Guatemala

|

Suscriptores

Arranca carrera en el Cang por el control de las comisiones de postulación para Cortes

El próximo 21 de junio están convocados los profesionales del Derecho para elegir a la planilla que los representará en las postuladoras para CSJ y Apelaciones.

HUGO ALVARADO

3 de junio de 2024

|

05:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Profesionales del Derecho han sido convocados para elegir a sus postuladores, el próximo 21 de junio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Tres semanas tienen las 10 planillas que fueron inscritas para competir por una representación en el proceso de selección para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como de la Corte de Apelaciones, autoridades que deberán estar electas y asumir el próximo 13 de octubre.

Mientras llega ese momento, el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), ya dio el banderazo de salida para que las distintas agrupaciones salgan a buscar el voto del gremio de abogados.

Para lograr adherir simpatizantes se han organizado congresos, eventos, reuniones en hoteles o en restaurantes a lo largo del territorio guatemalteco. Este tipo de actividades, algunas agrupaciones lo hicieron antes que se diera la autorización para llevarlas a cabo, con el fin de promocionar la agrupación.

LECTURAS RELACIONADAS

Presentan dos amparos más contra el proceso de renovación de cortes

¿Quién busca retener el control de la CSJ? Esto dicen las expertas

En la “agenda” de actividades de las distintas organizaciones gremiales, desfilaran expresidentes y abogados de amplia trayectoria, como invitados a los eventos en busca de captar más simpatizantes y conseguir un puesto en las postuladoras.

El voto duro

Los distintos candidatos tendrán que convencer al gremio de abogados que se ubican en los 22 departamentos del país. La mayor cantidad de votantes se encuentran en los siguientes lugares. La mayor cantidad de profesionales del Derecho se encuentra en la capital. Le siguen Quetzaltenango, Huehuetenango, Petén, San Marcos, Sacatepéquez y Escuintla.

Algunas planillas consultadas refieren que su proselitismo será un trabajo “hormiga”, donde cada uno de sus simpatizantes, desde su lugar de origen, realizarán diferentes actividades para lograr las adhesiones. Refieren que el factor económico es una limitante. La utilización de las redes sociales es parte de la estrategia que tendrán para promocionar el número que le corresponda a cada planilla.

Ludin García, integrante de la planilla Coalición Gremial, mencionó que, de conseguir formar parte de las Comisiones de Postulación para ambas Cortes, su objetivo será elegir nuevos magistrados y están en contra de la reelección, ya que han evidenciado la mora judicial en las diferentes judicaturas. Ellos promueven que lleguen profesionales con capacidad para agilizar los procesos judiciales.

Los actores

En las elecciones a cargo del Cang podrían existir factores o actores que estarían relacionados a este proceso que el próximo 21 de junio elegirá sus representantes ante las referidas comisiones de postulación.

Un mapeo realizado sobre las diferentes organizaciones que compiten en esta elección se puede mencionar que la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (Aspa), tendría nexos con algunos actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Nester Vasquez. Además, entre el círculo de abogados se señala a esta agrupación de tener alianzas con grupos en el Congreso.

Aspa es una de las agrupaciones más fuertes en contienda y en la última elección gremial consiguió ganar la Junta Directiva, Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral del Cang.

LECTURAS RELACIONADAS

CSJ suspende amparo que buscaba retirar la reserva del pacto colectivo del STEG

Adulterar plazo de CSJ sería ilegal y pernicioso

Otros grupos en contienda también son señalados de tener vínculos con exrectores y exdecanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quienes han construido una red de contactos alrededor del gremio.

El temor a que los postuladores puedan obedecer a intereses particulares se materializó con la petición pública de algunos grupos para que el actual rector de la Usac, Wálter Mazariegos, no presida ninguna de las comisiones para ambas Cortes.

Ven riesgos

Para el profesional del Derecho, Alejandro Balsells, actual asesor presidencial, existe el riesgo que estas elecciones pueden ser manejadas por diferentes actores que podrían influir en el proceso y en las sesiones de las Comisiones de Postulación.

“Yo veo riesgo cuando el propio presidente de la CC está en plena campaña para promocionar una planilla”, puntualizó.

Para lograr que estás elecciones sean transparentes para ambas Cortes, Balsells refiere que estarán presentes delegados de la Organización de Estados Americanos, una misión que le encomendó el presidente Bernardo Arévalo.

Integración de las comisiones

El proceso de elección de magistrados inicia con la integración de las comisiones de postulación que tendrán a su cargo convocar a los profesionales interesados, revisar, expedientes, evaluarlos, analizar denuncias de impedimento y seleccionar candidatos.

Para integrar la comisión de postulación para nominar a candidatos a la Corte Suprema de Justicia se integra de la siguiente manera: El foro de rectores elige a su representante, 12 decanos, 12 representantes del CANG, 12 magistrados de Apelaciones, para un total de 37 integrantes.

Para la comisión de postulación para nominar a candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones se integra con 37 miembros, que queda de la siguiente manera: un rector, 12 decanos, 12 representantes del CANG y 12 magistrados de la CSJ.

LECTURAS RELACIONADAS

La CC admitió a trámite segundo amparo que busca frenar el cambio en las Cortes en Guatemala

Grupos de poder buscarán controlar las comisiones de postulación por medio del Cang

Para la Corte de Apelaciones, la comisión debe seleccionar el doble del número de magistrados titulares. Existen 45 salas de apelaciones y cada una se integra con tres titulares, actualmente son 135 magistrados titulares y por lo que la comisión deberá postular un total de 270 candidatos.

El Congreso de la República deberá elegir a 135 titulares y 90 suplentes de los 270 candidatos a la Corte de Apelaciones.

Para la Corte Suprema de Justicia debe seleccionar a 26 candidatos, que corresponde al doble del número de magistrados que integran dicha Corte. El Congreso de la República debe elegir a los 13 que la integrarán.

Guatemala

|

Suscriptores

Marco Antonio Villeda: “La propiedad privada se respeta si es honrada”

El 29 de abril deja Marco Antonio Villeda el Juzgado de Extinción de Dominio, en medio de presiones para que la CC evalúe la viabilidad de la ley.

HUGO ALVARADO

16 de abril de 2024

|

05:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El juez Marco Antonio Villeda, en el despacho del Juzgado de Extinción de Dominio. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Marco Antonio Villeda ha dirigido durante 13 años el Juzgado de Extinción de Dominio y la Corte Suprema de Justicia decidió removerlo del cargo.

En la siguiente entrevista, Villeda habla sobre su cambio de judicatura, las acciones de inconstitucionalidad a la Ley de Extinción de Dominio, que cada vez se convierte en una posibilidad real, y el trabajo realizado.

¿Cuál fue su primera impresión al ser notificado de qué será trasladado del Juzgado de Extinción de Dominio?

Me sorprendió. Tengo 13 años de estar en este juzgado. Me han renovado entre tres o cuatro veces el período constitucional y nunca me habían trasladado de judicatura, hasta ahora.

El hecho de que no haya una explicación en concreto del porqué de mi traslado ahonda más en la incertidumbre a la sorpresa que ese traslado pueda ocasionar, tomando en cuenta que ese juzgado no tiene mora judicial desde su creación, ninguna denuncia por corrupción y sentencias confirmadas en un 99 por ciento.

LECTURAS RELACIONADAS

CSJ suspende amparo que pretendía frenar acciones del MP contra Semilla

Néster Vásquez: “La CC garantizó la alternabilidad del poder y el sufragio”

¿En algún momento percibió a qué podría deberse el traslado?

No. Lo que estuve escuchando por unos 15 días previo a que me notificaran oficialmente eran rumores de que ya se había tomado la decisión de trasladarme, en razón de que se había vencido mi período constitucional, y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tenía el criterio de que cuando a uno le renuevan el período constitucional, se lo pueden renovar enviándolo a uno a cualquier lugar.

¿Cuándo vence su período constitucional?

Se vence el 29 de abril de este año. La CSJ tomó la decisión, me parece, el 18 de marzo.

El acuerdo que se establece es que a partir del 30 de abril se renueva mi período constitucional, y debo tomar posesión en el Juzgado Segundo de Instancia Penal.

¿En otras ocasiones la CSJ explica el cambio o los motivos del traslado?

Lo que pasa es que hay un procedimiento establecido en la Carrera Judicial, donde la CSJ le tiene que otorgar audiencia al juez para que se pronuncie si está de acuerdo o no con el traslado. En mi caso, no se está utilizando la Ley de la Carrera Judicial, sino el período constitucional, y esa es la razón para hacer el traslado. Por ello, no hay ninguna necesidad de brindar una explicación.

¿Cada cuántos años se debe renovar el período constitucional?

Todo juez tiene un período constitucional de cinco años. Va a depender de la evaluación de desempeño de los juzgadores para que la CSJ puede renovar o no. En mi caso, mi evaluación de desempeño ronda los 90 puntos. La ley sí establece que cuando la evaluación de desempeño es satisfactoria, la CSJ debe renovar el período constitucional.

¿Cuáles son las principales dificultades que encontró en el juzgado?

En principio estábamos ante una nueva rama del Derecho. Era una nueva estructura, no era solo crear el Juzgado; también la Sala de Apelaciones, la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, encargada de administrar los bienes a favor del Estado, así como sentar las bases de los criterios jurisprudenciales que nos iban a servir para establecer si efectivamente estos bienes tenían un origen criminal o no.

No queríamos que el Juzgado fuera visto como un tribunal arbitrario o inquisidor, o que no se juzgara de forma objetiva.

¿Guatemala fue vanguardista en la región en la implementación de la Ley de Extinción de Dominio?

Hoy por hoy somos referentes en la región. Por poner un ejemplo, en el 2016 Guatemala fue evaluada por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat). En uno de los rubros donde salió mejor evaluado nuestro país fue en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. He sido invitado por la Comisión Europea, a Bruselas, Bélgica, a impartir una charla sobre cómo Guatemala había implementado esta normativa, ya que la Unión Europea estaba analizando si estas figuras que son jurídicas americanas se podían incorporar a sus normas. Guatemala es un ejemplo de buenas prácticas.

LECTURAS RELACIONADAS

MP pide que Q34 millones de Marco Tulio Abadío pasen a favor del Estado

Extinguen dinero vinculado a Arnoldo Vargas, condenado en EE. UU. por narcotráfico

¿Cuál ha sido el mayor aporte de este juzgado a la justicia?

Darle el sentido exacto que la Constitución le da al concepto de propiedad, en el sentido de que usted puede disponer de sus bienes siempre y cuando los haya obtenido dentro de la legalidad. Se ha mandado un mensaje contundente en el sentido de que no se puede adquirir un patrimonio de cualquier forma. No se puede tolerar que las personas adquieran o generen un patrimonio a partir de actividades ilícitas, sobre todo, hacerle entender a las personas que la garantía constitucional establecida en el artículo 39, con relación a la propiedad privada, se va a respetar única y exclusivamente si la propiedad procede del trabajo honrado.

¿Qué cosas quedan pendientes en el Juzgado?

Quedan varios procesos. Hay muchos bienes con medidas cautelares que están pendientes de que el Ministerio Público se pronuncie si van a iniciar las acciones de extinción de dominio o van a solicitar el levantamiento de las medidas cautelares. Este levantamiento solo procede si el MP, luego de la investigación, encuentra que estos bienes tienen un origen lícito.

¿Pero su avance depende del MP?

Sí. El Ministerio Público (MP) es el encargado de las investigaciones y presenta las acciones. Nosotros no podemos investigar, nuestra función se circunscribe exclusivamente a establecer si la tesis que plantea el MP con relación a un patrimonio se cumple o no.

¿Hubo una época en la cual se presentaron más casos acá en el juzgado?

Hubo un aumento de número de casos presentados en los años 2015 a 2018. Fueron los años que recuerdo de ese aumento exponencial que se presentaron acá y fue donde, si no estoy mal, fue que se dictaron más sentencias.

¿Qué casos se presentaron en ese entonces?

Empezó la Unidad de Extinción de Domino, presentando muchos casos de narcotráfico relacionados con los extraditables en ese momento. Luego eso cambió y los casos contra políticos señalados de haber incurrido en prácticas de corrupción aumentó al punto de que superó los casos que se habían presentado por actividades relacionadas al narcotráfico.

¿Aumentaron los casos contra políticos más que los relacionados con el crimen organizado?

Ya en ese momento sí, de 2015 a 2018. Básicamente, estos casos se presentaban contra bienes relacionados con actos de corrupción pública. Se superó a los relacionados al narcotráfico.

¿Cree que mejoró, se estancó o habido un trabajo eficiente desde que se creó la Fiscalía de Extinción de Dominio?

Yo lo que he visto en la Fiscalía es que hay mucha rotación de personal. Sí veo que ha venido a la baja la cantidad de casos que se han presentado en el juzgado.

LECTURAS RELACIONADAS

Exministro José Luis Benito es condenado a 2 años de cárcel por caso de maletas con Q122 millones

La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero

¿A partir de cuándo ha considerado esa baja?

No tengo un dato exacto de la fecha de cuándo esta baja empezó a ocurrir, pero a partir del 2020, que empecé a ocupar el cargo nuevamente, me he dado cuenta de que los casos de alto impacto y de grandes patrimonios criminales son los que se dilucidan ahora, son los que se presentaron entre el 2015 y 2018. Ahora el MP se ha enfocado más a extinguir vehículos que traen contrabando de la frontera, y en eso básicamente se concentra la mayor cantidad de casos que se presentan actualmente.

¿No ha recibido este juzgado casos del gobierno anterior?

No, ninguno. Ni de la administración que acaba de salir ni la anterior.

¿Cuál es su opinión en relación con las acciones que se han presentado en la Corte de Constitucionalidad sobre que la Ley de Extinción de Dominio es inconstitucional?

La constitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio ya ha sido abordada por la Corte de Constitucionalidad (CC), no en una, sino en varias ocasiones. En varias sentencias, la CC ya se ha pronunciado en que la Ley de Extinción de Dominio es constitucional, no riñe con la Constitución Política. Muchos me dicen que la CC se puede apartar de su propia doctrina, pero yo espero que la CC sostenga esos criterios que ha mantenido.

Esto ya se ha discutido mucho, no es una ley que viole el debido proceso, ni el derecho a la propiedad privada; hay un derecho de defensa. No hay violación a la presunción de inocencia, porque aquí no juzgamos personas, aquí juzgamos la situación jurídica de los bienes y sobre eso se pronuncia el juzgado. Los bienes no son inocentes ni culpables.

¿Qué pasaría si la CC cambia su criterio y resuelve que la Ley de Extinción de Dominio sí es inconstitucional?

Tendríamos que ver con todos los fallos que se han emitido. Muchos de los bienes extinguidos han sido dados a instituciones del Estado donde actualmente están instaladas fiscalías, juzgados, sedes de ministerios, vehículos o aeronaves. Otros bienes que tienen medidas cautelares también están en uso por otras instituciones.

Llegado el momento en que la CC declare inconstitucional esta normativa, habría que ver los alcances de esta declaratoria. Qué pasará con los bienes que ya tienen sentencia firme. Creo que sería un gran retroceso en la lucha contra la corrupción por parte de Guatemala. Dejaría la puerta abierta o sería un incentivo perverso para todo aquel que quiera dedicarse a actividades ilícitas, que quieran sustraer fondos del Estado.

¿Cuántas veces se ha pronunciado la CC al argumentar que esta ley no es inconstitucional?

Hay varias, no tengo el dato exacto. Pero la última vez que se pronunció la CC fue en el 2018. Pero siempre ha reiterado que la Ley es constitucional.

¿Si la CC cambia su criterio, todo el trabajo realizado en el juzgado estaría en riesgo?

Sí. Hay que analizar cómo quedaría la situación de los bienes que ya tienen sentencia firme y de los que tienen medida cautelar actualmente.

¿Cómo se siente con que ya en los próximos días entregará el cargo?

Tranquilo, por el trabajo realizado. Me voy satisfecho. Me hubiese dolido mucho salir cuestionado de este juzgado, salir por la parte de atrás. La función de juez es sagrada y hay que realizarla con la mayor honestidad, ética e intelectualmente. Eso lo replicaré al juzgado donde vaya.

¿No cuestionaría usted qué así como deja este juzgado al día y sin denuncias de corrupción, podría debilitarse?

Yo esperaría que no. Sí me dolería, por supuesto, que el trabajo realizado se viera disminuido. La persona que nombren en este juzgado espero que siga la misma línea de trabajo, con la misma ética y mística que hemos trabajado en estos 13 años todo el personal, no solo yo. Sería lamentable un retroceso en esta lucha que se ha hecho para de alguna manera recuperar todos esos bienes que tienen un origen ilícito.

“Como abogados vamos a interponer los recursos que sean necesarios en la ley, para evitar el atropello por la condición humana. Ya que es una persona de la tercera edad,  vamos a presentar las acciones a la brevedad posible. Estamos contra el tiempo”, dijo Rosales en conferencia de prensa, en la residencia del general retirado, ubicada en zona 15.

De acuerdo con Rosales,  una publicación en un medio televisivo extranjero destacó que el Hospital de Salud Mental es catalogado como de los peores de América Latina.

Zury Ríos, hija del general retirado, visiblemente afectada, responsabilizó al Tribunal de cualquier enfermedad que pueda adquirir su padre en dicho Hospital.

Dijo que no se oponen a que su padre sea evaluado, al punto que no sea a través del Estado, sino que ellos se hacen responsables de los costos económicos para su revisión médica.

“Me opongo como hija que sea en un Hospital catalogado el más violento, que sea tratado mi padre”, expresó Zury Ríos.

Ni el abogado ni la hija del general, emitieron opinión si el general tenía conocimiento de la decisión del Tribunal.

Ríos Montt junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez, están acusados por genocidio y deberes contra la humanidad, por las masacres ocurridas en el triángulo Ixil, Quiché entre 1982-1983.

A evaluación

El tribunal B de Mayor Riesgo decidió el pasado jueves que Ríos Montt permanezca 10 días en el Hospital Federico Mora para someterse a una evaluación y determinar así si padece de demencia senil, cómo asegura la defensa y certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El tribunal atendió la solicitud del Ministerio Público que sugirió que los exámenes del Inacif podrían estar alterados por los fármacos administrados al ex militar, entre estos Olanzapina, un medicamento para pacientes que sufren esquizofrenia y bipolaridad.

Aldana manifestó que el país vive un momento histórico y que se debe fortalecer más la institución para avanzar como un mejor país.

Representantes de organizaciones, entregan carta como muestra de apoyo al trabajo realizado. pic.twitter.com/Yak2UuR5Da

— MP de Guatemala (@MPguatemala) julio 24, 2015

“Hemos demostrado juntos MP y Cicig que podemos ayudar al país en el combate contra la corrupción, tengan la certeza queno obstante ante los ataques que puedan venir vamos a seguir trabajando con transparencia y con la seguridad que estamos transitando por la vía correcta”, habló Aldana.

Reiteramos el apoyo del Gobierno de #EEUU a @CICIGgt pic.twitter.com/ZK5SwJesdq

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) July 22, 2015

Mientras que Velásquez manifestó que este es un renacer ciudadano del país, en muy buena medida por representantes de organizaciones civiles que en este momento expresan públicamente el respaldo al trabajo del MP como de CICIG.  

“Es la sociedad y naturalmente los guatemaltecos que se trabaja en la reconstrucción para erradicar la corrupción”, dijo el comisionado.

La fiscal y Velásquez coincidieron que los antejuicios interpuestos en su contra es un acto de intimidación contra el trabajo.

Jóvenes se suman al apoyo

Integrantes de la Red por la Integridad, en su mayoría jóvenes, han mostrado también respaldo a la Comisión. En las redes sociales han publicado imágenes y videos donde brindan apoyo al trabajo del comisionado.

Algunos de los rostros de la red se observan en un video publicado en Youtube donde manifiestan el respaldo contra la corrupción en las recientes investigaciones reveladas por la Comisión.

El portavoz del cuerpo de socorro dijo que al perder la víctima sus reflejos se ahogó con su vómito.

Consuelo Arteaga de Quezada madre de la víctima, contó que su hija salió ayer -jueves- a las 14 horas de su casa ubicada en la zona 3, con destino a la universidad Mariano Gálvez.

La madre al llegar a la casa de la amiga le reclamó lo sucedido con su hija. La amiga contó que salieron a divertirse y a tomar algunas bebidas, dijo que Quezada se desmayó, entonces regresaron al apartamento y junto a su novio intentaron sacarla del vehículo, al no aguantar su peso decidieron dejarla adentro del auto.

Según la mamá le dejaron una nota a su hija. “Cuando te despertés subís al apartamento”.

Cuando amaneció la amiga al observar que Leila no subió al apartamento bajó al vehículo a buscar a su amiga y la encontró muerta.

Ana Lucía Alejos, una de las abogadas que presentaron la acción, manifestó que la medida es para proteger a los antes mencionados, ya que la manifestación de Líder podría incurrir en desorden, lo cual podría en riesgo la vida de los dos funcionarios.

La abogada se hizo acompañar de un grupo de sus colegas para plantear la exhibición personal.

Seguidores de Líder empezaron a concentrarse en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, para comenzar con su vigilia para expresar su rechazo que algunos de sus candidatos podría enfrentar a la justicia.

Tanto el MP como la Cicig solicitaron antejuicio contra Edgar Barquín Donis, candidato vicepresidencial de Líder, así como contra los diputados Manuel Barqúin Donis, hermano del vicepresidenciable y Jaime Martínez Lohayza ya que los tres podrían estar vinculados a un caso de lavado de dinero y por ello se pidió antejuicio contra ellos.

Escuchas telefónicas vincula a los tres que se pidió antejuicio con Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, quien fue financista del partido políticio Gran Alianza Nacional, en el 2011 y les habría dado Q1.4 millones.

Los legisladores evitaron hablar de la  vigencia de la normativa hasta ayer, último día de discusión.

La única propuesta diferente provino de Roberto Alejos, del bloque  Todos, quien planteó que cobrarán vigencia los artículos relacionados con la reelección, voto nulo, transfuguismo y postulación de diputados por  los comités cívicos.

Fue respaldada solo por Encuentro por Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Mario Taracena y Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), insistieron en que la propuesta de   poner en vigencia artículos para esta elección era inaceptable y técnicamente imposible.

