Los captores son retornados de México, quienes exigen al chatarrero Andrés Choc, quién supuestamente compró el cable sustraído del lugar y reside en el municipio de Tucurú, pague Q100 mil para dejar libres a los presuntos ladrones.
No permiten el acceso al lugar de ninguna autoridad, incluyendo a los de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y exigen que las negociaciones sean a través de la alcaldesa de Senahú, Monica Milián.