Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, líderes comunitarios y opositores a las hidroeléctricas en Huehuetenango, están detenidos desde hace un año, pues se les acusa de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales. Su abogado, Sergio Beltetón, los cataloga como presos políticos.
En el 2013, el Consejo de Pueblos Mayas y Xinkas de Guatemala denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la “sistemática violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
Solo cuatro casos por discriminación han logrado condena favorable en los tribunales, a pesar de que la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo ha recibido, desde el 2002, más de dos mil 400 denuncias.
En el caso de la hidroeléctrica Chixoy, el Gobierno no ha cumplido con el resarcimiento.
El caso del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, señalado de genocidio, no prospera, según líderes indígenas.
“El sistema de justicia tiene un desfalco en políticas para que la población indígena goce efectivamente de sus derechos. Un caso relevante se da en la criminalización hacia los líderes, quienes por defender el territorio y el derecho colectivo de las comunidades son perseguidos. En la práctica no se hacen consultas de buena fe a las comunidades para la realización de proyectos mineros y de electrificación, a pesar de que lo establecen convenios internacionales”, agregó.
El diputado Amílcar Pop criticó las debilidades del sistema de justicia de Guatemala, y señaló que el país es ajeno a la cultura de los pueblos y no coordina con las estructuras ancestrales, lo que lo hace “profundamente” racista.
“Los pueblos en consecuencia afrontan una justicia racista, excluyente poco comprensiva. Eso incluye la criminalización del modelo económico del Estado, reflejado en una justicia que en alto porcentaje favorece al que puede más económicamente”, señaló Pop.
Derechos
Sergio Beltetón, quien ha sido asesor jurídico de la Defensoría Maya y del Comité de Unidad Campesina, comentó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y triviales, y los Acuerdos de Paz son herramientas para exigir al Estado igualdad, pero aduce, que existen sectores conservadores que funcionan como detractores.
“Los artículos 44 y 46 de la Constitución indican que todo convenio en materia de derechos humanos aprobado por Guatemala tiene prominencia sobre la legislación ordinaria; los jueces tienen temor y no les gusta citar las normativas, y un caso claro es el de las radios comunitarias, donde prácticamente se inventó el delito de hurto de frecuencias”, comentó Beltetón.
Añadió que en lugares como Cobán, Alta Verapaz, es difícil litigar, porque existen influencias de finqueros en casos de despojo de tierras a las comunidades.
“Siento temor y complicidad de los órganos de justicia, son influenciados por parientes y amistades de finqueros”, señaló.
Desigualdad
Érick Villatoro, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Huehuetenango, reconoció que en el tema de justicia hacia los pueblos indígenas hay un rezago de forma general, pues en ese departamento se hablan ocho idiomas; mam, q’anjob’al, popti’, awakateko, chalchiteko, tektiteko, chuj y k’iche’.
Byron Herrera, delegado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, señaló que el panorama es complicado. “El acceso a la justicia se ve limitado a la hora de que no existan juzgados de instancia o de paz en los municipios”, comentó.
Iván Morán, juez de Primera Instancia de Quiché, admite que las variantes idiomáticas mayas representan inconvenientes en la aplicación de la justicia, pero que estos se están solventando.
A criterio de Jorge Mynor Martínez, abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal de Santa Cruz del Quiché, son varios los problemas que a diario enfrentan en los procesos, a causa de las barreras idiomáticas.
Édgar Racancoj, integrante de la Red Contra la Discriminación y el Racismo de Quetzaltenango, explicó que el pluralismo hace referencia a que se reconozca y acepte que los pueblos mayas tienen su propia visión de la justicia, la cual es diferente a la estatal.
“En Quetzaltenango el sistema de intérpretes debería contar con personas que hablen mam, q’anjob’al, k’iche’ y kaqchikel, tomando en cuenta que es una ciudad satélite a donde vienen personas de las comunidades de todo el país”, expuso el antropólogo Ignacio Camey.
Medida favorable
En el 2013, el Organismo Judicial, a través de la Unidad de Asuntos Indígenas creó el Centro de Interpretación, que asesora y facilita la traducción en los procesos judiciales.
Esa unidad tiene presencia en Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Sololá, Quiché, Chimaltenango y Alta Verapaz, y cuenta con 200 intérpretes para 22 idiomas.
El xinca y garífuna no está contemplados porque no hay demanda.
Con información de O. Figueroa, M. J. Longo, J. Rosales, A. Julajuj, C. Grave y M. Castillo