“Ya no da tiempo para que los comités cívicos puedan hacer asambleas, porque requieren de, por lo menos, 140 días, y para las elecciones solo quedan dos meses. Tampoco es posible el voto nulo, por el nuevo calendario”, recalcó Barreda.

La propuesta de Alejos incluía retrasar la primera vuelta de las elecciones al 10 de noviembre. “Lo que pasa es que tienen miedo de que todo se les pueda escapar de las manos porque se incluyen más ofertas de candidatos y porque aumenta el costo”, afirmó.

La propuesta que fue dictaminada ayer, consta de 85 artículos y une las iniciativas del  TSE, varios artículos de la iniciativa 4783, que ya tenía opinión de la Corte de Constitucionalidad (CC), y observaciones de la mesa multidisciplinaria que integró el Congreso a principios de junio.

Ausencia

Aunque calificaron de logro la aprobación del dictamen, los diputados temen la ausencia de Libertad Democrática
Renovada (Líder), cuyos integrantes no acudieron a las reuniones de la Comisión.

Selvin García, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), informó: “Con los bloques que participamos en la Comisión llegamos, exagerando, a 90 votos. Para que pase se requiere de la bancada Líder, pero nunca vinieron”.

“Esta iniciativa es tan buena que dudo mucho que pase en el Congreso”, manifestó Alejos.

Con excepción de la presidenta de la Comisión, Líder no firmó el dictamen. Faltaron las firmas de Carlos Milián y  Leonardo Camey, quienes se ausentaron de la discusión desde el primer día.

Para aprobar las reformas se requieren 105 votos y tres lecturas, por ser de carácter constitucional. Hoy se necesita la presencia de esa cantidad de diputados para darle trámite en primera lectura, antes de ser enviada a la CC, para su  opinión.

Desde el 2008, el Legislativo ha recibido 25 iniciativas para reformar la Ley Electoral, tres de ellas presentadas por el TSE. La que llegó más lejos fue la 4783, que recibió opinión de la CC el año pasado, pero había quedado engavetada.

El diplomático reschazó que exista intervención extranjera en Guatemala, eso lo deberían de expresar los guatemaltecos, manifestó Robinson. 

Fridel de Léon, vocero del partido Líder, habló hoy en radio Infinita y dijo que hay intervención extranjera que tiene la intención de dañar a dicha organización política.

Robinson salió al paso también en defensa de la Cicig y en particular del comisionado Iván Velásquez: “Es una persona que no habla tonterías, el jefe de Cicig es un investigador con mucha experiencia aquí y en Colombia”, dijo.

Sería un error de la clase política pretender desconocer las declaraciones del Comisionado, ya que sus investigaciones están bien trabajadas y serías, puntualizó Robinson.

Las declaraciones del diplomático se dieron despues de visitar las instalaciones de la Fundación de Antropología Forense con el objetivo de saber cómo trabaja esa entidad.

#EEUU apoya la labor de @CICIGgt en el país pic.twitter.com/F5TijSuGXG

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) July 22, 2015

Robinson mencionó, que la sede diplomática fue cerrada como medida de protección para las personas que llegan a efectuar trámites a dicha embajada.
 
Además, se tomó esa decisión ya que no había información específica en relación a qué hora saldría la protesta y los puntos que recorrerían los simpatizantes de Líder. Dijo que mañana estará abierto el público la sede diplomática.

Desde ayer por la noche la Policía Nacional Civil, reforzó la seguridad  en los alrededores de la embajada de los Estados Unidos y en la casa del embajador para prevenir posibles ataques.

El ente investigador aportó cuatro mil 815 folios, que incluyen las escuchas telefónicas, así como documentos financieros que evidencia el movimiento del dinero de los 24 detenidos.

También hay documentos que fueron incautados en los 20 allanamientos que se llevaron a cabo. Además, informes oficiales de las instituciones que identifican a los empleados de la SAT.

Se programó para el 10 de agosto próximo, la audiencia en la cual se decidirá si enfrentan juicio por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera  y cohecho.

Por este caso está prófugo Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la Vicepresidencia de la República, presunto cabecilla de la estructura criminal.

La Cicig, en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), inició la investigación en mayo de 2014, con la sospecha que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando y, tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos en las aduanas.

La investigación se desarrolló en ocho meses, incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura, 66 mil sesiones de interceptación telefónica, seis mil comunicaciones electrónicas, cotejo y análisis de documentos por expertos financieros.

Jacinto García, líder de la Alianza Obrera Campesina, informó que el motivo de protestar hoy nuevamente para que la Comisión Internacoinal contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de a conocer los nombres de los “grandes” empresarios que evaden impuetos y que estarían involucrados en el caso denominado La Línea, por evasión aduanera.

El líder de la referida Alianza, manifestó que buscan que tanto el presidente Otto Pérez Molina y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez les programen una cita para conversar sobre ese asunto.

También piden que se mejoren los programas sociales ya que algunas personas no reciben la bolsa alimenticia y que se abastezcan de medicinas en los Hospitales Nacionales, puntualizó García.

Los manifestantes ya se retiraron del lugar y el paso quedó libre.

Adelantó que el jueves, podrían ir de la CSJ a la Plaza de la Constitución para denunciar la judicialización de la política, a raíz de las investigaciones que la CICIG y el Ministerio Público (MP) han realizado contra seis diputados de esa agrupación y a su candidato a la vicepresidencia Édgar Barquín.

De León aprovechó para atacar a Prensa Libre, al calificar de maliciosa la edición impresa de ayer donde se destacó en portada y dos páginas interiores la preocupación que manifestaron sectores sobre la protesta que tiene programada el partido Líder.

El portavoz de Líder agregó que hay un intento de judicializar el proceso electoral y señaló que los procesos de investigación no deben de hacerse mediáticos: “Desde el Gobierno de la UNE, este órgano de investigación internacional inicio a hacer conferencias de Prensa y hacer show mediático”.

CC otorga amparo

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo solicitado por el partido Líder, a través de su secretario general Roberto Villate.

La resolución de la CC garantiza la protección temporal del momiviento públic y manda a las autoridades a permitir el ejercicio del derecho de manifestación, además de preservar el orden público para prevenir y evitar actos de provocación o de violencia.

El amparo también manda  a la Procuraduría de Derechos Humanos a verificar y mediar en casos necesarios, durante la actividad anunciada por el partido Líder.

“Es una irresponsabilidad, son presunciones”, dijo en declaraciones a la radio.

Mencionó que hoy decidirán qué acciones van a tomar para mañana siempre en el mismo sentido de manifestar su inconformidad por las investigaciones.

Se contradicen

El vicepresidenciable de Líder Édgar Barquín, estuvo en otra radio (Emisoras Unidas) y explicó que se concentrarán en el Centro Cívico y que de ahí no saldrán. Puntualizó que no habrá caminata a ningún lado.

Barquín mencionó que la vigilia va dirigida contra la intervención extranjera, para que se respete el estado de Derecho y el proceso de elecciones y sobre todo que se lleven a cabo los comicios generales el próximo 6 de septiembre.

Despliegue policial

Desde ayer por la noche la Policía Nacional Civil comenzó a patrullar los alrededores de la Corte Suprema de la Justicia (CSJ), Corte de Constitucionalidad, Congreso de la República, la Embajada de los Estados Unodos y la sede de la CICIG como medida de prevención ante cualquier desorden.

Reiteramos el apoyo del Gobierno de #EEUU a @CICIGgt pic.twitter.com/ZK5SwJesdq

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) July 22, 2015

Hoy por la mañana, la PNC instaló cámaras de vigilancia en algunos puntos de la avenida Reforma, y lo mismo ocurrió en la CSJ, la plaza central y otros puntos del posible recorrido de la manifestación.

Su hermano Manuel y Martínez Lohayza son diputados al Congreso por el bloque Líder.

Sostuvo que fue financista de la Gran Alianza Nacional (Gana) y por ello están los cheques que acreditan el dinero aportado a dicha organización política en el 2011. “No soy financista de Líder”, expuso dentro de la carceleta en el juzgado primer B de Mayor Riesgo antes que empezar la audiencia de primera declaración en su contra.

Cree que esta situación se debe a que es un año electoral. “Mi empresa es muy reconocida en Jutiapa lleva más de 25 años”, puntualizó “Chico Dólar”.

En la investigación efectuada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala refiere que la captura de Morales Guerra se debió ya que supuestamente encabeza una estructura criminal dedicada al lavado de dinero entre los años 2008 y 2011, done habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar unos Q837 millones los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico.

Escuchas telefónicas comprometen a los integrantes de Líder con el capturado Chico Dólar.

Audios comprometen a Édgar Barquín

Prensa Libre tuvo acceso a las escuchas telefónicas que según la investigación de Cicig, vinculan a Edgar y Manuel Barquín, y al parlamentario Jaime Martínez con Chico Dólar, en una red de lavado de dinero.

https://twitter.com/MPguatemala/status/623523197569269760

Los audios podrían determinar la relación de Francisco Edgar Morales Guerra con los diputados de Líder y el candidato a la vice presidencia por esa agrupación política.

La Cicig el pasado miércoles reveló detalles de una investigación donde supone que a través de “favores y protección política” Morales Guerra, alias Chico Dólar, financió la candidatura de Jaime Martínez, diputado de Jutiapa, así como el financiamiento del partido Gran Alianza Nacional (Gana), también vinculado a Manuel Barquín.

 

En los próximos días será nombrado el fiscal especial.

La Fiscal General anunció también que fortalecerá la fiscalía de Delitos Electorales ya que a la fecha han ingresao 180 denunciadas relacionadas a los supuetos ilícitos.

Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se refirió en el informe  de cómohttps://twitter.com/MPguatemala/status/623514887034007552

se financian los partidos políticos en Guatemala donde resalta que la corrupción es la principal fuente de financiamiento de las organizaciones políticas.

Velásquez resaltó que está demostrado que: “la corrupción es la unificadora del sistema político  guatemalteco” y que la mayor parte del financiamiento de la política de Guatemala “procede de la corrupción”, pues “hay autofinanciamiento”.

El comisionado detalló que hay un papel determinante dentro del esquema: el del recaudador que se acerca a estructuras criminales, tiene independencia en las campañas presidenciales y movilizan recursos directamente al candidato a quien ni siquiera le dicen el nombre de los donantes o el monto del aporte, ni establece con claridad cuál es el compromiso con estas personas.

Guatemala es propicia para cometer delitos electorales

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG), presentó hace una semana su informe sobre la financiación de los partidos políticos en el país; el comisionado Iván Velásquez habló de redes de corrupción, monopolios de medios y la filtración del narcotráfico alrededor las organizaciones políticas.

Velásquez se refirió de cómo se financian los partidos políticos en Guatemala donde resalta que la corrupción es la principal fuente de financiamiento de las organizaciones políticas.

El candidato a la presidencial de Encuentro Por Guatemala, expuso que este proceso electoral  es distinto a otros eventos, ya que la coyuntura que se vive está enmarcada por la investigación de casos de corrupción en distintas instituciones del Estado.

El binomio que hace falta que se determine si va a participar en el proceso electoral es el que conforma Zury Ríos y Luis Mirón que van por el partido político Visión con Valores (Viva).
 
Por decisión del TSE fue rechazada su inscripción ya que tiene prohibición constitucional.
Es por ello que Ríos presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia contra la decisión del  TSE.

Luis Enrique Cruz, quien participa como candidato a alcalde por la ciudad de Guatemala por Viva, también recibirá hoy su credencial para competir por dicho cargo.

Anabella de León, del Partido Patriota fue la primera en recibir el documento para competir por dicha alcaldía.
 

El paso a los vehiculos se abrió por unos minutos, luego el grupo regresó y volvió a bloquear el paso.

El 5 de junio, el mismo grupo que este martes bloquea la calzada Roosevelt, el Periférico y la calzada San Juan, llevaron a cabo un bloqueo de más de cinco horas en la capital, ese día presentaron la misma demanda contra la Comisión Intenacional contra la Impunidad en Guatemala, (Cicig).

https://twitter.com/gsanchez_pl/status/623520341843775488

Cacif pide no confrontar

En un comunicado de Prensa, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, (Cacif), pide coherencia y sensatez a los representantes de los partidos políticos y grupos sociales para mantener la calma y no alterar el orden público. “Nos oponemos a todo llamado que traiga consigo la confrontación”, dice el comunicado.
 
La cúpula empresarial explica que todos los procesos deben llevarse a donde corresponde y deben ser las autoridades las que sin presiones, resuelvan los casos.

Entre los empujones con los agentes y policías, los vehículos sonaban sus bocinas. pic.twitter.com/q785maqN1q

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) July 21, 2015

Líder se desliga de blqueos

El diputado de Líder, Carlos Herrera, desligó a esa agrupación política de las protestas de hoy, “No sé quienes son, solo escuché que era para que se metiera a los corruptos presos”.

Afirmó que la intención de Líder es hacer una vigilia en la que no se atacará ni se le pedirá la renuncia a nadie.

El diputado dijo que no se tiene fecha para hacerla, “es cuestión de tiempo”. “Lo importante en esto es que no se esté especulando sobre que Jueves Negro, que Miércoles Negro, se está exagerando, se está diciendo cosas que el partido Líder no quiere hacer”, expresó.

Agregó “Le pese a quien le pese, le moleste a quien le moleste el doctor Baldizón es el que va primero y no lo podemos evitar.

Pero esto de va a ganar con votos, no con relajo en la calle ni maltratarnos entre nosotros”.

“No sé que dicen que es el clamor popular, si en los barrios, en las aldeas es una alegría las reuniones, solo en ciertos medios dicen que hay clamor popular y que hay un problema en Guatemala. Que hay corrupción, hay corrupción; que hay problemas, hay problemas, eso sería negarnos a nosotros mismos”, puntualizó.

El nuevo ministro de la Defensa, sustituirá a Manuel López Ambrocio quien dejará el cargo el 31 de julio próximo. Él llegó al cargo en 2013 en sustitución de Ulisis Noé Anzueto, quien pasó a dirigir la Secretaría de Inteligencia Estratégica, pero fue separado del cargo por orden del presidente Otto Pérez Molina.

En lo que respecta al resto de la cúpula militar el  Viceministro, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Isnpector General asumirán los cargos el próximo 30 de julio. Mientras que el nuevo ministro de la Defensa asumirá el 31 de julio, según información oficial.

Los que serán los nuevos jefes del Ejército tienen el grado de generales de Brigada.

El comunicado fue publicado este lunes a dos días que simpatizantes y afiliados del partido Lidertad Democrática Renovada (Líder) lleven a cabo una manifestación que saldría de la Corte Suprema de Justicia y se dirigía a las instalaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el motivo de la movilización será protestar contra la “judicialización de la política”.

De acuerdo con Gobernación Departamental si los participantes de dicha actividad vienen de lugares fuera de la capital, deberán percatarse que los buses que los transportan cumplan con el seguro de transporte respectivo, no pernoctar en el lugar señalado de la actividad, no poner en riesgo la vida, salud e integridad de los participantes.

Por tal motivo, Gobernación busca que las personas que protesten en favor de Líder no manifiesten de forma violenta.

Despliegue policial

La ministra de Gobernación Eunice Mendizabal, informó que para este día, habrá un despliegue de agentes de la Policia Nacional Civil (PNC), en áreas cercanas a donde los grupos protesten. “Si fuera necesario usaremos la fuerza” habló la ministra al explicar los agentes usarán la fuerza en casos extremos. 

La Policía informó que colocará las cámaras de vigilancia en los alrededores del Palacio Nacional y la plaza central para prevenir posibles disturbios.

Jueves Negro y Viernes de Luto

El jueves 24 y viernes 25 julio de 2003, centenares de eferregistas fuera de control tomaron las calles y sectores de la capital. Con los rostros cubiertos y armados, con palos, piedras, machetes y armas de fuego exigieron la inscripción de José Efraín Ríos Montt, como candidato presidencial del FRG.

Además, pesaban las presiones políticas y las manifestaciones realizadas en julio del 2003 conocidas como el Jueves Negro y Viernes de Luto en las que existieron evidencias de que fue orquestada por miembros del FRG para exigir la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial.

Con días de antelación habían planificado que el Hipódromo del Norte, en la zona 2, la avenida de Las Américas, en la zona 13, y el Centro Cívico, serían los puntos donde se reunirían para iniciar las protestas a favor del caudillo eferregista.

La movilización obedecía a las palabras de Ríos Montt, quien el lunes 21 advirtió que si no era inscrito como candidato, era posible que perdiera el control de las bases del partido y se suscitaran actos de violencia.

“Estamos llegando a un punto que se pueden salir de control del Comité Ejecutivo algunas acciones de simpatizantes”, dijo ese día. Tres días más tarde cumplía la advertencia.

Durante los dos días de caos, los grupos cercaron los edificios de la Cortes Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.

La controversia regresa este año, el partido Líder define con sus bases llevar a cabo una protesta en contra de la Cicig que en las últimas semanas pidió retirar la inmunidad a cinco diputados de esta organización política y,  a su vicepresidenciale Edgar Barquín con lo cual se corre el riesgo de que el binomio de Líder no pueda competir según analistas.

Con pancartas muestran su apoyo a Iván Velásquez, jefe de Cicig, por encabezar el trabajo contra la corrupción que han denunciado tanto en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, según expresaron David Barrios y Miguel Ángel Chun, participantes de la marcha.

Los manifestantantes, le piden a los automovilístas que pasan por el lugar, que hagan sonar las bocinas de sus vehículos como medida de apoyo a la Cicig. La mayoría de conductores lo hacen, refirieron Barrios y Chun.

El apoyo podría demorar lo necesraio, expuso Barrios.  Las instalaciones de Cicig son resguardadas por elementos de la Policía Nacinal Civil.

Manifestantes piden a conductores que pasan frente a Cicig que suenen sus bocinas en apoyo al trabajo de Velásquez pic.twitter.com/oYG6ByBgyR

— Glenda Sánchez (@gsanchez_pl) julio 20, 2015

Congresistas estadounidenses elogian trabajo de Cicig

Durante abril úlitmo y antes que la Cicig, sacara a luz los casos de corrupción en Guatemala, congresistas de ambos partidos elogiaron los logros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y resaltaron la importancia de la renovación de su mandato.

Un comunicado de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA en ingés), el Comité de Derechos Humanos Tom Lantos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, sostuvo una sesión informativa sobre el impacto positivo de la CICIG. Esta sesión se efectuó en el contexto de las discusiones en el Congreso sobre la solicitud de la administración de mil millones de dólares en asistencia económica para Centroamérica.

Adicionalmente, los copresidentes del comité—el republicano Joseph Pitts y el demócrata Jim McGovern—reconocieron la importancia de la comisión.

“La CICIG ha sido una de las iniciativas más exitosas para promover y consolidar el estado de derecho en Guatemala”, acotó uno de los congresistas.

 Ellos reconocieron que el sistema de justicia guatemalteco todavía es muy débil. “Si bien los resultados que la Comisión ha ayudado a lograr son impresionantes, todavía queda mucho por hacer para garantizar la sostenibilidad de ellos”, señalaron los legisladores.

Como muestra de rechazo los trabajadores lanzaron papeles de los distintos pisos.  Los sindicalistas no prestan el servicio en las primeras horas de este día, según explicaron integrantes de dicho sindicato.

El público puede ingresar al edificio pero el servicio podría ser irregular, advirtieron los trabajadores.
 

Los detenidos son sindicados por los delitos de robo agravado, abuso de autoridad, detención ilegal con circunstancias agravantes, asociación ilícita y conspiración.
Ellos son:

• Oficial Primero, Santos Isabel Barahona Rivera, Subdirección General de Prevención del Delito
• Oficial primero Edvin Alexander León Miranda, Comisaría 14 PNC; 
• Agente Josué Nehemías Pérez Pérez, Subdirección General de Prevención del Delito;  
• Agente Everildo Julián Temas Mazariegos, Subdirección General de Prevención del Delito
• Agente Arnulfo Córdova Marroquín, Comisaría 12.
• Agente Rosenda Mercedes Juárez Soto, Comisaría 11.
• Agente Esteban Cálate Sarpec, Subdirección General de Prevención del Delito
• Agente Emisael Ramírez Jiménez, Subdirección General de Prevención del Delito
• Agente Álvaro Bernando López Jerónimo, Subdirección General de Prevención del Delito.
• Agente Walter Alexander Jerónimo Espinoza, Subdirección General de Prevención del Delito.
• Agente Marco Antonio León Miranda, Subdirección General de Prevención del Delito.

Los particulares son: Marlin Estuardo Méndez del Cid, de 27 años; Adelso Luis Sagastume Reyes, de 33 años y Víctor Hugo López.

Barahona Rivera fue detenido en la 5ª. Avenida A, colonia San Martín  5-52 zona 3, Palín, Escuintla. Se le incautó un arma de fuego, tres pares de grietes, 6 teléfonos celulares y dos computadoras.

Los hechos

Las pesquisas realizadas por la Fiscalía Distrital de El Progreso, lograron establecer que el 16 de mayo de este año, los integrantes de esta estructura –algunos de ellos uniformados-,   ingresaron a una fábrica y venta de bambú ubicada en la ruta al Atlántico, donde fingieron estar interesados en comprar muebles. Los sindicados, amarraron al propietario de la empresa y dos empleados, mientras ellos revisaban todo el lugar, sustrayendo equipo de cómputo, dinero en efectivo, armas de fuego legalmente registradas a nombre del dueño de la fábrica, municiones, el equipo de cámaras de seguridad que funcionaba en el lugar así como tarjetas de crédito.

Gastaron dinero

Se logró determinar que las personas particulares vinculadas al grupo delictivo, el mismo día del robo, utilizaron las tarjetas de crédito en diferentes comercios de la ciudad capital durante la noche y el día siguiente del hecho. La fiscalía documentó que en lapso de horas, gastaron alrededor de Q25 mil en combustible, comida, entre otros. El juzgado contralor de este proceso será el de Primera Instancia Penal de El Progreso.
 

La Cicig el pasado miércoles reveló detalles de una investigación donde supone que a través de “favores y protección política” Morales Guerra, alias Chico Dólar, financió la candidatura de Jaime Martínez, diputado de Jutiapa, así como el financiamiento del partido Gran Alianza Nacional (Gana), también vinculado a Manuel Barquín.

