Sin embargo, las ocho municipalidades de Baja Verapaz no cuentan con planes integrales para cumplir con esa la ley, y los alcaldes tratan de evadir el tema.
La única comuna que ya comenzó acciones para cumplir con el reglamento es San Miguel Chicaj, aunque el alcalde Adán Ixtecoc aclara que no es suficiente.
“Retomamos la construcción de una de dos plantas de tratamiento iniciada en administraciones anteriores, pero se necesita que autoricen fondos para la otra, pues la Municipalidad genera poco por el cobro de arbitrios”, expresó.
Adolfo Mayén, alcalde de Santa Cruz El Chol, indicó que desconocía la ley, pero ahora busca concluir una planta de tratamiento que inició el anterior concejo, la cual tiene capacidad para todo el municipio, aunque no cuenta con fondos, a causa de la reducción del presupuesto que hizo el Gobierno.
Priorizar proyectos
Luis Morales, jefe edil de Rabinal, expresó que lo que les queda es dialogar con los consejos comunitarios de Desarrollo (Cocode) para priorizar proyectos y buscar el financiamiento, ya que necesitarían unos Q10 millones, los cuales no tiene, y que un año no sería suficiente.
Agustín Cuellar, alcalde de San Jerónimo, expresó que terminó de construir tres plantas que estaban comenzadas cuando recibió el cargo, y edificará otra, pero ese municipio necesita al menos 10, y que solo tendrá cinco cuando el plazo se venza.
Al ser consultado, el delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Sergio Fajardo dijo que tenía que preguntar a sus jefes sobre la línea de trabajo que deben seguir respecto de esta materia.
Jorge Ramírez, de la Fundación de Defensa del Medio Ambiente de Baja Verapaz (Fundemabv), indicó que están preocupados porque en el departamento no se podrá cumplir la normativa en el tiempo estipulado, y que las plantas de tratamiento ya colapsaron o su construcción está suspendida.
Debido a que los alcaldes consideran que no podrán cumplir la ley y desconocen las medidas que tomarán los ministerios de Salud y Ambiente, apelan al Gobierno para que los apoye con recursos que permitan recuperar y proteger ríos, arroyos y lagos.
El gobernador Rafael Mayén indicó que los alcaldes disponen de los fondos del Consejo Departamental de Desarrollo, de Q58 millones, y es disposición de ellos decidir en qué los invertirán.
En cuanto a la ley, comentó que era una bomba de tiempo, porque las muninicipalidades deben cumplirla.
Parámetros
Programa integral consta de cuatro fases
Según el artículo 20 del acuerdo gubernativo 236-2006, la cuarta fase de reducción progresiva de la contaminación de aguas concluye en el 2029, cuando solo se permitirá que las comunas, colonias y empresas que presten este servicio, que descarguen aguas servidas en cuerpos receptores —arroyos, ríos y lagos— “no más de tres mil kilogramos por día de demanda bioquímica de oxígeno, con un parámetro de calidad asociado igual o menor que 200 miligramos por litro de demanda bioquímica de oxígeno”.
Édgar Zamora, quien fue director de la Autoridad para la Rescate del Lago de Amatitlán, explicó que ello significa que el agua descargada no debe tener mucha cantidad de productos químicos, lo que le permitirá restaurarse por sí misma.
Se reducirían de esta forma grasas, aceites, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, arsénico, coliformes fecales, cadmio, plomo, níquel, zinc, cromo, mercurio y sólidos flotantes en las aguas de ríos y lagos.
La primera fase vence el 2 de mayo del 2015; la segunda, en el 2020; la tercera, en el 2024, y la cuarta, en el 2029.
Acuerdo Objetivos de normativa
El artículo 1 del acuerdo gubernativo 236-2006 indica que se busca “proteger los cuerpos receptores de agua de impactos provenientes de la actividad humana. Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización” —disminución de la calidad de un cuerpo de agua—, y de “promover el desarrollo del recurso hídrico”.
15 MESES tienen las comunas para cumplir ley.
