP con el número 5 mil 344.

Barquín también se reunió los diputados de Líder, Manuel Barquín – su hermano – y Jaime Martínez Lohayza para establecer medidas para evadir las investigaciones de sus cuentas, en la sede del Banguat. 

“Además ofreció una reunión con el representante de la IVE”, declaró el representante del Ministerio Público (MP).
Según el MP  Édgar Barquín era conocido en la red como el “Mero Mero” o “Edgarito”.

Otras escuchas

Según la escucha dos mil 733, con fecha de enero, “Chico Dólar” habla con una persona de apellido Villatoro, conversan sobre una citación a la IVE para que aclare el dinero en las cuentas a su nombre.

Chico Dólar explica en la llamada que ellos pasaron por un caso similar, el cual había sido solventado; no obstante Villatoro aclaró  que tendría que conocer a detalle la citación.

“No es la misma situación, porque ahora lo citan para declarar, además se desconoce que se relacione con el mismo caso (…). La información también la requiere el banco, porque hay un antecedente suyo del que usted ya está apersonado y además ya solventó”, revela el audio.

La escucha, tres mil 459  de fecha 18 de enero 2013, establece que el diputado Manuel Barquín, hermano de Edgar,  confirma la reunión en el Banco de Guatemala a Francisco Morales Guerra.

“El almuerzo será el miércoles, me enteré que tu esposa estaba llorando (…) que te acompañe para que no se preocupe (…) yo te aviso el lugar”, le dice el diputado a Chico Dólar.

La voz del diputado aparece en otros audios que implican a su hermano.

Los audios de las llamadas también señalan que el diputado del mismo partido político, Manuel Barquín ayudó a gestionar varias pólizas de empresas de Chico Dólar para desviar las investigaciones de las irregularidades en las cuentas bancarias.

Con el mismo porte que lo distinguió como presidente del Banguat y excandidato por la vicepresidencia por el parido Libertad Democrática Renovada (Líder), Edgar Barquín se presentó al juzgado B de Mayor Riesgo, ubicado en el nivel 14  de la Torre de Tribunales. 

Su llegada obligó incrementar algunas medidas de seguridad, antes que ingresará  a la sala del juzgado. Algunos empujones se dieron, los cuales hicieron que votara sus anteojos.

Con una hora de atraso – 9 horas- comenzó la audiencia de primera declaración en la que el ente investigador dio lectura a los señalamientos que lo involucran a una red que según el MP generó impunidad con Francisco Morales Guerra.

La Fiscalía empezó las pesquisas a partir de una denuncia hecha por personal del IGSS el 17 de marzo de este año, donde indicaron que un grupo de personas venden medicamentos propiedad del Seguro Social.

Según las pesquisa, los detenidos contactaban a los enfermos que llegaban al IGSS a recoger medicamentos, los convencian para que les vendieran las medicinas y luego de recibir el producto los revendían afuera de la sede del Seguro Social autonomía, ubicado en la zona 9. 

El MP estableció que el producto estaba a la venta en el mercado La Florida, zona 19 y también era vendida en la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) en la zona 1.

El MP y la Policía Nacional Civil, llevaron cabo más de 15 allanamientos en las zonas 1, 9 y 19 de la capital por orden de Juzgado Undécimo Penal.

Los detenidos están sindicados de los delitos de “tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes y establecimientos o laboratorios clandestinos” , de acuerdo a la información oficial.

Los detenidos por las fuerzas de seguridad

1. Patricia Isabel Urrutia Vicente
2. Silgi Raquel Amézquita García
3. María del Carmen Estrada
4. María Teresa Mash Donis
5. Juan Aroldo Cordón Meda
6. María Elizabeth García Santiago
7. Víctor Alberto Quej Quej
8. Bilser Rosbelí López
9. Leonel Rosales Estrada
10. Odilia Maritza González  Pineda
11. María Nancy Rafaela Acajabón Salazar
12. Vilma Judith Burrión Marroquín
13. Gilmar Rivas Molina
14. Edwin Rolando Alvarado Gómez
15. Moisés Humberto Alvarado Gómez
16. Miriam Guevara Rodríguez de España
17. Mayro Leonel González Pineda
18. José Mario Pérez Velásquez
19. Iris Vásquez Contreras

La denuncia fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral que advirtió que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), habría incurrido en delitos electorales, al distribuir vales por materiales de construcción, válidos a partir del 7 de septiembre.

La Fiscal General Thelma Aldana en conferencia de prensa este miércoles informó que la denuncia fue remitida a la Corte Suprema de Justicia, debido a que Torres goza de inmunidad por estar ya inscrita como presidenciable y tiene derecho a antejuicio.