Por este caso, la candidatura de Manuel Baldizón a la presidencia está en peligro, al considerarse como posible que el Registro de Ciudadanos anule la inscripción de Édgar Barquín si avanza el proceso de antejuicio en su contra.

Édgar Barquín en la primera de las escuchas telefónicas habla con Chico Dólar:

En otro de los audios es el diputado del partido Líder por Jutiapa Jaime Martínez que se comunica con Morales Guerra:

En un cuarto audio que tuvo acceso Prensa Libre, es el diputado Manuel Barquín, diputado de Líder de Petén también se comunica con Chico Dólar:

La investigación

El jefe de la  Cicig Iván Velásquez presentó la investigación y junto al Ministerio Público solicitó los tres antejuicios en contra de políticos de Líder, por asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

Velásquez también confirmó la captura de  Francisco Morales Guerra, conocido como “Chico Dólar”, que supuestamente encabezaba una estructura criminal dedicada al lavado de dinero entre los años 2008 a 2011, donde habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico.

Según Velásquez, Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos, sin embargo se determinó que no era así. Mantenía una relación con los hermanos Barquín y el diputado Martínez donde a cambio de protección, financiaba actividades políticas.

En la estructura también había empleados de la SAT y de un banco del sistema, quienes mantenían contactos, información y protección sobre Morales Guerra.

En conferencia de prensa Edgar Barquín, acompañado del director de comunicación de Líder Fridel De León y el diputado Roberto Villate, señaló a Gustavo Alejos de estar atrás de los “ataques” a la campaña de Líder.

“Esta situación, sumada a una difícil implementación por parte de las instituciones, ha resultado en la existencia de muy altos niveles de impunidad electoral”, afirmó el Comisionado.

Destacó que, del 2007 a mayo del 2015, el Ministerio Público (MP) solamente ha conocido 326 denuncias, y de estas, un número muy inferior ha recibido un tratamiento que permita tener salidas procesales positivas.

“En relación con el padrón electoral, se confirma que el número de denuncias es proporcionalmente bajo, motivo por el cual es posible inferir un notable subregistro de delitos electorales”, destacó Velásquez.

No hay denuncias

Por los registros tan bajos de los últimos años, Velásquez precisó que “podría decirse que no existe en Guatemala una cultura de denuncia de delitos electorales”. Como ejemplo citó: “Excepto la formulada ayer, no hay denuncias por financiamiento ilícito en los ocho años examinados en el MP”.

“Hay una alta impunidad en delitos electorales, cifras que oscilan entre el 95 por ciento y el cien por cien de impunidad; es decir, Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia”, afirmó Velásquez.

Debilidad institucional

En el informe, la Cicig resaltó que en el 2010 el Congreso aprobó el delito de promoción, propaganda, campaña o publicidad anticipada, y que “lamentablemente, este tipo penal fue declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 27 de febrero del 2011, imposibilitando de tal forma el accionar sancionatorio de las instituciones de justicia penal y facilitando la continuidad de estas prácticas de las organizaciones políticas, las cuales son lesivas al principio de transparencia y a la democracia”.

Otro ejemplo es la falta de controles para garantizar que los partidos no gasten más de lo autorizado en un proceso. Es por ello que en los comicios del 2011, con dos excepciones, todos los partidos que participaron gastaron más de lo que reportaron como ingresos.

“De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, más de Q300 millones no fueron reportados como ingresos de los partidos y fueron empleados en la campaña electoral”, dijo el Comisionado.

Resaltó que tres partidos fueron los que superaron el límite de gastos establecidos por la Ley y dos de ellos fueron los que más votos obtuvieron en las elecciones para la Presidencia y la Vicepresidencia.

Urgen reformas

Afirmó que el régimen de sanciones es muy débil y resulta insuficiente, por lo que la Cicig afirmó: “Debe apoyarse la aprobación del proyecto de reformas para el fortalecimiento del régimen político electoral del Estado de Guatemala presentado por el TSE al Congreso, el cual contiene modificaciones a la Ley Electoral”.

“Consideramos que estas reformas constituyen un paso importante para la transformación del sistema electoral”, aseguró.

La juzgadora resolvió enviar a los sindicados al Centro Preventivo para Varones de la zona 18 y a las mujeres a Santa Teeresa.

Entre los señalados que iban a prestar su primera declaración se encuentra el exsecretario general de la Presidencia y yerno del presidente Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez.

 https://twitter.com/hugoalvarado_pl/status/620639333972729856

A Martínez el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) lo señalan de tráfico de influencias al programar en la agenda del presidente reuniones con directivos de Jaguar Energy a petición de César Medina Farfán.

Jueza suplente Virginia De León, envía al preventivo de zona 18 ex funcionarios y particulares por caso redes y mujeres a Santa Teresa.

— Hugo Alvarado (@hugoalvarado_gt) July 13, 2015

Jueza programó para mañana a las 9 horas audiencia de primera declaración por caso redes.

— Hugo Alvarado (@hugoalvarado_gt) July 13, 2015

Es así como Martínez gestionó el requerimiento y facilitó que los ejecutivos de Jaguar Energy se reúnieron con Pérez Molina, en relación al proyecto eléctrico catalogado como la mayor inversión en Centroamérica por US$900 millones para la construcción de una planta eléctrica. En este caso está involucrado el exmministro de Energía y Minas, Edwin Rodas Solares.
 
Medina Farfán, influye en Martínez para que se pueda incluir por segunda ocasión una cita para abordar un problema entre Jaguar Energy y una empresa china encargada de la construcción del proyecto por la deportación de ciudadanos chinos.
 
Martínez manifestó que analiza si declarará porque espera conocer a profundidad el caso por el que se le señala, a pesar que había anunciado que si lo haría. Por aparte indicó que sufre quebrantos de salud.

El expediente enviado por EE. UU. establece que Ramírez Barrios fue delatado por un grupo de sus colaboradores, detenidos entre el 2007 y el 2009.

Con las pruebas enviadas contra Ramírez Barrios, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal deberá determinar si es viable su extradición a aquel país que lo acusa de asociación delictuosa para poseer sustancias controladas en una embarcación, así como ayudar e instar a personas para poseer sustancias controladas.

En el documento firmado por el juez Federal Anthony Porcelli destaca que la Fiscalía de ese país inició las pesquisas contra Ramírez en el año 2007, y  fue en diciembre del 2009 cuando se logró la orden de captura y su formal acusación.

Alias León del mar recibía cargamentos de droga desde Colombia, Centroamérica, Ecuador y Perú, que eran trasladadas a México.

“Según el relato de algunos de sus colaboradores, Ramírez era el jefe de la organización y utilizaba a pescadores locales y a otros individuos para trasladar el cargamento”, detalla el documento.

El proceso también refiere dos incautaciones efectuadas entre el 2007 y el 2009, cuando se le decomisaron más de tres mil 350 kilos de cocaína por la intercepción de seis embarcaciones.

Ramírez Barrios se encuentra en prisión preventiva desde el 2 de octubre de 2010, cuando fue detenido en Suchitepéquez.

Los condenados son Luis Alberto Yumán Garrido, Francisco Concoguá Martínez, Juan Carlos Policarpio Chinchilla, Maynor Aroldo Gutiérrez, Héctor Estuardo González Morales, Cristian Joel Rojas, Roberto Rivera Chacón y Luis Urzúa Salguero por asesinato y asociación ilícita.

El exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) Rivera Chacón, quien integró la banda se convirtió en colaborador eficaz. Su testimonio sirvió para que el Ministerio Público lograra incriminar a Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, en el proceso en su contra por la muerte de 14 personas vinculadas con el narcotráfico.

El caso del Taquero se encuentra pendiente de que México autorice si puede ser investigado por los hechos ilícitos relacionados con la muerte de otras 14 personas. Ese trámite debe efectuarse porque cuando Montiel Marín fue extraditado de México solo podía ser procesado por el caso de la quema del bus, en el cual ya fue enviado a juicio.

Los hechos

Las pesquisas determinaron que las muertes están relacionadas con problemas de drogas entre el Taquero y grupos opositores al control de territorio y a la venta de drogas en Zacapa.

Sin embargo, algunas de las 14 muertes también se dieron contra sus propios colaboradores, quienes le robaban dinero producto de la droga.

Entre las víctimas se cuentan dos colombianas, quienes aparecieron baleadas en un tonel, y atadas de pies y manos.

Según la investigación, la muerte de las extranjeras se debió a que ellas no entregaron dinero que pertenecía al Taquero.

En otro caso, en Santa Elena Barillas, Villa Canales, fueron encontrados seis cadáveres en un vehículo, el 25 de febrero del 2010.

Los 14 crímenes se cometieron entre el 2008 y el 2010, y el Ministerio Público le imputó a la banda seis hechos, que incluyen las 14 muertes.

Por ese proceso penal nueve señalados ya murieron.

Algunos de los sindicados, entre ellos el Taquero, están vinculados con la quema de un bus en Zacapa, donde murieron 15 nicaragüenses y un holandés, en el 2008.

Policarpio Chinchilla ya fue condenado a 820 años, por la muerte de los extranjeros.

Según investigadores se presume que el ex funcionario integraba una red que intercambiaba favores entre el Ministerio de Energía y Minas a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y  donde se pudo haber beneficiado con un contrato de US$120 mil, pagados por la empresa Jaguar Energy a través de un contrato ficticio con una tercera persona.

La estructura también estaba integrada por el exministro de Energía y Minas, Edwin Ramón Rodas, Lidia Lucrecia Roca Morales y Filadelfo Reye y César Medina Farfán, este último vinculado con el gobierno de Alfonso Portillo como supuesto testaferro y responsable de desviar dinero desde el Ministerio de la Defensa hacia cuentas en Panamá entre 2000 y 2004 y se vincula en uno de los negocios el conocimiento y beneplácito de Carlos Muñoz, entonces Superintendente de Admnistración Tributaria en ese entonces.

El jefe de Cicig Iván Velásquez, indicó y confirmó tener la documentación necesaria que señala a Martínez de acomodar  la agenda de Pérez Molina para que se concretaran las reuniones entre el Presidente y las empresas que necesitaban resolver algún problema.

Velásquez señaló que Martínez aprovechó su cercanía con el Presidente para favorecer a empresas que se acercaron a él por intermediación de César Medina Farfán.

El pasado 2 de junio, Martínez renunció al cargo con el propósito de no “desgastar” al Gobierno de Pérez Molina. Este es otro golpe para el mandatario pues el 20 de mayo último fue capturado Juan de Dios Rodríguez, ex secretario privado del gobernante y presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss).

Intercambio de favores

En conferencia de prensa conjunta entre el MP y la Cicig, se informó que Medina Farfán era un gestor que se valía de sus influencias de funcionarios del más alto nivel, para intercambiar favores entre funcionarios públicos y empresas privadas.

Así habría beneficiado también a la empresa Z Gas, con el cambio de una poliza de resguardo de producto, la que se habría alterado de US$5 millones a Q5 millones, que finalmente fue lo que se pagó.

El jefe de la Cicig, Iván Velásquez descartó que en la investigación exista algún vínculo con el presidente Otto Pérez Molina, que suponga que él estaba enterado de las negociaciones de Martínez, Farfán y las empresas privadas señaladas.

Según la Fiscal General, trabajadores de Jaguar Energy y Z Gas tienen orden de captura pendiente de ejecutar.

Presidente no renunciará

El presidente Otto Pérez Molina descartó su renuncia este jueves, pese a conocerse la detención de su ex secretario privado y esposo de su hija Gustavo Martínez.

“Algunos me preguntan si voy a renunciar, yo les digo, lo más fácil para mí hubiera sido renunciar desde el principio pero estoy cumpliendo un mandato constitucional que fue otorgado por el pueblo y lo voy a respetar. No voy a renunciar, voy a seguir en la lucha, aunque me quiten la inmunidad…” dijo Pérez Molina durante una reunión en Izabal con el Consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon.

Los empresarios capturados son importadores que supuestamente se beneficiaban con la estructura, según la investigación encabezada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los delitos por los que quedaron ligados a proceso los empresarios son cohecho activo y defraudación aduanera.

Los detenidos

1. Julio César Cotzajay Yax
2. Young Min You
3. Antoun Batach Mksoud, árabe
4. Liyun Chen
5. Julio César Emanuel Miranda González
6. Miao Miao.
7. Ahmed Ben Blanco Gramajo
8. Mirna Lucrecia Montenegro Armas
9. Hugo Jo Hu

La Línea

El 16 de abril último, a través de una investigación que llevó a cabo la Cicig y el MP, lograron desarticular una red de defraudación aduanera dirigida, supuestamente, por el exsecretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón, quien se encuentra prófugo.

Vinculado a la estructura fue capturado Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el extitular de la institución, Carlos Enrique Muñoz Roldán. Además otras 17 personas fueron aprehendidas, incluido Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, quien estuvo ligado a la red de contrabando del fallecido Alfredo Moreno.

Los abogados se basan en publicaciones del diario elPeriódico, según dicha publicación Víctor Hugo Hernández figura como accionista y socio fundador de Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, S. A. y Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S. A., empresas que en junio de 2013 pagaron Q20 millones por el 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, S. A., casa editora de los periódicos Siglo 21 y Al Día.

Hernández se  desempeña como empleado de las empresas de limpieza y mantenimiento de canchas deportivas de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Baldetti y, quien se presume es el cabecilla de la estructura criminal la Línea y que está prófugo.

Bajo investigación

Siete cuentas bancarias de Baldetti fueron congeladas por un juzgado de Extinción de Dominio, además de tres propiedades también a su nombre. Al exposo, Mariano Paz se le embargaron ocho fincas que suman más de 11 hectáreas de terreno y las que habrían sido compradas por unos Q3 mil.

La investigación en contra de la pareja Paz Baldetti se da por las dudas en cuánto a la adquisición de todos esos bienes con los sueldos y ahorros que ambos pudieron llegar a tener de forma lícita.

La fiscalía expuso que el embargo de los bienes debe mantenerse porque no corresponden los montos reportados al valor real de las propiedades y que ninguno de los dos tiene el perfil económico para haberlas adquirido legalmente.

Durante la diligencia se presentaron cuatro escuchas telefónicas en donde el sindicado negocia el soborno con integrantes de esa organización delictiva.

En este caso el MP lo señala de haber cometido los delitos de casos especiales de defraudación aduanera
Y cohecho activo.

Se tiene previsto que el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resuelva mañana si Aziz Aranki, enfrentará un segundo proceso por defraudar al Estado, así como los otros nueve empresarios implicados en el pago de sobornos a La Línea, quienes fueron detenidos la semana pasada.

Según las investigaciones los clientes de estructura La Línea buscaban pagaban un 40% del impuesto que les correspondía a la SAT, y para ello preferían pagar un soborno del 30% a la red que supuestamente era liderada por Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti; y se ahorraban un 30%, que era defraudado al fisco. Así el Estado perdía un 60% de sus ingresos al fisco.

De acuerdo con las conclusiones del Inacif, el militar retirado padece un deterioro congnitivo que le impide rendir adecuadamente en términos de pensamiento y juicio. Además por su edad continuará el deterioro.

“Al momento actual no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales, y no es capaz de contribuir en su propia defensa. En consecuencia no es competente para asistir ni atender audiencias judiciales”, dice el Inacif.

La jueza de Mayor Riesgo A, Patricia Flores, recibió el informe forense y ahora lo que procede es remitirlo al Tribunal de Mayor Riesgo B, quien establecerá si lo acepta antes del día de la audiencia o bien el 23 de julio próximo, fecha programada para el inicio del debate contra el militar.

La defensa adelantó a Prensa Libre que solicitará al Inacif una certificación del informe forense para poder presentarlo a donde corresponde.

Ríos Montt, fue condenado en un primer juicio a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad. Pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia.

Ríos Montt gobernó Guatemala de 1982 a 1983. En los días previos al golpe de Estado, en el país se vivía un ambiente de inestabilidad debido a los atentados de la guerrilla y el acoso del Ejército contra poblados civiles, sobre todo en áreas rurales.

Los implicados son Julio César Cotzajay Yax, Young Min You, Antoun Batach Mksoud, Liyun Chen, Julio César Emanuel Miranda González, Érick Miao Miao, Ahmed Ben Blanco Gramajo, Mirna Lucrecia Montenegro Armas y Hugo Jo Hu.

Para la audiencia se solicitaron traductores en mandarín y coreano, aunque en una interceptación telefónica se oye que Miao Miao habla español.

En las escuchas telefónicas presentadas ayer en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, el Ministerio Público destacó la conversación entre Miao Miao y Julio César Aldana Sosa, en la cual negocian sobre la forma como pagará por sus productos y el monto que debe dar a La Línea.

En otras comunicaciones se evidencia la planificación para alterar una factura, para que pueda ingresar la mercadería sin ser detectados.

La diligencia sigue este martes.

El ataque ocurrió frente a la subestación de la División de Seguridad Turística (Disetur) de la Policía Nacional Civil, ubicada en la citada dirección. En ese lugar el Ministerio Público localizó tres ojivas de bala.

Los capturados son, César Rogelio Guevara Deras, de 22 años, hijo de la jueza del Tribunal Quinto Penal,  Gilvin Otoniel Coy, 34, quien portaba una pistola y Abraham Ichich, 27, agente de seguridad del Organismo Judicial, portaba una pistola calibre 9 milímetros.

De acuerdo con la versión del herido, los ocupantes de un vehículo de color corinto los persiguieron y en la mencionada dirección lo balearon.

Según el reporte, los agentes de la Disetur creyeron que el ataque era contra la subestación, debido a que las balas rompieron las ventanas.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales, mientras el herido fue ingresado a la emergencia del Hospital San Juan Dios. El caso está bajo investigación del Ministerio Público.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los Q52 millones habrían sido desviados a cuentas personas de los detenidos y familiares, pero también a una sociedad anónima recién creada en el país canalero.

Los operativos se efectúan en Chiquimula, la capital y otros departamentos de país.

Fueron 12 órdenes de captura ejecutadas entre trabajadores de la PNC y del ministerio de Gobernación; pendiente de captura Miguel Ángel Arana Paz.

1. Héctor Rodriguez Heredia,   ex subdirector general de apoyo logístico
2. Juan Carlos Oliveros Bethancourt
3. Elden Leonel Cabrera Chan
4. Audrey Fabiola Gutiérrez Letona
5. Mario de Jesús Ovando López
6. Cleotilde Elvia Cabrera Chan
7. Byron Regalado España
8. Gaby Francineth Regalado España
9. Otto Aníbal Escalante Miranda
10. Fredy Arnoldo García Sical
11. Dirk William Alfredo Zea Muñoz
12. Aura Chic

Las aprehensiones se dan por las acusaciones de asociación ilícita, fraude, concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Versiones preliminares indican que esa red mandaba a reparar las autopatrullas a talleres fantasmas y con sobrevaloración de los servicios y repuestos.

La conferencia de prensa para ampliar los detalles de la investigación y cómo operaban los funcionarios será a las 16 horas en el MP, donde también participará la Cicig.

Empresas no existen

Primero, la Revista ContraPoder reveló el 21 de noviembre de 2014 que la subdirección que dirigía Rodríguez Heredia adjudicó Q33 millones a cinco empresas que no existen y vinculadas a Cabrera Chan.

Asimismo, esa investigación comprobó que por lo menos Q10 millones se pagaron por servicios de los que no hay evidencia de que fueron prestados, es decir, vehículos que nunca fueron reparados o que se les arregló lo mismo dos veces.

ContraPoder también determinó que se pagaron montos millonarios por el remozamiento de estaciones policiales por parte de una constructora, pero que en realidad ese trabajo lo hicieron trabajadores de la misma Policía.

Después, en enero de este año, el diario elPeriódico publicó un reportaje en el que cita las conexiones entre varios de los implicados en la red de corrupción con una empresa registrada en Panamá.

En esa nota, Rodríguez Heredia negó vinculación con esa compañía, pese a que su nombre y el de sus exasesores aparecen como socios en el  Registro Público de Panamá.

Cómo operaban

La fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, informaron por la tarde que la red de corrupción constituyó una sociedad anónima en Panamá, a la cual desviaban los recursos y a cuentas bancarias.

Las formas para sacar el dinero de la PNC eran tres: adquirir bienes y servicios para autopatrullas –reparaciones mecánicas-, contratación de obras y servicios para subestaciones –reparaciones y remozamientos- que fueron realizadas por el mismo personal de la Policía, y la adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por más de Q12 millones.

En ninguno de los tres casos se concretó el servicio de la contratación, o éste era realizado por trabajadores de la PNC, pero se pagaba a una empresa fantasma.

“¿Cuántos de esos Q52 millones fueron apropiados por los integrantes de esta red?”, indicó Velásquez. Ese dato se obtendrá, añadió, con lo que se averigua en Panamá más lo que se consiga en el curso de la investigación que, estimó, podría llevarse “máximo tres meses”.

Según el Registro General de la Propiedad, los otros siete bienes se ubican en el mismo departamento, pero no se precisaron direcciones.

Según la investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, Paz Montes compró las propiedades en seis meses del 2008.

El 29 de julio de ese año adquirió la finca situada en el kilómetro 89, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, por Q1 mil.

Ese terreno tiene una extensión de 35 mil 870.73 metros cuadrados —alrededor de 3.5 hectáreas o cinco manzanas—.

El 12 de diciembre del 2008 compró dos bienes, a Q100 cada uno. Cada terreno mide dos mil 236 metros cuadrados, uno de los cuales se llama La Colina.

cinco en un día

Según datos del Registro de la Propiedad, Paz Montes adquirió cinco fincas en un solo día.

Un terreno en Tecpán, Chimaltenango, con una extensión de tres mil 354 metros cuadrados, le fue vendido a Q400, el 11 de noviembre del 2008.

Otra propiedad mide 559 mil metros cuadrados, y la compró a Q150.

Una de las fincas que compró ese día fo rma parte de La Montagna, y la obtuvo por Q600. Mide 67 mil 416.95 metros cuadrados.

Por Q400 compró un terreno que mide dos mil 236 metros cuadrados.

La última adquisición le costó Q150, con una medición de 559 metros cuadrados, según documentos a los cuales Prensa Libre tuvo acceso.

