El agente Roliberto Castillo explicó que el 24 de diciembre dos hombres fueron capturados por ebriedad y escándalo, pero ambos fueron liberados un día después.

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Castillo dijo que luego de los hechos violentos las autoridades locales intervinieron y todo regresó a la calma, no hubo necesidad de abandonar el municipio como ha ocurrido en otros poblados de Huehuetenango.

El policía refiere que por ahora realizan su trabajo con normalidad, sin precisar detalles del tiempo y procedimiento para reparar la unidad que fue dañada por un grupo de vecinos.

Impacta imagen

El empresario Basilio Chales aseguró que los incidentes fueron causados por una descoordinación pues en el pueblo se nombran comisiones de seguridad cuando hay fiestas grandes como el Día de Todos los Santos, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, entre otras, y estos grupos apoyan a la PNC para evitar que personas ebrias causen conflictos.

Añadió que los disturbios generan una mala imagen para el municipio, aunque aclara que no fueron todos los pobladores, pues se trató de una fiesta particular a donde él acudió, pero al notar que se salía de orden decidió retirarse.

Señaló que los responsables fueron plenamente identificados por lo que las autoridades deben investigar los hechos y deducir responsabilidades, pues muchos trabajan para promover el turismo y este tipo de acciones violentas solo les causa una mala impresión.

Chales opina que la seguridad es buena en el pueblo, pero esta vez faltó coordinación porque para las fiestas granes se coordina con las autoridades locales que se encargan de la seguridad y son nombrados por cada comunidad.

Aclara que a diferencia de otros municipios en Todos Santos Cuchumatán hay organización comunitaria, lo que permite mantener un orden, ellos apoyan a los policías para mantener la tranquilidad en las distintas comunidades y el área urbana, expuso.

Personal de la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizó un monitoreo para establecer los hechos y se constató que fue un grupo de pobladores el responsable de provocar los daños, lo que no ha sido motivo para que los agentes salgan del municipio y, por el contrario, los pobladores se encuentran molestos por el uso de violencia en contra de la PNC.

Se trató de obtener una versión del gobernador departamental, pero en su despacho se informó que el 23 de diciembre fue la última vez que llegó a la Gobernación Departamental.

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El tiempo ha pasado y las heridas de la guerra empiezan a sanar, principalmente en las nuevas generaciones que, si bien es cierto, ya no sufren por los enfrentamientos armados y las masacres, pero se enfrentan a otras realidades, la pobreza y la falta de desarrollo.

Esos dos factores obligaron a Agustín Gómez, de 47 años, a migrar hacia Estados Unidos junto a su hijo, Felipe Gómez Alonzo, 8; sin embargo, fueron detenidos el 18 de diciembre al cruzar la frontera a Estados Unidos por El Paso, Texas, de donde el día 23 fueron trasladados a la estación de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo, según información del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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De acuerdo con el servicio de vigilancia de fronteras de Estados Unidos (CBP, en inglés), durante el día 24 el menor presentó “síntomas de resfrío” que luego evolucionaron a “náuseas y vómitos”, por lo que fue llevado al hospital. Horas más tarde fue dado de alta, pero su condición empeoró y falleció.

Este caso es una muestra de la cruda realidad que se vive en esa comunidad, donde pocos habitantes, que no superan los mil, hablan español, pues predominan los idiomas maternos Chuj y Poptí. El clima es frío -y muy intenso de octubre a enero- y las fuentes de trabajo escasean, la mayoría de los pobladores vive de lo poco que consiguen en jornales o de sus cosechas de maíz y frijol.

Se sabe que muchas de las familias del lugar huyeron en 1982 de una incursión del Ejército y paulatinamente, después de la firma de la paz en 1996, han regresado en busca de sus propiedades; pero el desarrollo continúa sin llegar. Esa aldea colinda con la finca San Francisco, la cual fue escenario de una de las masacres grande de la guerra, donde murieron 250 personas.

Carolina Gutiérrez, integrante de la Red Mesoamericana Mujer y Migración, dijo que Yalambojoch es una de las comunidades de Huehuetenango más golpeadas por la extrema pobreza, por lo que muchas de las familias optan por irse en busca de oportunidades.