Entre las pruebas se encuentran la copia de un cupón que contiene la frase “Hierro AG” en el centro, vale por materiales de construcicón y del lado izquierdo aparece la fotografía de una fémina y abajo se lee “Sandra Torres Presidenta”, explicó Aldana.

La Fiscal General subrayó que en el cupón también aparecen las palabras UNE Mazatenango y la fotografía de un hombre que abajo describe el nombre de Julios Recinos, Alcalde. Además las imágenes de un saco y varilla de hierro “aperchadas”. 

El delito por el cual podría Torres enfrentar la justicia, si la CSJ considera retirarle la inmunidad, es coacción a electores.

“El documento posee las caraterísticas de un título de crédito, pagadero en un tiempo plazo 7 de septiembre del 2015, el cual podrá ser cambiado o canjeado apartir de esa fecha (…) por materiales de contrucción de la marca Hierro AG haciéndose efectivo un día después de las elecciones, por lo que se detecto que podría estar  ante un posible delito de tipo electoral”, detalló Aldana. 

Había denuncia previa

El diputado de UNE Carlos Barreda dijo que hay suspicacias en la forma en que el MP brindó la información a los medios de comunicación, estando presente en la misma conferencia el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Según Barreda, el partido había denunciado desde el 18 de mayo la existencia de una campaña negra y tenían los cupones como prueba, asegurando que el 17 de mayo se hizo la denuncia pública que el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), distribuía vales de cemento.

El partido según Barreda está analizando si se presentan acciones legales, no descartan que sean contra la Fiscal General, ya que la solicitud de antejuicio podría obedecer a un interés político y no judicial.

Velásquez confirmó a periodistas que la Cicig, instalada en Guatemala por la Organización de Naciones Unidas  (ONU) en 2007, lleva a cabo actualmente investigaciones “que se refieren a miembros del Congreso de la República”.
 
“Oportunamente estaremos, en la medida en que las investigaciones se concreten, presentando los resultados con la instauración de los antejuicios (pérdida de la inmunidad) correspondientes”, afirmó Velásquez antes de un acto público celebrado en la Ciudad de Guatemala.
 
La entidad internacional sacudió en abril y mayo al gobierno del presidente del país, Otto Pérez Molina, con la desarticulación de dos estructuras millonarias de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  (IGSS).
 
Las autoridades han detenido por ambos casos a al menos 44 personas, entre funcionarios y particulares, incluido el exsecretario privado de Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, quien dirigía el IGSS al momento de su captura.
 
El escándalo en la SAT le costó el puesto a la ahora exvicepresidenta de la nación, Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo ante las protestas populares y la presión de la cúpula empresarial por la vinculación en el caso de su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia.
 
Velásquez anticipó que próximamente harán público un informe sobre el financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, que llevará a cabo elecciones generales en el próximo mes de septiembre.
 
“El informe pretende mostrar cuál es la realidad del financiamiento de las campañas políticas en Guatemala, mirando desde la normativa, pero (investigando) métodos de financiamiento que están en la frontera de lo lícito y lo ilícito, y otros que son francamente ilícitos” , subrayó el jurista colombiano.
 
La nación centroamericana elegirá el próximo 6 de septiembre a 158 diputados, 20 legisladores al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales, además de su presidente y vicepresidente para el período 2016-2020.
 
La Cicig fue creada para investigar y desmantelar a los grupos clandestinos criminales dentro de las estructuras del Estado en la nación centroamericana.
 
Los diputados guatemaltecos gozan del privilegio de antejuicio en su cargo por lo que cualquier acusación en su contra deberá ser avalada primero por la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) y posteriormente por el Congreso de Guatemala, para que se les retire la inmunidad.  

El administrador del cementerio, César Ochoa señaló que desde el 2010 se producen derrumbes en el cuadro 23 de dicho camposanto, señaló que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) acordonó el área para evitar el paso, la medida no fue aceptada por las personas..

“Del viernes último – 22 – se han destruido 18 mausoleos y como consecuencia los restos de 12 osamentas. Todo es consecuencia de un colector que la Municipalidad de Guatemala tiene al final de esa parte del cementerio, se ha ido aflojando la tierra y como consecuencia se producen los derrumbes”, comentó Ochoa.

Muchas personas hicieron los trámites para exhumar los restos de sus familiares, para no perderlos en el derrumbe.

Monumento a Miguel García Granados

El administrador acotó que el monumento del expresidente de Guatemala, Miguel García Granados corre peligro debido a que está a pocos metros de donde se produce el derrumbe.