El notario Édgar Ernesto Herrera de León redactó las actas de compra para todos los bienes.

No encuadra

Según la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de Lavado de Dinero, la solicitud de embargar los bienes se hizo porque Paz Montes no tiene el perfil económico para poseer esas propiedades, y por ello se pidió que se inmovilizaran.

Cuando sea citado al Juzgado de Extinción de Dominio, tendrá que explicar la forma en que adquirió los bienes.

El proceso de extinción de dominio empezó contra él, ya que su esposa, la ex vicepresidenta Íngrid Roxana Baldetti Elías forma parte de la investigación para extinguir propiedades de personas vinculadas con la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea.

La Ley establece que los bienes pueden ser embargados cuando integrantes de una familia son investigados.

Prensa Libre buscó la versión de Mario Cano, abogado de Paz Montes, pero no respondió las llamadas a su celular.

En el 2008, Baldetti Elías terminó su primer período como legisladora, y se reeligió para el siguiente —2008-2012—, pero en el 2011 solicitó permiso para ausentarse de las sesiones plenarias ya que competía por la Vicepresidencia de la República por el Partido Patriota. A finales de ese año, ese partido ganó los comicios, por lo que Baldetti Elías asumió la Vicepresidencia el 14 de enero del 2012.

Congelan cuentas

Siete cuentas bancarias de la ex vicepresidenta, cuyo monto en un banco del sistema nacional asciende a Q6.6 millones, fueron inhabilitadas por parte del Juzgado de Extinción de Dominio.

El vínculo de Baldetti Elías con La Línea surgió a través de Juan Carlos Monzón Rojas, su ex secretario privado.

Como parte del proceso contra Baldetti Elías se han inmovilizado cuentas de ahorro, monetarias, fondos de pensión, plazo fijo en quetzales y cuentas en dólares a plazo fijo.

También se embargaron tres fincas propiedad de la ex vicepresidenta y su esposo.

Las mismas se ubican en el condominio Marina del Sur, Escuintla; Terra Vista, Fraijanes; y en Jardines de la Asunción, zona 5 capitalina. Además, quedaron retenidos dos helicópteros de sociedades anónimas registradas en Belice.

Baldetti Elías tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Los juzgados Segundo y Noveno Penal llevan los procesos por el contrato anómalo de la limpieza del Lago de Amatitlán y la defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Ahora será el MP el que deba comenzar diligencias para investigar a la exfuncionaria y determinar cuándo empezará un proceso penal en su contra.

Cano también es defensor de Baldetti Elías, y recientemente apeló la resolución del Juzgado de Extinción de Dominio, con la cual se declaró el embargo de tres propiedades a nombre de la ex vicepresidenta.

El abogado dijo que el perjuicio que la exfuncionaria afronta por la inmovilización de los inmuebles se relaciona con una deuda que tiene con bancos, por Q26 millones.

Explicó que Baldetti Elías pidió préstamos por la referida suma, y como garantía de pago presentó las propiedades que se encuentran en proceso judicial.

Los bancos anunciaron que derivado de las medidas precautorias emitidas a los inmuebles de la exdignataria no se puede seguir considerando que las propiedades tengan la calidad de garantía de pago de los préstamos, por lo cual exigieron la devolución del dinero.

Baldetti Elías y Paz Montes apelaron la resolución del Juzgado de Extinción de Dominio por considerar que sus bienes fueron adquiridos en forma lícita y esta acción les causa un perjuicios económicos.

Denuncia a juez

Paz Montes denunció el 29 de abril último, en el Ministerio Público, a Sergio René Mena Samayoa, juez de Paz, quien luego de haber recibido una exhibición personal a favor de Monzón Rojas autorizó el allanamiento de sus propiedades.

Según Cano, el juez ordenó los allanamientos “de forma ilegal”, porque estos solo pueden ser autorizados por un juez de Primera Instancia.

El abogado agregó que las residencias eran privadas, y no públicas, por lo que Mena Samayoa no tenía facultades para ordenar las inspecciones.

Las fallecidas son Betzy Álvarez Cuyán de 33 años y la menor, Ashley Milagros López, de 8 años. Ambas murieron a su ingreso al Hospital Roosevelt.    

Los heridos son la menor Emily Soto Hernández, de 1 año y diez meses hija del atacante; Keily Dayana López Hernández de 14 años; Karen de la Cruz Monroy, 21 años; Ruth Noemí Hernández, 30 años (madre de la menor) y Federico Soto Marroquín de 40 años. 

En este momento, las autoridades policiales se encuentran tras la búsqueda del presunto responsable del ataque, indicó en conferencia de prensa, el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, brindó hoy declaraciones por el ataque armado ocurrido la noche del sábado, cuando el ahora prófugo, comenzó a disparar contra los familiares de su pareja.

Al parecer la pareja tuvo una discusión en las afueras de la iglesia alrededor de las 20:30 horas, cuando la mujer intentaba presentar en el oficio religioso a  la hija de ambos, de un año y diez meses. La pareja tiene creencias religiosas distintas. Cuando la esposa ingresó al templo, el ex conviviente comenzó a disparar a ella y contra los presentes.

Los inmuebles se localizan en la colonia Saravia, zona 5 y la colonia Militar Lourdes, zona 17, viviendas relacionadas según la información del Ministerio Público con personas que actualmente se encuentran procesadas por el caso La Línea.

Las diligencias se han calificado como de “inspección, registro y secuestro”, con la finalidad de “fortalecer el proceso que lleva la Fiscalía de Extinción de Dominio”.

La Línea

El pasado 16 de abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), reveló una investigación donde involucraba a funcionarios de la SAT, incluso al mismo Superintendente de la institución.

La investigación reveló que la estructura, supuestamente liderada por Juan Carlos Monzón, ex secretario de la vicepresidencia y hasta ahora prófugo, se dedicaba a acciones de contrabando en las principales aduanas del país y con la ayuda de importadores y tramitadores aduaneros defraudaban al fisco.

Según la Cicig: “la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “la línea”, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT”.

En varias escuchas telefónicas que han servido como evidencia para que el MP y la Cicig demuestre las acciones ilegales, se menciona a un diputado y la empresa Siboney, S.A, negociando la renta del inmueble al Seguro Social.

FRANCISCO CORTEZ: Qué tal Lic., Diputado ¿cómo está?, gusto de saludarlo
MASCULINO: mi amigo mucho gusto ¿cómo ha estado?
FRANCISCO CORTEZ: bien hombre aquí mire, echando punta
MASCULINO: va que me alegro, mire una preguntita, fíjese que como se está, más que todo es una consulta, se está ya preparando todo lo que es lo eléctrico interno todo lo están preparando va
FRANCISCO CORTEZ: aja, aja
MASCULINO: pero no así la parte de afuera que es la colocación de un transformador, que es una serie de trámites porque desde que el periodo de Álvaro Arzú privatizaron el INDE entonces es complicado fíjese
FRANCISCO CORTEZ: si
MASCULINO: lo que yo quería comentarle era que, como ya hay un servicio a nombre de SIBONEY, S.A. entonces no se puede pedir otro servicio a nombre de SIBONEY
FRANCISCO CORTEZ: si
MASCULINO: eso es lo que me dijeron, entonces tendría que ser, permítame un segundito Lic., un segundito oye
FRANCISCO CORTEZ:  no tenga pena
MASCULINO: entonces le decía de que…, de que tendría que ser a nombre del IGSS; ¿quién es el que tramita todas esas cosas ahí? ¿Qué departamento para darle toda la información?
FRANCISCO CORTEZ: si sería a nombre nuestro, seria ya con el administrador
MASCULINO: a va
FRANCISCO CORTEZ: con el de CHIQUI, ellos serían los encargados de hacer toda la gestión
MASCULINO:  vaya entonces ahorita yo me movilizo, yendo con el director y con el administrador, oye
FRANCISCO CORTEZ:  vaya Diputado no tenga pena, oye
MASCULINO: ¿Cómo va todo, va bien todo?
FRANCISCO CORTEZ: ya le pusimos fecha, ahorita cabal voy a llamar a Lester, porque ayer le pusimos fecha de (no se entiende) oferta y ahí quedo la visita para que Lester nos apoye ahí en unas cosas va
MASCULINO: muy bien Lic.
FRANCISCO CORTEZ: y responda todo lo que ha hecho, porque todo eso no… no… supuestamente lo tienen que hacer va entonces
MASCULINO:  …va le agradezco mucho y ya están poniendo el elevador oye, le cuento
FRANCISCO CORTEZ:  vaya está bueno Diputado no tenga pena.

FRANCISCO CORTEZ: con lo que ya pactamos y que esconda todo lo que ha hecho, porque se la tenemos que hacer cansada a esta gente, va Diputado, así como que no, que no hay nada pues porque eso es solo entre nos verdad
MASCULINO: si por supuesto
FRANCISCO CORTEZ: a los demás que lleguen, entonces, pero siempre gracias, yo ahorita me comunico con Lester Diputado oye, yo espero que a más tardar, dentro de hoy estamos a ocho (8) va, ya la fecha de recepción creo que está para el quince (15) o dieciséis (16) algo así, espero que ya empiecen  a trabajar lo antes posible solo recepcionamos y un par de días y ya miro yo quien gana y ya previo a firmar contrato que empiecen, va, para ahorrar tiempo, verdad
MASCULINO: si porque fíjese que a lo que concierne a la S.A., prácticamente estamos cumpliendo pero vamos a ser sacrificados como un mes, por el atraso que hubo del entabicamiento, pero esa cosa fue de la parte administrativa de ahí del IGSS verdad
FRANCISCO CORTEZ: si, si, si, (cuando se recepciona lo del entabicado de Chiqui) ahorita le digo la fecha exacta que se recepciona eso
MASCULINO:ujum
FRANCISCO CORTEZ: permítame Diputado oye  ahorita le voy a dar la fecha, hay una fecha ahí de visita también, pero es donde necesito yo platicar con Lester (de la administradora que usted tiene allá…), si me da chancecito le regreso la llamada horita en unos dos (2) minutos oye
MASCULINO: va estoy pendiente, muchas gracias oye
FRANCISCO CORTEZ: va muchas gracias…

FRANCISCO CORTEZ: fíjese Diputado que el 17 de diciembre recepcionamos eso ¿oye?
MASCULINO: estarían comenzando ¿cuándo?
FRANCISCO CORTEZ: diecisiete (17) estamos hablando de miércoles, yo creo que ellos empiezan primero Dios el veintidós (22) o veintitrés (23), porque fíjese usted, que para efectos de firma de la SAT, habría que esperar diez (10) días hábiles después de la adjudicación
MASCULINO: si pues
FRANCISCO CORTEZ: después de que aprueben la adjudicación y nosotros no vamos a esperar eso, lo que vamos es que empiecen de una vez para que terminen primero Dios, por ahí por el diez (10) doce (12) de enero
MASCULINO: si
FRANCISCO CORTEZ: si esperamos eso mucho tiempo, entonces solo vamos a recepcionar a adjudicar lo más rápido que podamos y con la aprobación de la adjudicación, les decimos miren, yo sé que no hemos firmado contrato, pero por favor empiecen de una vez
MASCULINO: si yo le voy a decir a Juanito va  del atraso que hubo y que el sacrificado no puedo ser yo, porque fíjese que nada que ver en eso y cómo es posible que yo vaya a, los platos rotos, yo los voy a pagar, entonces no es posible, pero digamos este, porque el elevador incluso el diecinueve (19) terminan de instalarlo, ahorita están trabajando el… elevador, o sea que todo está nítido aquí, lo único el entabicamiento
FRANCISCO CORTEZ: si
MASCULINO: el transformador ahorita lo van a instalar también, fíjese 
FRANCISCO CORTEZ:ujum correcto
FRANCISCO CORTEZ: bueno está bien Diputado, entonces como  le digo nosotros corrimos, porque mire sacamos dictámenes, el evento lo montamos rapidísimo, porque montar estos eventos se lo juro, que llevan un tiempal, pero nosotros lo hicimos en un tiempo ahí sí que, a tiempo luz, si hombre porque hay que sacar dictamen legal, dictamen técnico, proyecto dejar publicado el proyecto, eh pero una vez que logramos arreglar todas esas cuestiones ahí sí que eléctricas y todo y que pues para lo mejor posible, porque como querían sacarlo era… no era la mejor manera pues verdad, porque no hubiera llegado nadie y le juro que hubiera llegado febrero y no nos pasamos, pero ya con esto gracias a Dios ya solventamos oye
MASCULINO:   si va muchas gracias, entonces nos estamos platicando
FRANCISCO CORTEZ: no tenga pena estamos para servirle oye…

En otra conversación, Cortez se comunica con Lester Ortíz, también capturado la última semana. Ahí se hacen las últimas accines antes de adjudicar la renta del inmueble…

LESTER: hola buenos días
FRANCISCO CORTEZ: Lester ¿cómo estás? te saluda Francisco Cortez, de aquí de oficinas centrales, simón
LESTER: qué manda
FRANCISCO CORTEZ: fíjate Lester que te quiero pedir un favor 
LESTER: ¿qué será?
FRANCISCO CORTEZ: mira pues, mañana es la visita para el evento
LESTER:ujum
FRANCISCO CORTEZ:ahí, ya, entonces vos tenés los cuchumbos allí de todo lo que has hecho
LESTER: eh todo está arriba en el cielo ahorita para cuando venga
FRANCISCO CORTEZ: ok, ahorita no se ve nada
LESTER:  no se ve nada 
FRANCISCO CORTEZ:  va entonces mira pues, yo voy hablar con el administrador ahorita
LESTER:ujum
FRANCISCO CORTEZ: pero yo necesito que el administrador, te selle a vos una cuestión que está en las bases, ¿vos no has visto el NOG? 
LESTER: no
FRANCISCO CORTEZ: ¿vos si sabes de GUATECOMPRAS o algo así no?
LESTER:  sí, sí, he visto
FRANCISCO CORTEZ: va te voy a dar el NOG
LESTER: pero no cargo en que apuntar ahorita
FRANCISCO CORTEZ: no tenés yo te lo mando por mensaje de texto
LESTER: a vaya está bien
FRANCISCO CORTEZ: (esa hoja tráemela vos por fa) y ahí te voy a poner en que página está la constancia de la visita, esa constancia la imprimís, te voy a decir a nombre de qué empresa va vos, que es la que va a salir adjudicada, oíste
LESTER: a vaya, ok
FRANCISCO CORTEZ:  yo voy hablar con aquel, porque mira pues, no ningún cerote, todos tienen que estar antes de las ocho (8) el que llegue después de las ocho (8) ya no le sellan nada oíste
LESTER:ujum
FRANCISCO CORTEZ: porque con eso los cerramos, va vos
LESTER:ujum
FRANCISCO CORTEZ: porque aquí no puede ganar nadie más que este CHATO, porque ese es el que se tiene que arreglar con vos y con toda la mara va…

FRANCISCO CORTEZ: que hubo Lester
LESTER: buenos días  
FRANCISCO CORTEZ: ya estuvo la cosa va
LESTER: ya, ya estuvo yo aquí llevo el sello sellado, con hora ocho (8) y tres (3) lo puso
FRANCISCO CORTEZ: está bien Lester buena onda oíste
LESTER: ahí estamos
FRANCISCO CORTEZ: ahí estamos entonces
LESTER: vamos a tener que pensar en, yo pensaba darle una canasta navideña, pero parece que no, va a ser botella navideña entonces
FRANCISCO CORTEZ: (se ríe) está bueno Lester, vamos a tomar un par de guaritos oíste
LESTER: yo oí cuando lo llamo también a usted   estaba diciendo que nada que gracias
FRANCISCO CORTEZ: (se ríe) puta no vaya a ser que quisiera otra cosa está pisado vos
LESTER: así abajo calzoncito no, eso es muy caro
FRANCISCO CORTEZ: está muy feo ese gordo pisado (se ríe)

FRANCISCO CORTEZ: señor Diputado ¿Cómo está?
MASCULINO: mi amigo, ¿Cómo está?
FRANCISCO CORTEZ: gusto en saludarlo, bien, bien hombre, le cuento que ya van a empezar allá, los muchachos, oye  
MASCULINO: ¿Cómo dice Lic.?
FRANCISCO CORTEZ: le cuento que ya van a empezar por allá los muchachos, le digo
MASCULINO:  a va, si porque fíjese que, hoy yo estoy aquí en Chiquimula y no han venido, y yo, y nosotros ya mandamos a pintar todo, oye, por nuestra cuenta   
FRANCISCO CORTEZ: a muy bien Lic. Muchas gracias, oye, Dios me lo bendiga
MASCULINO: así, que ¿no sabe cuándo… cuando vienen? ¿Si vienen hoy no?
FRANCISCO CORTEZ: no, no se con Lester, les di el número de Lester para que coordinen lo del entabicado y la cuestión eléctrica 
MASCULINO: si, como el personal de Lester está parado, porque ellos dicen que van a venir, hasta el veintisiete (27) fíjese usted  
FRANCISCO CORTEZ: el veintisiete (27) a va yo de todos modos voy a… voy confirmarles y le llamo dentro de un ratito Lic., oye
MASCULINO: apriételos, porque así avanzamos, porque lo que corresponde a lo mío ya cumplí con lo eléctrico, hágame la campaña usted con lo del entabicado por favor oye  
FRANCISCO CORTEZ: lo que nos interesa es de que terminen rápido, no tenga pena Lic. oye
MASCULINO: por fa, estoy pendiente de su llamada, oye gracias pues
FRANCISCO CORTEZ: un abrazo Lic. 

Insistió en que se otorgó el amparo provisional, ya que estaba en riesgo la  institucionalidad del país. “Las crisis se deben resolver por la vía de la legalidad”, dijo.

En este sentido, el magistrado agregó que una de las funciones esenciales del Constitucional es velar por este derecho, ya que, a su juicio, procesar a uno de los tres órganos del Estado “sin ningún fundamento”  es un riesgo.

La CC de Guatemala aceptó este jueves el amparo interpuesto por la abogada Karen Marie Fischer, el pasado 11 de junio, cuyo objetivo es detener una solicitud de antejuicio que dejaría sin inmunidad al mandatario.

Barreto Molina refirió que Fischer tiene legitimidad para presentar el amparo.

Se les pidió intervención al Ministerio Público y  la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que se pronuncien.

“La Corte de Constitucionalidad no culpa ni exculpa a nadie, en el trámite del antejuicio puede que sea revocado el amparo”, puntualizó el magistrado.

El proceso  

Desde el pasado 12 de junio, una comisión del Congreso investigaba si se debía dejar a Pérez Molina sin este privilegio, para investigarlo por su supuesta vinculación con dos actos de corrupción: uno en el ente recaudador de impuestos y otro en el Seguro Social del país.

La acción de amparo la interpuso la letrada Fischer a título personal y en su calidad de ciudadana guatemalteca, porque consideraba erróneo el proceso desarrollado por la Corte Suprema y el Ministerio Público  en contra de Pérez Molina.

La CC razonó, tras una hora y media de debate, que el Supremo no había tomado en cuenta la Ley de Antejuicio, y que por ello, con 3 votos a favor y 2 en contra, se había adoptado la determinación de otorgar el amparo de manera provisional, que tiene que ser ratificado.

La resolución, de nueve páginas y con número 2354-2015, otorga 48 horas a la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) para argumentar los motivos por los que resolvió dar trámite a la denuncia de Pop contra el mandatario.

No obstante, Barreto reconoció que el proceso se puede dilatar más tiempo del previsto, y que pueden pasar hasta dos meses hasta que se resuelva.

* Con información de ACAN-EFE

La información oficial detalla que fue una denuncia la que motivó las sospechas y por las que se ordenó que martes y miércoles se apoyara un equipo del MP en dos residencias en el área conocida como la Arenera, Amatitlán.

El informante había señalado que en el lugar se habían sepultado algunos cuerpos y sugirió que se había podido ayudar a Roberto Barreda en la desaparición de Cristina Siekavizza.

Con información de algunas personas sujetas a proceso y supuestos integrantes de Los Sierra, se excavó varios lugares donde supuestamente habían cuerpos enterrados, sin resultados.

Extensa búsqueda

Cristina Siekavizza desapareció el 6 de julio de 2011 de su domicilio. El MP asignó una Fiscalía especializada el 2 de febrero para investigar lo sucedido.

Roberto Barreda, es señalado como el principal sospechoso de la desaparición  de Cristina Siekavizza y el 16 de agosto de 2011 se emite su orden de captura.

Monzón Rojas, quien fue la mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, se enteró de su orden de captura cuando ella se lo avisó, por teléfono durante su estadía en en Corea del Sur, y desde ese momento elude a las autoridades.

Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público, informó que es obligación del Ministerio de Gobernación capturar al exfuncionario.

“El MP y Cicig ya hicimos nuestro trabajo de elaborar una investigación preliminar para obtener la orden de captura, y ahora le corresponde a ellos”, dijo.

Élmer Sosa, viceministro de Gobernación, informó que se designó a un grupo encargado de ubicar al prófugo.

Una recompensa de Q100 mil será ofrecida en carteles que aún falta imprimir y que, se presume, serán entre tres mil y cinco mil.

Estos serán colocados en las distintas alcaldías y gobernaciones departamentales, afirmó Sosa.

Las autoridades le siguen la pista a Monzón Rojas después de que recibieron información de que pernoctó en un hotel de Antigua Guatemala, Sacatepéquez. También tienen indicios de que podría movilizarse por la Costa Sur y el occidente.

Contra el tiempo

Iván Velásquez, jefe de la Cicig, refirió en relación con el proceso penal del caso La Línea que están concentrados en fundamentar la acusación contra todos los sindicados, debido a que “se les impuso por decisión judicial recortar el término de la investigación”.

Expresó que preliminarmente se preparan investigaciones relacionadas con el sistema tributario, así como con otros aspectos que en su oportunidad serán presentados públicamente.

El exjefe del Comando Seis de la desaparecida Policía Nacional, fue condenado también al pago de Q9 millones como resarcimiento a los familiares de seis de las víctimas de la quema de la Embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980, según la sentencia del Tribunal B de Mayor Riesgo.

