Los manifestantes exigen que los inconformes entreguen las instalaciones, ya que consideran que la medida viola su derecho a la salud.
En el CAP de San Miguel Chicaj, la Red de Protección a la Niñez y la Adolescencia entregó a los encargados una petición para que se preste el servicio a los niños y mujeres embarazadas.
Emilio Hernández negó los señalamientos de corrupción, y enfatizó que si los sindicalistas tienen alguna prueba que la presenten.