“Ya se le aviso al Ministerio de Cultura y Deportes y desde el lunes se empezó la gestión para trasladar el monumento a otro lugar”, dijo Ochoa.

El 30 de junio de 1871, el ejército liberal entró en la Ciudad de Guatemala y García Granados se convirtió en presidente provisional, gobernando hasta el 4 de junio de 1873. Con lo que se depuso al gobernante Vicente Cerna.

Derrumbe en basurero

El miércoles 29 de agosto de 2012, un usuario grabó un video donde se observa como el río de aguas negras que pasa por el relleno sanitario de la zona 3, provoca un derrumbe, este río, según las autoridades del Cementerio General es el responsable de que los sepulcros caigan al barranco. 

El fiscal contra la impunidad del Ministerio Público (MP), Óscar Schaad, dijo que está pendiente una orden de captura contra el vocero y gerente administrativo, Álvaro Dubón.

En la conferencia, el comisionado Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velasquez, dijo que por medio de escuchas telefónicas se logró establecer que los directivos del Intituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se comprometieron con representantes de Pisa para lograr la adjudicación del contrato.

Velásquez dijo que los encargados del IGSS recibirían entre el 15 y 16 por ciento del monto del contrato, aunque todavía no se ha establecido cómo se haría la distribución efectiva del dinero.

El comisionado agregó que Pisa participó en otro concurso del IGSS para ofrecer el servicio de hemodiálisis, pero este no se concretó porque “hubo un soborno mayor, de otra empresa, que también será investigada”.

La Fiscal General, Thelma Aldana informó que en el Ministerio Público fueron interpuestas dos denuncias vinculadas a este caso, una el 11 de marzo y otra 13 del mismo mes. El denunciante es la Procuraduría de los Derechos Humanos, por la muerte de cinco personas.

Aldana dijo que en esta denuncia se señalan los delitos de negligencia médica y homicidio culposo entre otros, situación que se investiga en la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas.

Capturado el presidente del Banguat

Hoy en la mañana, fue capturado el vicepresidente el Seguro Social, Roberto Suárez Guerra, quien representa a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, también fueron detenidos otros 14 funcionarios del IGSS, entre las órdenes de captura está la del presidente de esta Instituto Juan de Dios Rodríguez.

Las capturas según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP son por contratos anómalos que la directiva del Seguro Social avaló, entre ellos está el polémico contrato firmado con la Droguería Pisa y el IGSS.  

Una fuente del MP avisó que Rodríguez logró escapar de las autoridades de su casa ubicada en un condominio en la zona 16. Más tarde, Rodríguez fue ubicado en un sector de la zona 13, con lo cual la lista de capturados sumó 16.

El presidente del IGSS fue localizado en el centro asistencial privado Maranatha que está ubicado en la 13 calle 14-69 zona 13, a dos cuadras del aeropuerto internacional La Aurora. El MP pidió una orden de allanamiento para ingresar al hospital y lograr la captura. 

A primera hora, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de al menos cuatro personas empleados del Seguro Social, ellos son, Karla Ahidee Castañón Guerra, Doris Eluvia González Salazar y Mayra Lisbeth Gómez Suárez. El cuarto detenido es Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.

Molina Stalling, trabaja como asesor financiero en la subgerencia del IGSS.

La Feci señala a los detenidos de los delitos de fraude, asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones, cohecho activo y pasivo.

Los capturados

1. Otto Fernando Molina Stalling | Asesor financiero en la subgerencia del Seguro Social.
2. Herbeth Rodolfo García- Granados Reyes
3. Edgar René de la Pena Archila
4. Ramiro Armando Lorenzana Ortiz
5. Arturo Adolfo Castellanos Poou
6. Doris Eluvia González Salazar
7. Mayra Lisbeth Gómez Suárez
8. Alba Maritza Maldonado Gamboa
9. Delia Ahidee Castañón Guerra
10. Carmen Yadira Gil Quiñónez
11. Julia Amparo Lotan Garzona | Nombrada por los trabajadores.
12. Max Erwin Quirin Schoder | Vocal nombrado por los patronos.
13. Erwin Raúl Castañeda Pineda | Nombrado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
14. Julio Roberto Suárez Guerra | Nombrado por la Junta Monetaria.
15. Jesús Arnulfo Oliva Leal | Nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
16. Juan de Dios de La Cruz Rodríguez López | Nombrado por el Organismo Ejecutivo.

 
Según la Cicig y la Feci los ahora detenidos acordaron obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario con la Droguería PISA,  el contrato no llenó los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Seguro Social.
 

La audiencia de primera declaración fue programada para las 8 horas del próximo viernes, hasta entonces los detenidos permanecerán en la carceleta de la Torre de Tribunales.