El exjefe policial fue declarado culpable del siniestro en la sede diplomática el 19 de enero de 2015 y sentenciado a cumplir una condena de 90 años inconmutables, además de 70 años de prisión adicional por la desaparición forzada del estudiante universitario Édgar Sáenz Calito.

La defensa había presentado al menos 20 amparos que buscaban revertir la sentencia, sin embargo este martes trascendió que la CC había evacuado el último y dejado en firme la pena impuesta a García Arredondo.

Según Alejos Botrán, la notificación del juzgado refiere que el Ministerio Público debe investigar por el delito de Lesa Humanidad a los entonces directivos del Seguro Social, quienes enfrentan a la justicia por fraude, entre otros delitos.

Las pesquisas deberán determinar si se les agrega este delito a los sindicados.

En la misma acción presentada por Alejos Botrán, también se incluyó al presidente Otto Pérez Molina por el mismo delito, por lo que la Corte Suprema de Justicia deberá conocer la denuncia y determinar si admite el antejuicio.

Caso Igss-Pisa

En una maratónica diligencia, la jueza Silvia de León decidió enviar a prisión preventiva a Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGSS, y otras 16 personas por el fraude con la empresa Pisa para diálisis peritoneal a enfermos renales cuyo servicio deficiente cobró la vida de alrededor de 13 pacientes.

Entre los argumentos que dio la juzgadora están que la empresa contratada no tenía capacidad de cumplir con lo pactado en el contrato de diálisis peritoneal ambulatoria, por lo que violaba las bases de licitación; que era obligación de la Junta Directiva del Igss revisar toda la documentación que conformaba ese expediente de licitación, por lo tanto la función pública no es delegable y por ello la Junta no puede argumentar que únicamente se daba el visto bueno al proceso.

El Juzgado Sexto de Instancia Penal inmovilizó Q21.6 millones de cuentas de Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seruridad Social (IGSS) y la droguería Pisa, que están siendo investigados por un caso de corrupción.

Entre los candidatos a diputados que resaltan para el listado nacional figuran Nineth Montegro, Enrique De León, Edgar Ajcip, este último desertó de Líder. Para el distrito metropolitano la primera casilla es para el diputado Luis Pedro Álvarez. Mientas que Leonel Lira, ocupa el primer puesto para los municipios de Guatemala.

En la Antigua Guatemala el MRN realizó su asamblea nacional extraordinaria donde realizó proclamaciones a diputaciones de los departamentos donde no se tiene representación partidaria.

El binomio presidencial está conformado por Aníbal García y Rafael Maldonado, mientras que encabeza el listado nacional de diputados Carlos Bezares, y Marvin Flores, encabeza el listado metropolitano.

También en el Parque de la Industria se realizó la asamblea nacional extraordinaria del MR, donde se proclamó a los candidatos a las diputaciones por el listado nacional donde en la primera casilla está José Raúl Vigil Arías, seguido de Rubén Salvador Mazariegos Vásquez y Sergio Armando Padilla.

En el listado para el Parlamento Centroamericano ocupa la primera casilla José David Tale Rosales, seguido de Óscar Martín Molliner Estrada y Marvin Omar Castillo García. También se eligió a los candidatos al Parlamento Centroamericano.

El religioso pidió que se de el beneficio de la duda a los diputados encargados de determinar el retiro de la inmunidad del mandatario y quienes ayer presentaron una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos debido a que recibieron amenazas e intimidaciones.

Sobre esas amenazas, Vian aseguró que no se debe volver al pasado, a los momentos oscuros del conflicto armado interno.

El Arzobispo instó al diálogo y dijo que más que protestar y manifestar, es momento de que los diversos sectores se pongan de acuerdo para establecer peticiones concretas y que el mandatario ponga de su parte para poder construir esa comunicación.

La Fiscalía informó que según las pesquisas este grupo delincuencial se dedica a la extorsión desde el año 2010. La cicla entregaba teléfonos celulares a sus víctimas que en su mayoría eran bicitaxistas, pilotos de buses y comerciantes a quienes amenazan con matarlos si no pagaban la extorsión.

Los detenidos son sindicados de los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, exacciones intimidatorias, asesinato en grado de tentativa y conspiración para cometer asesinato.

Se estima, según las investigaciones de la Fiscalía que los presuntos pandilleros recibían a la semana un pago de Q16 mil, producto de la extorisón.
 

• Marlon Iván Hernández Pérez, Alias el Necio, capturado en Cobán, Alta Verapaz
• Gerson David Coguoz Sanix, Alias killer,  presunto cabecilla, detenido en Villalobos
• Magda Leticia Alvarado Esquivel, Detenida en la zona 18
• Gerson Orlando Chen Sajba,  Detenido en Unidos por la Paz Villa Nueva
• Myrna Sucely Esquivel, Detenida en la zona 18

Una de las víctimas fue reconocida como Marvin Leonel de 23 años, el otro joven no ha sido identificado.

Los restos estaban esparcidos en un área de diez  metros, se econtró la cabeza dentro de una bolsa, las extremidades superiores y el tórax en otras partes.

La cadáver se encontraba entre la maleza envuelta en frazadas, los paramédicos presumen de que el crimen ocurrió en la madrugada.

Una vecina explicó que hace cinco meses se encontró un cadáver en ese mismo sector. “Este es un lugar desolado y los criminales aprovechan para dejar aquí los cuerpos”, relató la residente de Santa Lucía Los Ocotes, quien no quiso identificarse por seguridad.

Lapidado

En el relleno sanitario de la zona 3, recolectores de desechos hallaron el cadáver de un hombre y quien los paramédicos de Bomberos Municipales presume fue lapidado.

Hasta el momento ambas víctimas no han sido identificadas.

Los agentes detenidos son, José Alberto Cámbara Santos,  Kervin Joel Martínez Blanco, Víctor Manuel Morán  y José Francisco Vásquez, todos asignados a patrullajes en la ruta al Atlántico y El Salvador según lo confirmó la institución la policial.

Uno de los capturados fue trasladado al hospital de la Policía porque se desmayó al momento en que iba a ser detenido.

Una fuente oficial de la PNC habló que los policías efectuaban registros a vehículos de modelo reciente, verificaban que el piloto no portaba arma de fuego y que el auto no tuviera GPS. Según las denuncias luego de esa revisión y casi a cinco kilómetro de distancia las personas eran despojadas del automotor por hombres armados.

Las diez denuncias que llegaron a la PNC y el Ministerio Público coinciden en que luego que un grupo de policías de la unidad motorizada efectuaban la revisión de los autos estos fueron robados por sujetos que viajaban en un vehículo de color blanco.

Descubiertos

El MP como parte de las pesquisas efectuadas explicó la forma en que operaba la banda en la ruta al Atlántico. “El 30 de mayo a la 10.30 horas en el kilómetro 9.5 de la ruta al Atlántico con dirección hacia el centro de la ciudad capital, fue interceptada una víctima por dos motocicletas del grupo GRIL de la PNC, le marcaron el alto y le indicaron que se bajara del vehículo y se pegara a la pared, momento que fue utilizado por cuatro individuos vestidos de particular portando armas de fuego, quienes bajo amenazas de muerte los obligaron a subirse a un vehículo tipo automóvil color negó”, se informó.

Por el mismo caso también se estableció: “A él y a su acompañante en ese momento uno de los individuos se subió a la camioneta antes en mención llevándosela con rumbo hacia el centro de la ciudad, posteriormente los otros tres individuos bordo del mismo automóvil color negro, le indicaron ser elementos de la DEIC  dela Policía Nacional Civil y que dicha camioneta la llevarían a una revisión ay que tenía problemas”.

La averiguación también detalló: “Les indicaron que agacharan la cabeza y que no hablaran nada. Después los abandonaron en un barranco sobre la ruta que conduce a Santa Lucía los Ocotes zona 25”.

El Ministerio Público interpuso las acciones después de que la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara las solicitudes de antejuicio contra los parlamentarios.

El 17 de diciembre del 2014, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron un amparo contra el diputado del PP, y el 18 de marzo pasado se llevó acabo la vista pública en la CC. Y contra el parlamentario de Líder se presentó similar acción en agosto del 2014.

Esto significa que en el primero caso están por cumplirse seis meses sin resolver, y en el segundo, nueve meses.

Ambos procesos estaban a cargo del exmagistrado de la CC Alejandro Maldonado Aguirre, quien ahora es vicepresidente de la República.

Gloria Porras, presidenta de la CC, informó que ya solicitó a la magistrada María de los Ángeles Araujo que en los próximos días presente la propuesta al pleno en relación con el caso de Rivera Estrada. El otro expediente lo desconoce.

Expuso que en su plan de trabajo implementó una metodología que en mes y medio se pondrán al día con los expedientes que tienen por resolver.

los procesos

Christian Ulate Durán, abogado de la Cicig, indicó que accionaron en el máximo tribunal contra la resolución de la CSJ, ya que los magistrados debieron haber fundamentado por qué denegaban la solicitud de antejuicio contra Rivera.

Explicó que se presentaron las pruebas sobre la cita del parlamentario con la entonces magistrada de la Sala Quinta Civil, Claudia Escobar, y el abogado Vernon González, la cual se llevó a cabo el 29 de septiembre del 2014, en la zona 10.

El jefe de la Cicig afirmó que también se presentó un informe forense de los dispositivos electrónicos, así como un documento de la transcripción de la grabación sobre lo conversado en la reunión, según manifestó el 18 de marzo pasado en la vista pública.

“¿Cómo los magistrados de la CSJ dicen que la denuncia es espuria. Esos elementos de prueba, ¿son espurios?”, refirió.

“Nos llama la atención que es algo sencillo que deben resolver, es una página la que tienen que analizar los magistrados de la CC”, puntualizó Ulate Durán.

Es normal

César Calderón, abogado de Rivera Estrada, informó que es normal el atraso en la resolución de la CC, debido al volumen de expedientes que tienen que conocer.

Afirmó que la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio debido a que al escuchar la conversación determinaron que no es vinculante con los hechos denunciados. Indicó que el diputado no hizo ningún ofrecimiento de reelección a la entonces magistrada Escobar.

Comisiones

En el proceso contra Rivera Cabrera se terminaron de evacuar todas las diligencias en la CC desde septiembre del 2014.

La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos presentó la denuncia al órgano investigador por transacciones sospechosas.

Rivera Cabrera abrió una cuenta en un banco del sistema y argumentó que los fondos que depositaría provendrían de su sueldo como diputado, por Q29 mil 500.

Sin embargo, el sistema del banco detectó que recibía montos superiores a los que devengaba como legislador, y con ello rompió el perfil económico, por lo que generó sospechas.

Las pesquisas han determinado que habría recibido montos por Q500 mil en varios cheques, y podrían ser de comisiones.

Ese dinero proviene de dos empresas: Multi Maquinarias, S. A., y de Ippocrates Eleades y/o Ippocrates Eleades Panteloukatis, cuyo dueño es libanés.

Estas son empresas contratistas del Estado y supuestamente el diputado habría ayudado a conseguir contratos de mantenimiento de la red vial en Quiché, según el expediente de la Fiscalía de Lavado de Dinero, del MP.

Esa empresa habría sido beneficiada con más de Q22 millones provenientes del fondo vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Rivera Cabrera fue reelecto al Congreso por la coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional, que se disolvió. Varios diputados se unieron a otros bloques legislativos y él migró a Líder.

Se defiende

Rivera Estrada, en su defensa, presentó en el MP como prueba un pagaré que suscribió con esa empresa y argumentó que era una deuda que le tenían.

En el documento contable hay irregularidades en lo que respecta a la edad que ambos dijeron que tenían en ese momento.

El 30 de diciembre del 2006, ambos firmaron el documento, pero registros migratorios establecen que Eleades Panteloukatis se encontraba fuera del país.

El pagaré fue firmado por el abogado Jorge Arévalo Valdés, exdiputado por el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco, quien en ese momento no estaba activo por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Durante las manifestaciones del Jueves Negro era quien tenía una capucha en apoyo de la inscripción como candidato presidencial del militar retirado general José Efraín Ríos Montt, en el 2003.

El ente investigador solicitó un informe a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), para verificar la cantidad de PH (acidez) posterior al vertido de la fórmula.

Lo que busca la Fiscalía es determinar el grado de acidez del producto y los niveles de contaminación que pudo haber causado, por lo que ya se analiza una muestra del agua.

Investigadores del MP refirieron que el factor químico PH se puede medir de uno a 14, y a menor número, más dañina es el agua, tanto para los seres humanos como para los animales que puedan habitar en esa cuenca.

En caso de que el nivel de acidez se encuentre entre siete y ocho, no causaría complicaciones serias. Sin embargo, sospechan que este grado de acidez podría estar entre uno y dos, lo que sería irreversible, tanto para la vida acuática del lugar como para las personas que utilizan el agua del Lago.

Contaminación

En caso de que los índices de contaminación sean altos, pueden producir enfermedades en la piel para los humanos, y en lo que respecta a los animales, podrían morir al beber el agua.

En las instalaciones de Amsa hay una bodega donde se guardó el producto, por lo que los investigadores revisarán en la etiqueta de la sustancia química que sería utilizada para verter en el agua, para su supuesta limpieza, la cantidad de PH que contiene.

Además, evaluarán si reunía las calidades óptimas para su resguardo.

Al recibir el informe se procederá a determinar quién o quiénes serían los responsabilidades del uso de la fórmula.

Agua con sal

Un informe entregado por el Ministerio de Salud a la Fiscalía reveló que la fórmula para limpiar el Lago de Amatitlán era agua con sal, entre 97 y 98 por ciento.

Los fiscales determinaron que el contrato que firmó Amsa con la empresa M. Tarcic Engineering Ltd., de origen israelí, es una estafa para el Estado.

Según los investigadores, la responsabilidad sería del entonces director de la entidad, Edwin Francisco Ramos Soberanis, quien renunció, y de la empresa israelí.

Se tomaron varias muestras de cuatro elementos separados que podrían componer la fórmula; dos de ellos eran sal y los otros no contenían nada.

PGN acciona

Delegados de la Procuraduría General de la Nación (PGN) interpusieron una denuncia en el MP, para recuperar Q22.8 millones que se le pagaron a la empresa israelí que fue contratada para limpiar el Lago de Amatitlán.

Según la PGN, la denuncia es la primera medida para recuperar el dinero, pero si la firma se resiste a entregarlo, se tomarán otras acciones legales para deducir responsabilidades en la estafa por la supuesta descontaminación del Lago.

La conclusión del Inacif en su informe es que, al momento de la evaluación, en ocasiones el militar no respondió a las preguntas.

Ríos Montt y el también general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez enfrentan juicio por genocidio y deberes contra la humanidad.

Ríos Montt es acusado de haber sido el autor intelectual de las masacres en las que habrían muerto mil 771 personas de la etnia ixil.

Jaime Hernández, abogado de Ríos Montt, afirmó que su cliente, por las condiciones de sordera, no puede enfrentar juicio.

Otro informe forense indicó que en el aspecto psicológico, las condiciones del militar están disminuidas. Al ser evaluado hubo pocas respuestas y parcialmente asertivas, señala.

El Inacif recomendó que se le practique un examen psiquiátrico al militar, pero Hernández manifestó que no es conveniente, ya que le afectaría más a su salud.

“Estos informes no los solicitamos nosotros, no los provocamos; fueron de rutina que se los hicieron”, explicó el abogado.

Agregó que deben pronunciarse en relación con esos informes y que lo harán por escrito; el plazo vence el próximo martes.

Luego del pronunciamiento, Carol Patricia Flores, jueza primera A de Mayor Riesgo, tendrá que tomar una decisión.

Defensa analiza

La defensa del militar evalúa utilizar los informes para solicitar que se cierre la persecución penal contra Ríos Montt, indicó Hernández.

Afirmó que las condiciones de salud de su cliente se deterioran cada vez más y se complica su presencia en un juicio.

Orlando López, fiscal del Ministerio Público que lleva el caso por genocidio contra Ríos Montt, dijo que no comparten el criterio de que el proceso sea cerrado.

En caso de que un juzgado civil resolviera que el militar retirado no puede enfrentar juicio penal, respetarían esa resolución.

Para el 3 de enero pasado estaba programada la repetición del juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

Sin embargo, se suspendió porque fue recusada Janeth Valdés, presidenta del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo.

En 10 de mayo del 2013, Ríos Montt fue encontrado culpable de genocidio y condenado a 80 años de prisión, mientras que Rodríguez fue absuelto.

El fallo fue anulado por la Corte de Constitucionalidad y se ordenó la repetición del juicio.

Baldetti estuvo internada en el Hospital Universitario La Esperanza, en la zona 10 capitalina. Según Cano los médicos le recetaron varios medicamentos.

“Roxana Baldetti está en la única casa que tiene en la zona 10” dijo el defensor, quien agregó que los padecimientos “no tienen nada que ver con que pueda ser investigada” afirmó.

Futuro en manos del MP

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti tendrá que rendir cuentas ante la justicia, luego que los juzgados Segundo y Noveno Penal tiene el control de los procesos penales del contrato anómalo de la limpieza del Lago de Amatitlán y la defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Ahora será el Ministerio Público el que deba iniciar diligencias para investigar a Baldetti y determinar el momento en que se pueda iniciar un proceso penal en contra de ella.

A disposición

El abogado Mario Cano, llegó ayer a gestión Penal de la Torre de Tribunales a presentar un memorial con el que buscaría un acercamiento judicial por el caso de la estructura denominada La Línea.

Cano presentó el documento con el que espera que el juzgado Noveno Penal programé alguna citación para Baldetti, de manera que se presente para dilucidar su situación dentro del caso de defraudación aduanera por el que ya están detenidas más de 22 personas, entre funcionarios, empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y particulares.

El informe incautado refiere que solo entre el 6 y 7 de octubre del 2014, la SAT recibió Q1.2 millones, mientras que la organización criminal se quedó con Q553 mil.

El documento registra por cada producto cuánto le correspondía a la SAT y cuánto era el soborno que habían recibido, al cual denominaban la cola.

Según las pesquisas, González Álvarez era el encargado y administrador, tanto para recibir el dinero como ser parte de los cabecillas que repartían el dinero.

Por este caso, González Álvarez se encuentra en libertad, ya que Marta Sierra, jueza octava Penal, que conoció primero este caso, lo benefició con una fianza.

Con el objetivo que los sindicados no salieran de prisión preventiva la Cicig también mostró al juez diagramas sobre cómo los cabecillas se repartían el dinero y montos que les correspondía a cada uno, todo según llamadas interceptadas.

En principio, cuando empezó a funcionar esa organización criminal, manejaban el dinero en efectivo. Sin embargo, cuando el negocio ilícito empezó a ser más jugoso para ellos, debieron habilitar cuatro cuentas bancarias para depositar elevadas sumas de dinero.

Esas cuentas en la actualidad no tienen montos, ya que solo eran utilizadas para efectuar los depósitos, y horas después o un par de días más tarde, los fondos eran retirados.

Uno de los puntos para repartirse las ganancias era la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 capitalina, propiedad de Luis Mendizábal, prófugo por vínculos con el caso del Bufete de la impunidad.

Algunos de ellos contaban en sus vehículos el dinero que les correspondía.

La gran cita

En una de las diapositivas proyectadas se refiere que González Álvarez, Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la Vicepresidencia; Carlos Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT, Julio González de León y Herberth Francisco Cabrera Castellanos se reunieron para decidir la forma de repartición del porcentaje que le correspondía a cada uno de los integrantes de la mafia de defraudación.

Miguel Ángel Gálvez, juez primero B de Mayor Riesgo, quien controla el proceso contra los 28 sindicados de integrar la red, informó que hay más de dos mil 500 pólizas que fueron encontradas a la estructura de defraudación aduanera y que deben ser investigadas.

El argumento de Gálvez para negar la solicitud de los procesos es que “persiste la obstaculización a la verdad”. Las personas a quienes le fue dictó arresto domiciliar son Adrián Yela y Julio Robles Palma. El juez debe resolver la solicitud de un procesado más.

El pasado marte comenzó la audiencia a solicitud de los señalados, quienes exponían los motivos por los cuales el juez podría dejarlos en libertad. Entre las personas que volverán a prisión destacan los ex superintendentes de Administración Tributaria Carlos Muñoz y Omar Franco.

El pasado 16 de abril el Ministerio Público (MP) y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desarticularon una red criminal que supuestamente defraudó al fisco guatemalteco por varios millones de quetzales.

Por este caso es señalado el exsecretario Privado de la Presidencia Juan Carlos Monzón Rojas, quien se encontraba en Corea del Sur junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías al momento de que se conoció su orden de captura y se encuentra prófugo.

La desarticulación de esta banda causó una profunda crisis en el Gobierno y provocó la renuncia de Baldetti Elías al cargo el pasado 8 de mayo.

De León aceptó la solicitud y a partir de este día la institución formará parte de la demanda en contra de la droguería Pisa y funcionarios señalados de haber participado en la firma de un contrato anómalo.

La empresa Pisa fue señalada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de efectuar procedimientos de diálisis peritoneal sin contar con los requisitos básicos para garantizar el bienestar de los pacientes.

El órgano investigador señala que por este caso habrían muerto al menos 13 pacientes y otros más fueron infectados por los malos procedimientos médicos efectuados.

Por este caso 16 personas enfrentan proceso, entre ellos el aún presidente del IGSS Juan De Dios Rodríguez, el Subgerente Administrativo Álvaro Dubón y el presidente del Banco de Guatemala, Julio Juárez.

El pasaso jueves la jueza Silvia De León, ordenó al sistema bancario nacional inmovilizar las cuentas a nombre de todos los implicados en el caso IGSS-Pisa, con excepción de las cinco mujeres que integraron la junta de adjudicación.

La medida afecta a todos los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social, incluído el presidente de esta entidad Juan de Dios Rodríguez, además del presidente del Banco de Guatemala Julio Roberto Suárez.

Las cinco mujeres, enfermeras y secretarías del Igss, no fueron incluídas en la medida dictada por el Juzgado Sexto.

Luego de inmovilizadas las cuentas, las entidades bancarias deberán entregar al Juzgado Sexto un informe de cuántas cuentas y cuánto dinero de las 12 personas implicadas en la investigación, quedó congelado.