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Agregó que nadie -las autoridades- se acuerda de que esa comunidad existe, lo que se refleja con la falta de inversión estatal, pues los servicios básicos como energía eléctrica, drenajes y agua entubada son precarios. Además, el acceso a la educación es limitado, al extremo que el poblado más próximo es mexicano -Trinitaria, Comitán de Domínguez, Chiapas-, al que para llegar solo hay que recorrer nueve kilómetros.

Según fuentes locales, los vecinos de esta comunidad durante todo el año viven una odisea para conseguir trabajo, por lo muchos migran de manera temporal a campos de producción de melón de Campeche y Quintana Roo, México.  

Sin casusas establecidas

Las autoridades estadounidenses señalaron que no se conocen las causas de la muerte de Felipe y prometieron que se hará un “examen independiente y en profundidad de las circunstancias” del deceso.

El gobierno de Guatemala pidió una investigación “clara y resguardando el debido proceso”.

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Con la muerte de Felipe ya suman tres los niños fallecidos estando en resguardo de la Patrulla Fronteriza. Otro caso es el de Jakelin Caal Maquín, 7, originaria de la recóndita comunidad de San Antonio Secortez, Alta Verapaz.

El pasado 8 de diciembre, la pequeña murió entre fiebres, vómitos y convulsiones cuando estaba bajo custodia por la Patrulla Fronteriza de EE. UU., país al que viajaba junto a su padre, pues huían de la pobreza.

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El cuerpo de la pequeña Jakelin llegó el domingo por la tarde al aeropuerto de La Aurora, repatriado desde Texas, EE. UU. y fue inhumada el martes por la tarde.

Tercer caso

En agosto último, Yazmin Juárez, inmigrante guatemalteca, demandó a EE. UU. y solicitó una indemnización de US$60 millones por la muerte de su hija, de 21 meses, después de que esta se enfermó en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, informaron medios locales.

El abogado de la demandante, Stanton Jones, aseguró que el Gobierno “tenía el deber de proveer a esta niña pequeña de seguridad, condiciones sanitarias y cuidado médico apropiado, pero no lo hizo, lo que resultó en consecuencias trágicas”, según un comunicado recogido por medios estadounidenses.

El letrado argumentó que la niña entró en el país sana y que 20 días después le diagnosticaron una grave infección respiratoria que no superó.

Jones enfatizó que la menor no alcanzó los 2 años de edad porque ICE ofreció una atención médica “negligente”.
Juárez y su hija Mariee intentaron entrar de forma irregular en Estados Unidos el pasado mes de marzo, pero fueron arrestadas y enviadas al centro de Dilley, en Texas.

Los abogados de la guatemalteca aseguran que Mariee enfermó tras pasar a custodia del ICE, con fiebre superior a 38 grados, tos, congestión, diarrea y vómitos.

Pese a ello, una enfermera dio el alta a la menor pocos días después y dio el visto bueno para que viajara, lo que permitió a Juárez y su hija trasladarse a Nueva Jersey, donde reside la madre de la guatemalteca, tras ser puestas en libertad por las autoridades.

Sin embargo, la niña no superó la enfermedad y falleció el 10 de mayo en un Hospital Infantil de Filadelfia (Pensilvania) por insuficiencia respiratoria continuada.

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Pese a lo fuerte del percance, la mayoría de agentes salieron ilesos, según reportes oficiales.

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Autoridades informaron que la unidad esta asignada a la sede policial de San Miguel Acatán y que los agentes retornaban de una diligencia.

Agentes ilesos

• Gertrudes Matías Carrilo
• Reynerio Recinos Recinos
• Luis Delfino Ramírez
• Leonardo Bartolomé Velázquez
• Elías Joel López
• Érick Romeo Gómez López.

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En mal estado

Carlos Félix, alcalde de San Rafael La Independencia, advirtió que la carretera al norte del departamento se encuentra intransitable debido a la cantidad de baches y por el abandono por parte del Ministerio de Comunicaciones.

Agregó que algunos diputados solo llegan para tomarse fotografías aduciendo que el proyecto avanza, pero hay tramos donde “se debe detener por completo la marcha”.
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Añadió que se necesita experiencia para conducir en estas carreteras y no sufrir accidentes como el ocurrido a los policías.
Además, señaló que el tramo tiene descensos prolongados, por lo que se requiere un sistema de frenos en buenas condiciones.

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