Los 17 implicados fueron enviados a prisión preventiva mientras el Ministerio Público recolecta las pruebas suficientes para demostrar los delitos imputados, entre ellos asociación ilícita, fraude  y algunos más cobro de comisiones ilegales.

Entre los implicados también destaca el hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, Otto Fernando Molina Stalling.

En la acusación, el Ministerio Público señaló que se pudo haber otorgado a la Droguería Pisa un contrato para prestar el servicio de diálisis a enfermos renales, sin que esta entidad tuviera la experiencia y servicios necesarios, lo que pudo provocar la muerte de 13 pacientes del Seguro Social.

Durante la audiencia de primera declaración, a través de unas escuchas telefónicas destacó que la orden de realizar el contrato con Pisa pudo venir de alguien superior a la Junta Directiva, identificado unicamente como “una distinguida dama”.

Afirmó que en la escucha telefónica que presentó el Ministerio Público (MP), donde habla con Juan Carlos Monzón, “lo único que dice es que quedan al tiempo los cambios”, al referirse cuando Monzón le indica que “la casa es tuya”.

Agregó que el motivo de su salida de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue que se opuso a cambios que el presidente propuso, como por ejemplo cambiar al jefe de recursos humanos.

El juez debe escuchar a los demás sindicados que solicitaron el cambio de medida, y decidirá sí accede o no a su petición.

La noche del lunes Gálvez negó el cambio de delito solicitado por 13 procesados, que habían solicitado que se les acusara de asociación ilícita y defraudación aduanera.

Muñoz fue capturado el pasado 16 de abril, sindicado de ser una de los cabecillas de la red criminal La Línea, que supuestamente habría defraudado al fisco guatemalteco por varios millones de quetzales.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidenta, y prófugo desde hace 50 días también es vinculado como el supuesto jefe de la estructura. La desarticulación de La Línea provocó una crisis en el Gobierno que ocasionó la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y ha alimentado por seis semanas multitudinarias protestas ciudadanas.

Un año después del  acto criminal, Kevin Davis Canté Mérida y Mynor Alejandro Rodríguez Pablo supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha, fueron acusados formalmente por el Ministerio Público de participar en la muerte de las hermanas Oscal Pérez.

Rodríguez Pablo tendrá que cumplir los 25 años de sentencia por cada una de las muertes, mientras que Canté Mérida además se le impusieron 10 años más porque según la evidencia del MP, sería él quien disparó el arma. Ambos recibieron dos años más de cárcel por el agravante de utilizar una motocicleta y esta les habría facilitado la fuga.

Por este caso en la colonia las Brisas San Pedro Ayampuc, fue aprendido Jason Estuardo Martínez Hernández, 16, alias el Huesos, confesó haber vigilado a las víctimas durante el trayecto al centro educativo, y haberse comunicado con el sicario y el piloto de la motocicleta. Días después de su captura, fue localizado muerto en una celda de la correccional Las Gaviotas en la zona 13 capitalina.
 
A los capturados se les sindicó el delito de femicidio y tentativa de femicidio, ambos pertenecen a dos grupos de la Mara Salvatrucha.

Horas de agonía

Karla Daniela perdió la vida en el ataque y Nancy pereció en el Hospital San Juan de Dios horas después por una herida de bala en el cráneo.

Casi una semana después del ataque los padres de familia sacaron a sus hijos de ese plantel educativo por temor a nuevos ataques. Para entonces Gobernación anunció un reforzamiento del programa Escuelas Seguras para vigilar ese establecimiento.

Incluso en los días posteriores al ataque hubo una llamada de un sujeto en prisión que se atribuyó el ataque para intimidar a los maestros, a fin de que pagaran una extorsión, lo que las autoridades calificaron de oportunismo.

Cano indicó en sus manifiesto que “el que nada debe nada teme”, al referirse que Baldetti Elías está dispuesta a enfrentar el proceso de investigación y que no le interesa salir del país en este momento.

El profesional aprovechó la audiencia para quejarse por un allanamiento que realizó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en una empresa ubicada en la zona 10 capitalina.

Afirmó que los encargados de ejecutar las acciones secuestraron 20 computadoras y que esto impide que las 23 personas que laboran en el lugar trabajen debido a que no tienen su principal herramienta de trabajo.

Se quejó también de la forma las personas de CICIG trabajaron debido a que interrogaron por más de 8 horas a los trabajadores, tiempo en el cual no los dejaron comer y tampoco hacer llamadas telefónicas.

Cano pidió al juez Gálvez que las personas que hacen este trabajo se apeguen a la Ley, el jusgador pidió al MP que elabore un informe de cuáles fueron sus diligencias. El ente investigador pidió al juez la ampliación de la investigación por tres meses más.

Helicóptero y visa

Ayer el MP confirmó que había inmovilizado un helicóptero en un hangar del Aeropuerto Internacional La Aurora. Esta diligencia forma parte de todas las relacionas al cado de La Línea, red criminal que habría desfalcado al fisco guatemalteco por varios millones de quetzales.

Al respecto Cano indicó que dicha aeronave no pertenece a Baldetti Elías y que desconocía quién y donde comenzó el rumor. Aseguró que desconoce quién es el dueño de la aeronave.

Asimismo, aseguró a su defendida no se le ha notificado ninguna suspensión de su visa para visitar los Estados Unidos. Respecto al viaje del hijo de Baldetti Elías afirmó que lo realizó por motivos de estudio y que no es la primera vez que lo hace.

Los embargos fueron autorizados ayer al final de la tarde, afirmó Villeda.

Las pesquisas

El Ministerio Público (MP) comenzó la investigación sobre los embargos y solicitó información a los bancos del sistema sobre la cuentas de los sindicados como una medida inicial para llegar a la extinción de dominio.

El órgano investigador está a la espera de que otros bancos le proporcionen más información de esas cinco personas y otros sindicados por el caso La Línea.

A Baldetti, a quien se le vincula con esa red a través de Monzón Rojas, se le inmovilizaron cuentas de ahorro, monetarias, de fondos de pensión y plazo fijo en quetzales.

De igual manera, las cuentas en dólares a plazo fijo, para un total de Q6.6 millones, solo en un banco que entregó información.

También se empezaron a documentar las propiedades de la exfuncionaria que podrían ser objeto de inmovilización y posterior extinción de dominio.

La Vicepresidencia tiene bajo su responsabilidad el Consejo de Bienes en Extinción de Dominio, encargado junto a otras instituciones del sector justicia de repartir el dinero incautado y bienes producto de actos ilícitos que pasan a favor del Estado.

Desde prisión

Muñoz, exjefe de la SAT, el 5 de mayo, cuando ya se encontraba en prisión preventiva y ligado a proceso por defraudación aduanera, le pidió a un banco que emitiera un cheque de caja para tras-ladar Q2.9 millones a la cuenta de su esposa, Íngrid Borjes Moreno de Muñoz.

Esta, a su vez, solicitó cinco cheques de caja para cobrarlos en cualquier momento.

Se logró inmovilizar el dinero porque Moreno de Muñoz no retiró el monto antes mencionado.

De igual forma se le embargaron al exjefe de SAT Q3.2 millones, para un total de Q6.2 millones.

A Aziz Aranki, uno de los supuestos cabecillas externos de La Línea, se le inmovilizaron 21 cuentas en quetzales y dólares. Solo en una cuenta a plazo fijo tenía Q1 millón. El total en esas cuentas asciende a Q6.7 millones.

Prófugo

A Monzón Rojas, ex secretario privado de Baldetti en la Vicepresidencia, señalado de ser el cabecilla de la red, se le embargaron cuatro cuentas por un monto de Q209 mil. Una de ellas tenía Q4 mil 147.

Izquierdo, encargado de Aduana Central, tenía Q232 mil 606 en dos cuentas.

Las cuentas embargadas a cinco personas, entre exfuncionarios y empresarios, suman Q20 millones.

Las acciones de embargo forman parte de los vínculos con la investigación por parte del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad que desarticuló la red que se dedicaba a defraudar al Estado.

El accionar en el Juzgado de Extinción de Dominio por parte del MP se debe a que hay vínculos entre los mencionados con esa red.

Las pesquisas continúan contra el resto de los capturados por ese proceso penal, que aún tiene investigaciones en curso.

En las próximas semanas podrían inmovilizarse más cuentas a los 28 sindicados.

No sabía

El presidente Otto Pérez Molina dijo ayer que no sabía nada sobre el retiro de las visas a Baldetti y a sus hijos, ni del exministro de Energía y Minas Érick Archila, debido a que es un asunto del consulado de EE. UU. directo con la persona.

Asimismo, el mandatario hizo referencia a Baldetti como “la vicepresidenta”. “En relación a dónde se encuentra la vicepresidenta, hasta donde yo sé, está en su casa, no ha salido del país; eso sí se lo podemos confirmar”, aseguró.

La audiencia está programada para el viernes 29 de mayo, a las 9 horas, en ese juzgado.

Según fuentes del Ministerio Público, la ex vicemandataria tendría que asistir a la diligencia para exponer sus motivos. De lo contrario dejaría su representación en un abogado.

La petición

Días después de la prohibición de salir del país se pidió la audiencia en ese juzgado, y el motivo sería exponer que Baldetti está en desacuerdo con la medida precautoria, ya que hasta el momento no existe ninguna persecución penal en su contra, por lo que solicitaría que se revoque. Sin embargo, la postura del MP será que se mantenga el arraigo en su contra.

Arraigo

Luego de que el Congreso, en una votación histórica, aceptó el 9 de mayo último la renuncia de Baldetti como vicepresidenta del país, el MP tramitó la medida precautoria.

El arraigo fue solicitado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala y otorgado por el juez de turno, Roberto Manuel Ángel Flores Rivera.

El MP pidió en el memorial al juez que “de oficio y en forma inmediata se comunique el arraigo a las autoridades de Migración y de Policía, así como a las dependencias que estime convenientes, para impedir la fuga de la arraigada”.

El ente investigador también entregó los oficios a la Dirección General de Migración, a fin de evitar que Baldetti abandone el territorio nacional.

Los registros migratorios precisan que el último movimiento de Baldetti corresponde al pasado 17 de abril, cuando regresó de Corea del Sur, donde recibió un doctorado al mérito.

La prohibición de salir del país para la ex vicepresidenta tiene como objetivo prevenir una fuga en caso de que se demuestre que hay responsabilidad patrimonial, para que el Estado tenga garantizado el resarcimiento de sus bienes.

En este momento no hay ningún expediente abierto contra la ex vicemandataria.

El presidente Otto Pérez Molina, en conferencia de prensa, anunció la renuncia de Baldetti, el 8 de mayo pasado.

La Línea

El 26 de abril, la población salió a manifestarse a las calles para exigir la renuncia de Baldetti, después de que su secretario privado —prófugo— Juan Carlos Monzón Rojas fue señalado de dirigir una estructura denominada La Línea, desarticulada 10 días antes, la cual se dedicaba a la defraudación aduanera y en la que estarían implicados altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y particulares.

Esta denuncia, según Vela, es una primera media para recuperar el dinero, pero si la empresa se resiste habrá más acciones legales.

En la denuncia también se pide al MP que investigue a la empresa para determinar si hay responsabilidad penal en la aplicación del líquido, pues firmaron el contrato con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), sin tener un estudio de impacto ambiental.

Además, la PGN se adhirió a la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas contra Amsa por suscribir dicho contrato.

La Fiscalía de Medio Ambiente del Ministerio Público indicó que la fórmula “mágica” utilizada para limpiar el lago era entre 97 y 98 por ciento agua con sal, lo que convierte el contrato en una estafa para el Estado.

El director de Amsa en la época en que se firmó el contrato, dijo durante una citación en el Congreso que recibió recomendaciones de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti para adjudicar el proyecto a la empresa.

El Presidente Otto Pérez Molina dijo que en Estados Unidos se analizará la fórmula con la que se pretendía limpiar el lago para evitar la parcialidad en los análisis.

En la lista se cuentan fiscales, auxiliares fiscales y empleados administrativos que no lograron justificar su ausencia a sus labores.

Hubo casos en que algunos faltaron entre dos y 16 días sin que pudieran demostrar las causas.

Otros 47 casos fueron declarados sin lugar, ya que los trabajadores lograron justificar y demostrar los motivos por los cuales incurrieron en ciertas faltas.

Algunos de esos casos incluyen a la Supervisión del MP, que les abrió proceso administrativo porque acumularon expedientes a su cargo y no hubo avance en estos.

Ningún empleado estuvo involucrado en actos de corrupción.

Rivera mencionó que hay 476 apelaciones, de las cuales ya resolvieron 132 y quedan pendientes 322, que abarcan desde julio del 2014 a mayo del 2015.

Los casos

En la presentación del informe se mostraron avances en casos por extorsiones, narcotráfico, evasión fiscal, delitos contra la vida y extradiciones.

El acto estuvo presidido por Aldana, quien asumió el 17 de mayo de 2014, y el presidente Otto Pérez Molina.

Uno de los procesos que se destacaron fue la desarticulación del caso La Línea, en el cual estaban involucrados funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, dirigidos por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

También se presentó el caso del reo Byron Lima, quien dirigía una banda de corrupción, integrada por funcionarios del Sistema Penitenciario, quienes, a cambio de dinero, beneficiaban a otros reclusos cambiándolos de prisión.

La fiscal general manifestó que busca mantener la independencia y al mismo tiempo instó a la sociedad civil a que fiscalice la labor de la institución que dirige.

Asimismo, se dio a conocer la creación de la Fiscalía Liquidadora, ya que al asumir el cargo, Aldana encontró una mora fiscal de más de un millón de expedientes.

Uno de los delitos que más afectan a la población es la extorsión, por lo cual se habilitó la Fiscalía contra las Extorsiones, además de la Fiscalía de Asuntos Internos, encargada de investigar a funcionarios y empleados del MP que puedan incurrir en actos de corrupción o abusos.

Al intentar utilizar dos tarjetas de crédito encendió las luces de alerta de los investigadores y lograron ubicarlo en un hotel en ese municipio.

El funcionario prefirió omitir el nombre del hotel por seguridad, sin embargo, allanaron la habitación donde se habría hospedado y encontraron ropa tanto de él como de menores de edad que podría tratarse de sus hijos.

“Ya no se logró capturarlo. Al montar vigilancia fue alertado y no regresó al hotel”, dijo López Bonilla.

El Ministro le mandó un mensaje a Monzón Rojas al expresarle que se entregara, que colabore con la justicia, que sería la mejor opción para el prófugo, quien es acusado de liderar la estructura de nominada La Línea.

Thelma Aldana, fiscal general, del Ministerio Público, informó que en la diligencia practicada en el hotel se encontró zapatos y ropa, pero falta determinar si pertenecen a Monzón Rojas.

“En las últimas 72 horas es la información que nos llegó en relación que puede estar en el país. Está en su zona de confort, hay que recordar que él vive por esa área y podría ser ayudado por sus amigos o colaboradores para esconderlo”, dijo López Bonilla.

Gobernación analiza a partir de cuándo podría colocar afiches para que la población pueda proveer información que ayude a capturar al exsecretario privado de la Vicepresidencia.

Los representantes de medios también dijeron que a medida que se avanza en el proceso electoral, los ánimos políticos y agresiones contra la prensa aumentan, por lo que es necesario proteger a los periodistas y sus publicaciones.

“El clima de animadversión en contra de la prensa está particularmente exaltado”, se lee en un comunicado emitido durante la presentación del movimiento.

En la actividad se resaltó que los periodistas en la provincia son quienes ejercen la profesión en las condiciones más difíciles y son “blancos vulnerables en medio de los intereses políticos y económicos que les hostigan”.

El grupo se reunirá de forma periódica para discutir sobre temas de coyuntura.

Como testigos de honor en la conformación del colectivo, estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, quien apoyó la propuesta, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez y la Fiscal General, Thelma Aldana.

Es por ello que el caso fue remitido a la Fiscalía contra la Corrupción, para que pueda iniciar las pesquisas y determinar la responsabilidad por la firma del contrato por Q137.8 millones.

Según fiscales del caso, la responsabilidad sería del entonces director de Amsa, Edwin Francisco Ramos Soberanis, quien renunció, y la empresa israelí.

El primer informe de análisis del Ministerio de Salud fue entregado de una manera técnica, por lo que la Fiscalía requirió un segundo documento, para que explicara los términos científicos.

Después de ello se llegó a la conclusión de que, entre 97 y 98 por ciento, la sustancia era agua con sal, indicaron fiscales.

Se tomaron varias muestras de cuatro elementos separados que podrían componer la fórmula, dos de ellos eran sal, y los otros no contenían nada.

“Lo que significa que no es un componente en conjunto, sino que estaban separados”, refieren los investigadores.

La Contraloría General de Cuentas denunció en el MP a Amsa por no recuperar Q22.8 millones que fueron pagados a la empresa israelí.

Contaminación

La Fiscalía refirió que sigue la investigación respecto de si la aplicación del líquido contaminó la flora y fauna del Lago.

De acuerdo con los fiscales, lo más grave es que la fórmula podría contener altos niveles de acidez.

El 10 de marzo pasado, Ramos Soberanis, en una citación con diputados del partido Todos, refirió que por ser una entidad que depende de la Vicepresidencia recibió recomendaciones de Roxana Baldetti para adjudicar el proyecto a la citada empresa israelí.

Al ser cuestionado el entonces director de Amsa acerca de si recibió recomendaciones de la vicepresidenta, respondió: “Sí, porque nosotros dependemos de la Vicepresidencia, y obviamente se viabilizó el proyecto”.

Sagastume explicó que la mayoría de denuncias se concretaron al descubrir alteraciones en el documento personal de identificación (DPI). “Al momento del empadronamiento se detectaron documentos que tienen una situación anómala. Por ejemplo, en el DPI, no coinciden nombres con números de otorgamiento”.

La Fiscalía contra Delitos Electorales ha recibido 11 denuncias relacionadas con el proceso electoral, nueve de ellas por falsedad material.

Investigación

El MP ha comenzado el proceso de investigación en contra de 10 personas, por falsedad material, ya que intentaron empadronarse dos veces. Se detectó que en el DPI no aparecía inscripción de nacimiento y en la cédula de vecindad que digitó el Registro Nacional de las Personas (Renap) no aparecía asiento de ese documento.

El investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos Luis Chávez manifestó: “Que se empiecen a investigar los casos de irregularidades en el padrón electoral es una buena seña de transparencia, pero se debe continuar con ese trabajo de auditoría, para dejar un precedente ante este tipo de anomalías”.

Chávez indicó que la fiscalización del empadronamiento “obligará a los partidos políticos a ser claros en sus funciones, y se debe continuar fortaleciendo el trabajo del TSE con el Renap y la Contraloría General de Cuentas”.

Pintas

La Inspección Electoral empezó a investigar 250 denuncias de usuarios en redes sociales que señalan a algunos partidos de pintar sus símbolos en lugares no permitidos.

El artículo 67 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos prohíbe colocar “leyendas o rótulos en montañas, cerros, asfalto y edificios públicos”.

La Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) demandó que se investiguen esos casos.

A continuación presentamos, textualmente, algunas de las más reveladoras conversaciones presentadas ante el juzgado Undécimo Penal, durante la audiencia de primera declaración. 

SESIÓN N°         3141
HORA                10:18:24 a.m.

Stalling dijo a periodistas que está dispuesta a que el órgano investigador comience las pesquisas correspondientes en contra de ella, para que se determine si en realidad era sobre ella de quien se referían Mendizábal y Ortiz.

Aseguró que comúnmente se suele confundir su nombre con el de su cuñada, la jueza octava penal, Marta Sierra de Stalling, quien controla el caso por defraudación aduanera, y quien supuestamente habría recibido un soborno de los supuestos jefes de la estructura delictiva, con la intención de beneficiarlos con arresto domiciliario.

Altos funcionarios

El caso de defraudación aduanera abrió paso para la investigación de funcionarios de gobierno y judiciales, debido a supuestos vínculos de estos con empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aduanas y empresarios que acordaban beneficios fiscales al introducir productos.

Entre los señalados se encuentra Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia, quien fue destituido, y que podría ser el jefe de la red.

Además, le costó el puesto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien el pasado 7 de mayo renunció a su cargo. Un día después, 149 diputados acordaron aceptar su separación del puesto.

La jueza Sierra de Stalling, contra quien se solicitó analizar el retiro de su inmunidad, para ser investigada por supuestamente haber recibido un soborno.

También a los exjefes de la SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz, quienes habrían permitido la operación de La Línea.

En manifestaciones masivas efectuadas los últimos fines de semana, se ha exigido la renuncia al presidente Otto Pérez Molina, por inconformidades ante su gestión al frente del Gobierno.

“Esto lo hizo con hecho pensado porque en su cuenta esta indios con mayúscula, cuando dice si hubo genosIndio” expresó María Trinidad Gutiérrez, titular de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), quien afirmó que más de 20 mil personas vieron la publicación. “Como músico y ejemplo de jóvenes, es preocupante que haga esos comentarios” refirió la comisionada.

Trinidad afirmó que durante este año han colocado 11 denuncias en el Ministerio Público. En 2014 a la misma fecha ya sumaban 40 acusaciones.

Rechazan comentario

La Procuraduría de Derechos Humanos contestó a la publicación del artista, condenando el comentario calificado de discriminador y racista.

Mr. Fer participa como vocalista en el grupo Los Miseria Cumbia Band, junto a Pablo Cristiani, ex director de espectáculos públicos del Ministerio de Cultura, quien fue destituido del cargo.

Denunciado por discriminación

En febrero, un grupo de mujeres presentó una denuncia contra Delmar Gálvez de León, alcalde de Cuilco, Huehuetenango, en el Ministerio Público (MP) y la Delegación Departamental de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), pues señalan que desde el 2009 han sido discriminadas por el funcionario edil.

Rubén Darío Hernández, director interino de Codisra, indicó que cuando Gálvez habla de las mujeres usa los términos “indios, negros y pelados”.

Mensaje racista

El medallista olímpico Érick Barrondo fue blanco de un mensaje racista en redes sociales por parte del locutor Julio Reyes.  La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del MP sostuvo una reunión con la Codisra, tras la denuncia contra del locutor, debido al tuit que éste publicó el 30 de marzo, en el cual contenía un mensaje calificado como racista y discriminatorio contra el medallista olímpico Erick Barrondo.

“Es un desconocido y ni siquiera es alguien a quien puedo considerar mi amigo. Soy una persona que siempre ha tratado de luchar por poner el nombre de Guatemala en alto, algo que de seguro él no hace”,  manifestó Barrondo.

Congreso acepta renuncia

El Congreso de la República aceptó, en medio de una protesta, la renuncia de Roxana Baldetti a la vicepresidencia del país mediante 149 votos a favor y ninguno en contra.

La reunión duró poco más de una hora y la decisión se tomó luego que Gudy Rivera, diputado del Partido Patriota presentara un acta notarial que certifica la firma de Roxana Baldetti.

“Me acaban de trasladar un acta notarial de legalización de la firma de la vicepresidenta”, señaló Rivera, con lo que evitó que se conformara una comisión que determinara si la carta y firma era válida.

Baldetti presentó su renuncia voluntaria el pasado viernes al Congreso con copia al gobernante, quien la hizo oficial en una conferencia de prensa.

El mandatario comentó que en una carta firmada por Baldetti se decía que ella abandonaba su cargo con la intención de
solventar su situación legal, debido a los señalamientos hechos en su contra por supuestos vínculos con la red de defraudación aduanera La Línea.      

Varias manifestaciones fueron organizadas en la Plaza de la Constitución y frente al Palacio Legislativo, en medio de la discusión parlamentaria.

(NOTICIA EN DESARROLLO)

En el recurso planteado, la abogada pidió que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y medios de comunicación, acompañen al juez para efectuar la diligencia. Refirió que el presidente Otto Pérez Molina también podría enviar una terna al Congreso de la República para que nombre quien pueda sustituir a la vicemandataria.

DATO

También la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) emprendió la búsqueda de la vicemandataria, y presentó ante el Ministerio Público para que por la vía judicial, se determine el paradero de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

La última vez que se le vio en público a la vicemandataria fue junto con el presidente Pérez Molina, el 23 de abril recién pasado, cuando anunció la prórroga del mandato de la CICIG, institución que reveló el funcionamiento de una estructura denominada La Línea en la cual aparecen involucrados funcionarios de gobierno.

CIRCULAN FOTOS

Poco después de que la abogada Alejos Botrán presentara el recurso, y que la bancada congresista de la UNE solicitaran también buscar a la vicemandataria, la oficina de comunicación de la Vicepresidencia hizo circular fotografías de Baldetti mientras encabeza la reunión que sostuvo con la Comisión Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (CONABED).

https://twitter.com/VicepresidentRB/status/596383165150662656

Josué Baquiax Baquiax, presidente de la CSJ, en conferencia de prensa, informó que aceptaron la recomendación de Gustavo Adolfo Dubón, juez pesquisidor, quien sugirió que se debían investigar los hechos por los cuales la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público plantearon el antejuicio contra la jueza.

“Por unanimidad se acordó declarar con lugar el antejuicio; en consecuencia, se remitirá el juez de garantías que corresponde”, dijo Baquiax Baquiax.

Las pruebas

En la denuncia el MP y la Cicig refieren que hay incremento injustificado del patrimonio de la jueza, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con sus ingresos como empleada pública y docente.

Además del pago de cuotas de enganche y crédito hipotecario con dinero cuyo origen se desconoce.

El pago del 45.5 por ciento del valor total —Q2 millones 357 mil 439.70— de una vivienda, entre mayo del 2013 y julio del 2014, desborda sus posibilidades de pago de acuerdo con el nivel de ingresos que percibe como jueza y docente, como lo demuestran las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios, según la denuncia.

La compra de varios automotores en el 2014, que implicó dos pagos de contado por Q200 mil en febrero y mayo, aparecen antecedidos de depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, los cuales no se reflejan en los estados de cuenta de su núcleo familiar, de acuerdo con las pesquisas.

Los estados de cuenta reflejan preliminarmente un incremento injustificado en su patrimonio en Q1.4 millones. Ello corresponde a dinero recibido en sus cuentas bancarias en efectivo y en cheques depositados por terceros.

Procesos polémicos

Seis guatemaltecos  y un mexicano señalados de haber lavado dinero fueron beneficiados por la jueza, quien les cambió el delito y revocó su arresto.

En el  caso de Ana Sofía Castañeda Deras, alias la Sirenita, le cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario.

En el  2012, Reinoso ordenó arraigo contra Sandra Torres. El proceso fue cerrado, años después, por otro juzgado.

De los 22 imputados de desviar Q82.8 millones del Legislativo a la financiera Mercados de Futuro (MDF), el Juzgado Segundo Penal puso en libertad a seis por falta de mérito.

DATO

En 2008, se desató un escándalo en el Congreso, cuando se dio a conocer que los Q82.8 millones del legislativo los trasladaron a la casa de bolsa, la cual estaba situada en la zona 15.

Ahora, le corresponde al Congreso nombrar una comisión pesquisora para investigar a Baldetti.

La vicepresidenta cumple 17 días sin aparecer en actos públicos, la semana anterior participó en una actividad en el Palacio Nacional, pero se negó el acceso a la Prensa.

En las escuchas telefónicas presentadas por el Ministerio Público, en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, aparecen nombres de varias personas que generan dudas tales como “La Señora”, “La Dos” y la “R”.

Cacif pide la renuncia de Baldetti

En conferencia de prensa el sector privado, representado en el Cacif, pidió la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y cárcel para los empresarios y funcionarios involucrados en la defraudación aduanera.

Los empresarios consideran que Baldetti podría estar implicada en la estructura que defraudó al fisco, además piden que sigan las pesquisas y se extiendan hacia personas cercanas a la vicemandataria.

El Cacif también advirtió que analizan convocar a un paro nacional, en el caso que Baldetti se niegue a entregar el cargo.

El 23 de abril fue la última aparición pública de Roxana Baldetti, ese día, el presidente solicitó la ampliación del mandato de la Cicig. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El antejuicio en el Congreso

Para que el Congreso nombre a la comisión pesquisidora que conocerá el antejuicio contra la vicepresidenta, este organismo deberá sesionar y conformar las tres comisiones pesquisidoras para conocer antejuicios contra los ministros de  Salud, Luís Monterrono; Energía y Minas, Erick Archila; y del Mides, Leonel Rodríguez. Luego le tocaría el turno a Baldetti.

Con el actual panorama político en el Legislativo y reacomodo de fuerzas, el caso de Baldetti estaría a merced de un acuerdo entre las bancadas.  Los partidos que apoyarían retirarle la inmunidad a la vicepresidenta serían UNE, CREO, URNG, Winaq, y Todos.

Ávila Monzón fue capturado por la Policía Nacional Civil en Puerto Quetzal, Escuintla el pasado lunes. Ahí trabajaba como vista aduanal, mientras que Martínez Castellanos, administrador del mencionado puerto, se entregó voluntariamente.

De acuerdo a información divulgada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la audiencia de primera declaración, dejó sujeto a proceso a Martínez Castañeda por el delito de asociación ilícita para la defraudación aduanera; Ávila Monzón por los delitos de defraudación tributaria y asociación ilícita.

“La Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público presentaron en la diligencia los elementos de investigación contra los sindicados, que incluyeron métodos de interceptraciones telefónicas, análisis financieros e informes de análisis criminal”, detalla un documento divulgado por la Cicig.

DATO

Vinculados a la banda La Línea han sido capturadas 24 personas, mientras que Juan Carlos Monzón, uno de los cabecillas de la banda, y exsecretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti, sigue prófugo.

Gálvez este lunes fundamentó su resolución en que para los cuatro delitos que le imputa el Ministerio Público existen pruebas.

Se presume que hay escuchas telefónicas entre el 16 y 31 de julio de 2011 con Roberto Barreda, donde se supone que habría facilitado la contratación de personas para que hicieran limpieza en la casa donde vivía Cristina Siekavizza. 

Beatriz Ofelia De León, madre de Roberto Barreda y ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, durante la diligencia de este lunes manifestó que está esperando que avance el proceso porque confía en la inocencia de ella y su hijo. 

Desaparición de Cristina

Cristina Siekavizza desapareció el 6 de julio de 2011, el 2 de febrero de 2012 a solicitud de la entonces jefa del Ministerio Público Claudia Paz y Paz, se crea la fiscalía especial para el caso. 

El 19 de octubre de 2011 Olga Say, empleada doméstica de la familia Barreda Siekavizza, declaró en anticipo de prueba como colaboradora eficaz e incriminó a Beatriz Ofelia de León, que fue capturada el 20 de octubre del mismo año por el delito de obstrucción de la justicia. Say denunció que la madre de Barreda la había amenazado de muerte. 

Roberto Barreda desapareció con sus dos hijos el 3 de agosto de 2011 y el 16 del mismo mes y año se emitió la orden de captura en su contra. 

El 8 de noviembre de 2013 fue capturado Barreda que residía en Mérida, Yucatán, México junto a sus hijos y se había cambiado el apellido a Barreida Villareal junto al de sus hijos. 

Flores aceptó la recusación y la envió a la sala de Mayor Riesgo para que ahí determinen si es admitida.

Este lunes se esperaba que la jueza resolviera si enviaba a juicio a Haroldo Matta y ocho personas más, supuestos integrantes de una estructura criminal. 

Mendoza Matta y ocho personas más, fueron capturadas luego de una investigacion donde participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en noviembre de 2014, sindicados de integrar una estructura que entre otras acciones, se dedicada a quema de cosechas, allanamientos a domicilios, matanzas y desaparición de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén. 

Según la Cicig, la estructura era considerada “un ejército privado en Izabal que tenía azotada a la población”. 

Mendoza Matta y su supuesta estructura criminal, quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del año pasado, según la jueza Carol Patricia Flores, por existir indicios suficientes sobre la participación de los sindicados en los hechos que les señaló el Ministerio Público. 

Los delitos que se les imputan son dos asesinatos, una desaparición forzada, asociación ilícita, plagio o secuestro de tres empleados de una embotelladora, robo agravado de semovientes y allanamiento con agravación específica.

La juzgadora argumentó que en el caso de Mendoza Matta se logró establecer en las 28 escuchas telefónicas presentadas en el juzgado que él es el presunto líder de la red que delinquía en  comunidades de Morales, Izabal.

En la sindicación del MP aparece el secuestro de tres trabajadores de una empresa de bebidas carbonatadas, así como la muerte de dos hombres y la desaparición de otro.

También el intento de robo de un vehículo BMW y allanamientos para apropiarse de al menos 10 semovientes, los cuales fueron trasladados a la propiedad de Mendoza Matta.

Como parte de la declaración, trascendió que la jueza no incluyó un inmueble que después de la investigación que realizaba el MP y la Cicig, intentó incluirlo como parte de sus bienes, sin embargo las pesquisas venían ya desde hace un año. 

Esta sería la residencia de la jueza Carol Patricia Flores, en residenciales Entre Bosques, Santa Catarina Pinula. 

La solicitud fue presentada en gestión penal la tarde de este jueves y la misma deberá llegar a la Corte Suprema de Justicia, para que los magistrados resuelvan si dan con lugar la solicitud planteada y dar trámite al antejuicio. 

El operativo fue planificado desde el pasado martes y alrededor de las 10.30 horas de este miércoles comenzó la inspección en el área, controlada por el ejército. 

En la finca, según aseguraron a Prensa Libre fuentes que participaron en el operativo, se encontró que el área está invadida por personas que han instalado una comunidad en los terrenos estatales, a un costado del destacamento. 

Áreas dentro de la finca San José Las Lágrimas. 

El área, aunque está controlada por el ejército, está en un abandono notorio; “camas sin utilizar, enpolvadas, pareciera que no vivía nadie desde hace mucho tiempo”. 

Autoridades se dirigen hacia la finca en busca de Juan Carlos Monzón.

Las autoridades intentaron obtener información de los pobladores que invadieron el lugar, sin embargo ninguno dijo notar movimientos sospechosos en los últimos días. 

Según las autoridades, la propiedad pareciera deshabitada desde hace mucho tiempo. 

La finca está en el área limítrofe entre Guatemala y Honduras, por lo que según autoridades en el lugar, se coordinó y solicitó la asistencia de las fuerzas de seguridad hondureñas para prevenir que Monzón se interne al país a través de algún paso ciego. 

Mobiliario en desuso dentro de la finca. 

El Ministerio Público a través de sus redes sociales señaló que “el allanamiento no fue fácil, pero finalmente se logró”. 

Casas de pobladores que han invadido el área del destacamento militar. 

Además las autoridades guatemaltecas informaron que mantienen comunicación constante con la Fiscalía de Honduras y estos “están brindando todo el apoyo necesario”. 

Según Cano, el Juez ordenó que se ejecutarán los allanamientos y según su argumento, se hizo de forma ilegal porque estos solo pueden ser autorizados por un Juez de Primera Instancia. 

De acuerdo a los argumentos de Cano, las residencias eran privadas y no públicas, por lo que no tenía facultades Mena Samayoa para ordenar la ejecución de las inspecciones. 

Inspecciones  

Entre el sábado, domingo y lunes , pasados ,un  juez de turno, acompañado de un grupo de policías, efectuó  ocho diligencias judiciales en inmuebles vinculados con la vicepresidenta Roxana Baldetti, en busca del ex secretario privado.

Las diligencias se efectuaron en viviendas de la zona 9; en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, y en la colonia Primero de Julio, zona 5 del mismo municipio, así como en residencias ubicadas en otros municipios.

Las acciones se realizaron en base al recurso de exhibición, interpuesto por la abogada Ana Lucía Alejos, para que las autoridades buscaran a Monzón, al argumentar que podia estar retenido en una de las viviendas.

La vocera de Baldetti, Karen Cardona, afirmó que esta solo tiene tres propiedades: una en Marina Pez Vela, Escuintla; otra en la finca La Montagna, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, y la tercera se encuentra en Los Eucaliptos, ruta a El Salvador, la cual es alquilada.

Sin embargo, hoy en reanudación del segundo día de la audiencia en que el Ministerio Público sigue imputando a los implicados, Porras cambió su resolución, al argumentar que susbsanó errores en que se incurrieron en la forma en que se solicitó que ambas instituciones quedaran fuera del proceso penal.

Demandas

Con la nueva resolución, tanto el Legislativo como la PGN puedan actuar como querellantes adhesivos y solicitar sus demandas contra los implicados del desvío millonario del Congreso.

Hasta el momento van 11 implicados a quienes se les ha señalado de delitos como asociación ilícita, intermediación financiera, estafa, abuso de autoridad entre otros delitos.

La diligencia continúa y falta que el juzgador emita la decisión si liga a proceso a los 21 implicados.

El hecho criminal ocurrió en la residencia de sus padres, en la cual vivía él también, tras la separación de su segunda pareja, en la 13 calle A 20-40, zona 7, colonia Kaminal Juyú.

Sin hacer ruido

Inés Avidán de León Santos, de 60 años, y su esposa, Ana Verónica Rodas Villanueva, 55, dormían tranquilamente sin sospechar que la muerte llegaría a su propia habitación, al igual que a la de su otro hijo, Estuardo Alfredo de León Rodas, 26.

Eran las 3 horas, cuando el victimario y otra persona —supuestamente su novia— entraron en la residencia sin hacer ruido.

Cubierto con gorro pasamontañas, se dirigió a la habitación de sus padres, a quienes ultimó con arma de fuego.

Luego, entró en el cuarto de su hermano, y también lo mató a balazos.

Por último, agredió a sus hijas, de 11 y 13 años, a quienes causó heridas con arma blanca. Las menores quedaron inconscientes en la cama, pero no murieron.

Borran huellas

Según las investigaciones de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, a los agresores les bastaron 30 minutos para matar a tres personas y herir a las dos menores.

Después de haber cometido los crímenes, huyeron de la vivienda en el vehículo del hermano del agresor, y lo abandonaron en una finca, en el kilómetro 85, Puerto San José, Escuintla.

Prendieron fuego al automotor para no dejar huellas. El vehículo fue localizado el mismo día de los crímenes.

Herencia

Según las investigaciones, la decisión de matar a su familia habría sido para cobrar un seguro de Q100 mil, el cual recibió cuatro meses después del ataque mortal.

Se siguen las investigaciones, ya que al parecer el hechor también tenía la intención de cobrar otro seguro y apropiarse de dos casas.

De León Rodas también es sospechoso de haber asesinado a su novia, al parecer de nacionalidad hondureña, cuyo nombre no figura en el proceso.

Ella desapareció el 30 de agosto de ese año, y fue encontrada muerta en avanzado estado de putrefacción en una bodega en la colonia Toledo, zona 11, el 9 de septiembre.

Sin trabajo

De acuerdo con los investigadores, el victimario no tenía trabajo desde hace cinco meses.

Mantenía roces con su padre, ya que este le reclamaba que trabajara para mantener a los cinco hijos que tenía, con dos parejas diferentes.

Cuando se separó de su segunda esposa, De León Rodas regresó a vivir con sus padres, y llevó allí a dos hijas.

Después de haber cometido el crimen, regresó con su expareja y se fue a vivir a Quetzaltenango, donde fue capturado.

La presencia del juez en los inmuebles de la Baldetti fue para verificar si Monzón Rojas se permanece en alguna vivienda, esto porque está desaparecido y posiblemente su vida estaría en peligro.

El juzgado pidió a los otros juzgados de Paz de los municipios de Fraijanes, Santa Catarina Pinula y Puerto San José, Escuintla efectuar en los inmuebles citados el recurso de Exhibición, planteado por la abogada Ana Lucía Alejos Botrán el domingo pasado, a favor de Monzón Rojas.

El exsecretario de Baldetti es buscado internacionalmente por integrar la estructura de defraudación aduanera conocidad como La Linea.

El recurso de la abogada argumenta que Juan Carlos Monzón, se encontraba de viaje junto a Baldetti y por eso logró evadir a la justicia.

Según Botrán el secretario privado “tiene información de muchísimo valor en cuanto a la participación de funcionarios y dignatarios de una jerarquía mucho mayor a la de él, razón por la cual se evidencia que se encuentra ilegalmente detenido por la vicepresidenta.

Retenido

A decir Botrán, Monzón sen encuentra sufriendo vejámentes y por ello solicitó allanamientos en viviendas de Baldetti, estas ubicadas en la colonia Primero de Julio zona 19 de la capital, San Cristobal , Fraijanes, ruta a El Salvador, zona 14, Finca La Montagna, Chimaltenango, Puerto San José, Escuintla.

En los últimos departamentos serán los juzgados locales los que deberán autorizar las diligencias.

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, informó que la Policía, Ejército e Interpol, siguen con los operativos para dar con su paradero.

Se coordina con autoridades de Honduras para determinar si sigue en esa nación, en donde ingresó la semana pasada.

El funcionario agregó que Monzón Rojas se gradúo de la escuela militar Francisco Morazán, en aquel país, aunque no especificó el grado que obtuvo.

Hasta el momento no se ha logrado tener certeza de su ubicación, por lo que su aprehensión se hace cada vez más complicada para las autoridades.

Monzón Rojas tiene orden de aprehensión desde el 15 de abril pasado.

La investigación coordinada entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala arrojó que funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y particulares formaron parte del grupo dedicado a defraudar al Estado. Hasta el momento, hay 22 personas detenidas.

La fiscal general, Thelma Aldana Hernández, informó que coordina con su homóloga de ese país centroamericano, para lograr la detención de Monzón Rojas, que ingresó el martes a ese territorio. “No lo vamos a dejar hasta traerlo a Guatemala”, expresó.

Al momento de ser aprehendido en Honduras será expulsado, y no será a través de una extradición, aclaró Aldana Hernández.

ubicado

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que ayer en la mañana recibieron una alerta de El Salvador sobre que Monzón Rojas arribó a ese país proveniente de Colombia.

El recorrido que los registros migratorios consignan, explicó el ministro, es que Monzón Rojas viajó de España a Colombia y luego a El Salvador, con destino final en Honduras.

El ex funcionario huyó de Corea del Sur al enterarse de que tenía orden de captura. “Su arribo a territorio hondureño ya fue verificado por Interpol”, afirmó López Bonilla.

El ministro dedujo que Monzón Rojas no fue detenido en ninguno de esos países porque la alerta roja de la Interpol se emitió el martes último y quizá no había llegado a todos lados, pero aseguró que probablemente la intención del prófugo es pasar a territorio guatemalteco.

A la pregunta de si en estos días se daría la captura de quien fuera el hombre de confianza de Baldetti, el ministro refirió: “O su presentación a la justicia o su captura. Es un tema que probablemente se dé; todos los indicios van hacia eso”.

SE MOLESTA

El presidente Otto Pérez Molina se manifestó molesto ayer por los rumores y versiones acerca del paradero de Monzón Rojas y los señalamientos de que este llegó al país junto con la vicemandataria, el viernes último.

“Hay un montón de mentiras, chismes y rumores que se están dando, pero nada es cierto”, dijo.

Sin embargo, admitió que hubo “falta de comunicación” en cuanto al regreso de Baldetti, ya que él informó el sábado pasado, en Rabinal, Baja Verapaz, que ella regresaría el domingo, pero el martes se supo que en realidad había retornado el viernes.

“Cuando hablé con la vicepresidenta la última vez, para ella era día viernes ya; entonces lo que me dijo es que iba a venirse lo más pronto posible”, refirió Pérez Molina.

En cuanto a la duda sobre el paradero de Baldetti durante 24 horas, Pérez Molina señaló que, primero, al llegar, estuvo enterándose de lo que sucedía, y después, reponiéndose del viaje.

“No le voy a seguir dando vueltas al asunto. Hubo falta de comunicación y entendimiento. Yo no chequeé los reportes del regreso de ella”, expresó.

Respecto de la situación en general, el gobernante pidió “calma, paciencia y seguridad”.

Apelan fallo

El MP apeló ayer la decisión de Marta Sierra de Stalling, jueza octava Penal, de beneficiar con libertad condicional a seis sindicados de ser integrantes de la red.

Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez; Salvador Estuardo González Álvarez y Miguel Ángel Lemus Aldana salieron de prisión al pagar la fianza de Q200 mil.

Mónica Patricia Jáuregui Zamora, José Rolando Gil Monterroso y Carlos Ixtuc Cuc siguen en prisión porque no han pagado la fianza de Q250 mil.

La impugnación será conocida por una sala de Apelaciones, que podría revertir la medida.

siempre cerca del poder

Juan Carlos Monzón Rojas es fundador del Partido Patriota (PP).

En el 2001 fue hospitalizado por haber sufrido heridas de bala. Él y otros tres hombres fueron señalados como presuntos robacarros. El caso fue sobreseído.

Roxana Baldetti, vicepresidenta, lo contrató como su secretario privado, cuando ya no tenía ninguna relación judicial pendiente.

Trabajó con ella en el Congreso cuando era diputada por el PP.

Monzón Rojas fungió desde el 14 de enero del 2012 como secretario privado de la vicepresidenta.

Desde el martes recién pasado se activó la alerta de búsqueda y captura en la Policía Internacional.

Monzón Rojas acompañó a Baldetti a Corea del Sur. Desde su orden de captura huyó a España, después a Colombia, El Salvador y, por último, a Honduras, donde se le rastrea.

Según el Registro Mercantil, en el 2012 dejó de ser el presidente de esa empresa y fue sustituido por su esposa, Asya Ylenia Mora Andrade. Del 2012 al 2015 obtuvieron 13 contratos con el Estado.

La firma funciona desde el 2007, y a partir de ese año ha logrado 25 contratos con el Estado por Q20 millones, según el portal Guatecompras.

Monzón Rojas y su esposa tienen inscritas tres empresas: la antes mencionada; una de importación, exportación, distribución y negociación de toda clase de mercaderías, productos de materia prima, sean industriales, comerciales, medicinales, agrícolas o pecuarios, y se denomina Distribuidora May’s; y transportes Iserco.

Estas dos últimas no tienen movimiento en Guatecompras.

La empresa Canchas Deportivas suscribió un contrato con la Municipalidad de Santa Catarina Pinula por Q78 mil 621 para el mantenimiento de la grama sintética del polideportivo ubicado en Don Justo.

En el contrato, suscrito en este gobierno, se establece que se pagará en 12 cuotas de Q6 mil 500.

Otros de sus clientes son la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, con la que suscribió un contrato para la reconstrucción de pista sintética del Complejo Deportivo de Puerto Barrios, que se formalizó antes de que fuera nombrado secretario privado de Baldetti.

Conflicto de intereses

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refirió que en estos casos resalta la falta de transparencia, ya que se evidencia el conflicto de interés que existe, pues aunque Juan Carlos Monzón Rojas ya no representaba a la empresa cuando asumió el cargo, continuó teniendo el control de esta.

Por ello es fundamental el trabajo de las juntas de calificación cuando se otorgan los contratos a las empresas, expresó Lavarreda.

“En general, si hay o no vínculos, se debe fortalecer la evaluación de las etapas de cumplimiento del contrato, ya que algunas veces ofertan más barato, pero a mitad del proyecto solicitan más dinero”, expresó el analista del Cien.

Pérez Molina agregó que el informe incluye cinco recomendaciones. “La primera es que se prorrogue el mandato. No he tenido tiempo de ver todo el trabajo que ellos hicieron”, expresó.

Mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Felipe Baquiax, informó esta tarde que la Instancia Coordinadora del Sector Justicia (Icsj) recomendó al presidente Otto Pérez Molina, prorrogar el mandato a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por otros dos años.

Por unanimidad la Instancia integrada por el Ministeiro Público, la Defensa Pública Penal, Ministerio de Gobernación y la CSJ, decidieron hacer la recomendación.

Entre los argumentos para la recomendación es que ha demostrado una buena conducción en las investigaciones de los casos y porque el comisionado Iván Velásquez, es una persona responsable que sabe direccionar los procesos.

Otro de los argumentos es que aún hace falta capacidad instalada en el país por lo que se hace necesario la presencia en el país de la Cicig para que pueda seguir coordinando investigaciones con el Ministerio Público para continuar en la desarticulación de estructuras paralelas que operan en el país, como la desarticulada en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El informe fue entregado en la Casa Presidencial ayer por la tarde al mandatario dos meses después de haber empezado el trabajo de evaluación en donde se recibió las observaciones de diferentes sectores.

Ahora corresponderá a Pérez Molina, determinar si prórroga el mandato de la Comisión o no.

Que no se desvíe la Cicig

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que lo que se pretende es darle prioridad a las áreas de investigación en general.

“Lo que se quiere es tener la certeza de que no se va a desviar la atención hacia otros ámbitos y darle mayor certeza a un plan de cumplimiento en los siguientes dos años para que haya una línea clara en donde más se necesita y segundo que se lleve a cabo la transferencia de capacidades como debe de ser”, afirmó López Bonilla.

De hecho, el presidente Otto Pérez Molina visitó la SAT ayer para respaldar la gestión de Franco. En tanto, Monzón Rojas se encuentra prófugo.

Además de los funcionarios, Velásquez explicó que la estructura era liderada por el conocido como “teniente Juárez” quien formó parte también de la “red Moreno”.

También se informó que los principales cabecillas, entre ellos Monzón Rojas, se reunían en la Boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizabal, quien grabó y distribuyó el video de Rodrigo Rosenberg en el 2010.

Entre una cantidad extensa de detalles de cómo funcionaba la red, Velásquez comentó que, en realidad era una gran estructura “jerarquizada” y que funcionaba con grupos externos e internos de todos los niveles.

Desde ajuste irregular del impuesto a pagar a los contenedores, hasta simular el ingreso de mercancías era lo que hacía la red, descubierta con un año de investigaciones en las que se revisaron procedimiento y se hicieron escuchas telefónicas donde se fraguaba la defraudación y la repartición de sobornos.

Antecedes de Muñoz y Franco en la SAT

Muñoz asumió la jefatura tras la renuncia del cargo de Miguel Gutiérrez.

Pavel Centeno, ministro de Finanzas y presidente del Directorio, expuso que uno de los principales planteamientos del nuevo superintendente es mejorar la recaudación tributaria.

En esa oportunidad Centeno dijo que Muñoz, quien fue intendente de Recaudación Fiscal, era la persona idónea al cargo porque conoce los mecanismos para mejorar la recaudación.

En septiembre de 2013, Omar Franco fue nombrado Intendencia de Recaudación y Gestión, en sustitución de Abelardo Medina, quien fue separado del cargo.

Franco fue hasta junio del 2012 intendente de Recaudación y fue uno de los candidatos que integró la terna por el Directorio de la SAT, para seleccionar al nuevo jefe de esa entidad.

La Intendencia de Recaudación tiene como función principal el control de la captación de los impuestos y las metas establecidas por la entidad recaudadora.

Muñoz también nombró a Ariel de Jesús Guerra como intendente de Fiscalización, en sustitución de Geovany Garrido.

Otro nombramiento se dio en la Gerencia de Seguridad Institucional, con Luis Alberto Medina, como sucesor de Carlos Peña.

Sergio Roberto Barillas fue nombrado como gerente de Informática, y sustituyó a Héctor Velásquez.

Además se nombró a Julio César Aguilar como gerente de Infraestructura, en sustitución de Alejandro del Cid.

Según la Cicig, la estructura criminal que opera en la SAT influyó en el nombramiento de Omar Franco, integrante de la estructura paralela de defraudación.

Las víctimas Cristian Arnoldo Fabián Méndez de 20 años, Gustavo Alexander López Reynoso, 19 y Telmo Isaías Reyes 17, este último murió al ingresar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ubicado en la zona 7.

De acuerdo con los Bomberos Municipales, los vecinos les contaron que los jóvenes se encontraban en una tienda consumiendo bebidas alcohólicas, discutieron con un grupo rival de pandillas y posteriormente les dispararon con sus armas de fuego.

Hasta el momento, no se reportan capturas por el triple crimen, que podría tratarse de una venganza entre ambos grupos.

Bomberos Voluntarios acudieron al llamado de emergencia y lo encontraron herido, por lo que fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

Sin embargo, debido a la gravedad de dos heridas por las balas, murió cuando ingresaba a dicho centro asistencial.

Soyoz era el propietario de una tienda y panadería, la Policía Nacional Civil, supone que el ataque contra el sexaganario se debió a un posible caso de extorsión.

En San José Nacahuil los vecinos de la víctima se congrearon en las afueras del negocio y denunciaron a la Policía que las tienda y pequeños negocios son blanco de pandilleros que cobran la extorsión.

Violencia en Nacahuil

La noche del sábado 7 de septiembre, en la aldea San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc, Guatemala, fue interrumpida a las 22.50 horas, cuando un grupo armado perpetró una masacre que dejó 11 muertos e igual número de heridos. Pese a que la población está a 18 kilómetros de la capital, fue hasta pasada la medianoche cuando se alertó del hecho y hasta la madrugada de ayer cuando se vivieron escenas de llanto y angustia por lo ocurrido en una comunidad de poco más de siete mil habitantes.

La mayoría de las víctimas mortales se encontraban en la cantina Sol, en la calle principal del primer cantón de la población.

Según testigos, varios sujetos a bordo de una camioneta blanca dispararon contra quienes estaban en el negocio, donde se encontraron ocho cadáveres. Otras versiones indican que los atacantes iban a pie.

Una persona más murió afuera del negocio, otra fue hallada en una segunda cantina y una más murió en un hospital.

Los heridos, entre los que hay dos niñas de 11 años en estado grave, son producto de los balazos que los atacantes hicieron en su huida, ya que al escuchar las ráfagas varios vecinos se acercaron al lugar de la matanza.

Cuando se dieron a la fuga se robaron un automóvil, el cual abandonaron en el cementerio de la aldea San Martín, a cuatro kilómetros del lugar de la masacre.

La finca, que tiene una extensión de 21 mil 116 metros cuadrados, fue donada por el Ministerio de Gobernación, en 1981, para que fuera adjudicada en lotes a agentes que carecían de vivienda, según Douglas Herrera Arita, abogado de los afectados.

Los señalados habrían estafado a las familias cuando se apoderaron de la junta directiva de la Asociación Pro-Asuntos Sociales de la desaparecida Policía Nacional (PN), en el 2007.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público investiga a Domingo Morales Yax, supuesto cabecilla de la banda y quien fue dado de baja como policía en el 2003; cuatro años después presidió la referida asociación.

También son investigados los notarios Ricardo Raúl Rivera Calvo y Selvin Antonio Medina Escarate, así como sus colaboradores Marco Tulio Ortiz Rivera, Armando García Zabaleta, Sandra Patricia Cabrera, Béverly Margarita Virgil Mármol y Neftalí Florián López, algunos de los cuales ocuparon puestos en la junta directiva.

Modus Operandi
El supuesto robo de terrenos pudo haber empezado a planificarse cuando la banda ocupó la junta directiva de la asociación y no tuvo el respaldo de la asamblea general de vecinos, según el expediente en poder de la Fiscalía.

Morales Yax y sus colaboradores comenzaron a solicitar a las familias que plasmaran sus nombres y firmas en hojas de papel español en blanco, con el argumento de que solicitarían a instituciones proyectos de infraestructura para la colonia.

Sin embargo, las firmas fueron utilizadas para respaldar el acta 10-2007, del 17 de febrero del 2007, en la que se indicaba que el grupo dirigiría la asociación.

La reunión para constituir la directiva se efectuó en la sede del Consejo Nacional de Lideresas y Líderes Comunitarios, en la zona 1 de la capital, según informó Herrera Arita.

El despojo

Al tener el poder de la asociación, el grupo comenzó a operar y llegó a acumular Q8 millones, producto de los cobros que hacía a las familias afectadas, supuestamente para hacer trámites de legalización de sus terrenos. Pedían entre Q1 mil 600 y Q2 mil 500 por escritura, de acuerdo con el expediente.

Las familias reclamaron que el cobro era excesivo, por lo que acordaron que harían el trámite con un notario de su confianza, para fraccionar las escrituras.

Ante esa decisión de los vecinos, el grupo de señalados se sintió en peligro, por lo que convenció a Morales Yax de que la finca ya no estuviera a nombre de la asociación sino que fuera inscrita a nombre de otra persona. Fue así como el terreno apareció a nombre de Ortiz Rivera, actual supuesto propietario.

Prensa Libre intentó conocer la versión de Morales Yax, Rivera Calvo y Medina Escarate, pero no fueron localizados.

Impunidad

Los afectados presentaron la denuncia desde hace ocho años, pero el caso sigue en la impunidad.

Según Herrera Arita, los señalados incurrieron en estafa, asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad material y violencia contra la mujer, entre otros delitos.

Un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad logró que las familias no fueran desalojadas de la colonia.

Se informó que el reo padecía de insuficiencia renal y murió en la clínica en el interior del Hospital del Preventivo.

Concogua Martínez, enfrentaba a la justicia sindicado de pertenecer a la banda dirigida por Marvín Moniel Marín. Los integrantes de la banda incendiaron un bus donde viajaban 15 nicaragüenses y un holandés, quienes murieron calcinados en Río Ondo, Zacapa, el 8 de noviembre del 2008.

El reo estaba pendiente de saber si enfrentaría juicio por los delitos de asociación ilícita, conspiración para el apoderamiento, almacenamiento y tráfico ilegal de sustancias ilegales y asesinato.

Ese 8 de noviembre, la banda integrada por unas 14 personas, ese día todas las personas que viajaban dentro del bus, a quienes luego rociaron con gasolina y les prendieron fuego dentro de la unidad de transporte.

Por este caso ya hay personas de esta banda criminal condenas, otros siguen a la espera de la sentencia.

“Personalmente no conozco a Leal Castillo, pero ahora en el partido van a o ocurrir muchas cosas, van a ver movimientos y muchas personas están por separarse del partido”, adelantó Bran.

El disidente empezó a apoyar a la UNE desde hace tres años y se enfocaba en participar como candidato a alcalde por Mixco.

Sin embargo, anunció que ya empezó plática con otras tres organizaciones políticas.

El anuncio de Leal Castillo como vice presidenciable de Sandra Torres cayó como balde de agua fría para algunos integrantes de la UNE, entre ellos el expresidente Álvaro Colom, quien arremetió contra su exesposa al manifestar su desacuerdo con dicha designación a la vicepresidencia.

“Lo sucedido en Guatemala y las lesiones sufridas en Guatemala, no tienen nada que ver con las actividades llevadas a cabo en la provincia de Columbia Británica”, dijo Carteri.

“No hay actividades económicas de Tahoe en la Columbia Británica, salvo con respecto a su cotización en la Toronto Stock Exchange, Bolsa de Valores de Toronto en Inglés”.

La demanda se respalda en las acciones que los guardias de seguridad cometieron para dispersar a los manifestantes que se habían congregado fuera de la mina Escobal el 27 de abril de 2013, lugar donde se ubica la Mina San Rafael, en Santa Rosa.

Las balas de goma se utilizan a menudo por las fuerzas de seguridad como un medio menos letal para dispersar protestas o disturbios.

En Guatemala, el Ministerio Público acusó al jefe de seguridad de la mina, Alberto Rotondo, por los delitos de asalto, asalto agravado y obstrucción de la justicia. Las reclamaciones no se han demostrado en los tribunales.

Rotondo fue contratado por la Minera San Rafael, subsidiaría en Guatemala de Tahoe Resources.

En el tribunal, Carteri dijo al juez que si permite que el caso continúe esto implicaría el envío de varios documentos en idioma español sólo accesibles en Guatemala.

También abriría las puertas a un sinnúmero de demandas en los tribunales canadienses, simplemente porque una empresa “matriz indirecta” de una filial extranjera buscó financiamiento en los mercados de capitales canadienses, agregó.

La conclusión del abogado de Tahoe, es que tribunal guatemalteco es el foro más adecuado para las reclamaciones de los demandantes.

“En Guatemala, no existe la independencia judicial y el estado de derecho es extremadamente débil”, señala la respuesta de la defensa. “En consecuencia no hay posibilidad real de que Tahoe puede ser considerada responsable”.

La portavoz de Amnistía Internacional, Fiona Koza, quien asistió a la audiencia, dijo temer porque la gente no podría tener acceso a la justicia.

Mina San Rafael

“La empresa tiene una historia turbulenta en Guatemala, lo que debería preocupar a la población canadiense y a los inversionistas”, observa Jackie McVicar de la Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala. “Tahoe Resources surgió de la empresa Goldcorp de Vancouver

En 2013

El 27 de abril de 2013, un grupo de campesinos de las comunidades de San Rafael Las Flores y La Montaña, Jalapa, protagonizaron una manifestación contra la mina El Escobal ubicada en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

La violencia estalló y siete integrantes del grupo en resistencia resultaron heridos por balas de goma aparentemente disparadas por agentes de la seguridad de la mina.

Con información de CBC News y The Province

Manifestó que Torres no le pidió opinión al respecto, ya que ella no consulta a nadie. Según Colom la decisión de que Leal sea su vicepresidente es por dinero.

Navegas en móvil: Colom arremete contra la UNE 

Sandra presenta a Leal

Sandra Torres, presidenciable de la UNE, presentó este jueves a su compañero de fórmula, Mario Leal Castillo, para competir en el proceso electoral que arranca a partir del dos de mayo próximo.

La actividad se llevó acabo en un hotel capitalino de la zona 10.

Después de ser presentado una de sus primeras palabras fueron “decidí separarme del Partido Patriota, porque el país no iba en el camino correcto”.

Leal Castillo fue financista del PP y llegó ocupar el cargo de secretario de asuntos específicos de Pérez Molina.

Leal Castillo, fue financista del PP y en el 2011 recolectó ayuda para la campaña que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina.

Leal Castillo es un empresario propietario del ingenio Magdalena, en Retalhuleu.

Trabajaré con transparencia”, expresó en su discurso como precandidato vicepresidencial.

Leal y Torres ingresaron al hotel ovacionados por los simpatizantes de la UNE, hubo apretones de mano, saludos y besos a quienes los saludaron.

La portavoz de la vicepresidencia, Karen Cardona, confirmó que la camioneta accidentada pertenece a la comitiva de Baldetti, en ese sentido dijo: “la vicepresidenta recibió atención médica”, no especificó si fue trasladada a un centro asistencial.

Dentro de la camioneta permanecen al menos tres agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), según el reporte el vehículo chocó de frente y el impacto provocó que las bolsas de aire estallaran.

El vocero de la Presidencia, Jorge Ortega confirmó que Baldetti fue ingresada al Centro Médico, dijo que por el momento se desconoce el estado de salud, además mencionó que un agente de la seguridad también resultó herido.  

Sí está en un móvil ingrese aquí ?Baldetti sufre accidente 

El vehículo donde viajaba la vicemandataria, según el reporte electrónico de la Policía Municipal de Tránsito de la capital, tiene una multa sin pagar por exceso de velocidad. 

La infracción es del 3 de febrero a las 21.35 horas, cuando circlaba a 94 kilómetros por hora sobre el bulevar Vista Hermosa, zona 15. El límite de velocidad permitido en esa área es de 70 kilómetros por hora. 

Culpan a la vicepresidencia

Moris Pineda, hermana de Karen la mujer que tuvo un accidente vial con la vicepresidenta, narró que la responsable del percance fue Baldetti.

Explicó que la unidad motorizada de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS), en principio detuvo el tráfico en el semáforo en que se ubica un colegio en la zona 15.

Pasaron dos camionetas de las comitiva, pero el motorista no esperó un último vehículo en donde supuestamente viajaba la vicepresidenta. En cuestión de segundos el semáforo dio verde y su hermana avanzó con el vehículo tipo agrícola y chocó contra el automotor blindado en que iba Baldetti.

“Esperamos que la vicepresidenta se haga responsable de los gastos médicos y de la reparación del vehículo”, expresó Pineda.

Peligra su vida 

Esta tarde, Moris Pineda vía telefónica dijo que el estado de salud de su hermana es delicado; Karen fue ingresada a la emeregncia  del sanatorio El Pilar, ubicado en la zona 15.

Pineda manifestó que espera que la salud de su hermana mejore y se pueda resolver con sus abogados la reparación del automóvil.

El accidente ocurrió en el bulevar Vista Hermosa, zona 15, (Foto Prensa Libre: E. Paredes)

Sagastume refirió que el documento está basado en 3 mil 500 denuncias que la población presentó a través de Facebook que habilitó el TSE y están respaldadas con videos, fotografías, en la cual se promocionan bolsas de agua, botellas plásticas entre otros recursos que usaron los partidos para llamar la atención para un potencial voto a su favor.

Las organizaciones que más participación tuvieron en el descanso prolongado fueron el Partido Patriota (PP), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Libertad Democrática Renovada (Líder).

Tope al gasto 

En otro tema, el auditor del TSE, Sergio Chinchilla, dio a conocer los techos presupuestarios que algunos partidos se gastarán en la campaña electoral.

La agrupaciones que presentaron un gasto máximo de Q57 millones son Corazón Nueva Nación, Líder y UNE.

Dos millones menos presentó el PP, Creo, PAN .

Mencionó que la agrupación con menos presupuesto presentado es de Q20 millones sin aclarar a quien pertenece.

En el proceso anterior de elecciones, algunos partidos no presentaron el techo presupuestario y no fueron sancionados.

En esta ocasión también los magistrados del TSE serán quienes definan que decisión se toma con aquellos grupos que no presenten dicha información.

Como parte de sus funciones del coordinador, tendrá que designar algunos cargos que entre las destacan al comandante de Operaciones.

Las funciones de dicha Comandancia, es la unidad encargada de coordinar las actividades operativas de la Fuerza de Tarea.

El comandante contará con oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa del Ministerio de la Defensa Nacional y elementos de la Policía Nacional Civil por oficiales y agentes, así como un escuadrón de reconocimiento del Ejército y personal designado por las entidades coadyuvantes.

El Acuerdo establece que dicha Fuerza de Tarea contará con un parque vehicular y en caso de robo o pérdida total de los vehículos asignados la Policía Nacional Civil tendrá que efectuar la búsqueda de los automotores.

Los integrantes de la Fuerza de Tarea deben estar debidamente uniformados.

Las funciones de la Fuerza de Tarea empieza a funcionar a partir de mañana.

Se creó dicha Fuerza interinstitucional, la cual desarrolla operaciones en materia de seguridad, en toda la República con énfasis en Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Petén y Alta Verapaz, con la finalidad de prevenir, conbatir, desarticular y erradicar acciones criminales.