Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernández Molina, el hecho de que cada vez más funcionarios del sector público y privado sean involucrados en hechos de corrupción por parte del gobierno estadounidense demuestra que las dependencias públicas y el sistema de justicia están cooptados, algo que no afecta solo la imagen de quienes se mencionan en la lista, sino de todo el país, y las consecuencias son graves.
“Esa lista tiene peso, aunque no lo quieran aceptar. Aunque los señalados no tengan derecho de defensa, no son decisiones de demócratas o republicanos; es unilateral, y aunque se cuestiona la soberanía guatemalteca, también hay soberanía estadounidense”, afirma.
Agregó: “Para nadie es gracia que lo señalen de corrupto y es más ofensivo que lo hagan internacionalmente. Eso quiere decir que algo saben y por eso los incluyeron en la lista. El hecho de no poder viajar a Estados Unidos es una carga grave para una persona que se mueve en el ámbito internacional”.
Sin pruebas
El politólogo independiente Ricardo Barreno opina que, si bien esa lista se hace pública periódicamente con la intención de transparentar las instituciones y mejorar la calidad ciudadana, no se conoce una metodología clara que contenga pruebas sobre cómo se hace.
Esos señalamientos, según Barreno, solo desestabilizan más la confianza en la población hacia las instituciones del Estado, crean apatía de la ciudadanía hacia los funcionarios y los condicionan para que tomen decisiones importantes.
“Esa lista no debe de interpretarse como una acusación certera o una alerta de que ser mencionado es asegurar que comete actos de corrupción. No debe interpretarse como una acusación de malas prácticas administrativas, porque para eso existen herramientas sociales, como las denuncias y las mediciones de la democracia, que sí gozan de un carácter metodológico”, señala.
Con esas listas, según el politólogo, no hay fortalecimiento institucional.
“No hay un registro investigativo por parte de Estados Unidos. Hay que entender que ya existe un desencanto de la sociedad hacia los funcionarios públicos, y esto genera más distanciamiento y no suma nada positivo para el fortalecimiento institucional y agrava la percepción de la clase política”, advierte.
Mala imagen
A decir de Yahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), esa lista es un mensaje de interés de Estados Unidos en medio de un proceso electoral convulso, y uno de sus fines es evitar que Guatemala se convierta en un país antidemocrático, como Nicaragua.
Dabroy señala que, aunque algunos de los involucrados lo minimizan, porque la sanción es no poder viajar a Estados Unidos, la repercusión de imagen es grande para el país, especialmente con inversionistas extranjeros, si se habla del tema económico.
“Las elecciones en Guatemala son importantes para Estados Unidos. No somos un país en término de política internacional, pero que salga una lista Engel pone en evidencia lo que está sucediendo en Guatemala y en el resto de la región, como El Salvador, con su reelección. Esta vez la importancia es por los constantes cambios, que han provocado un proceso electoral incierto, y Estados Unidos lo que pretende es que se cuente con un estado de Derecho”, acota.
Mensaje a la justicia
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, dice que el mensaje de la lista Engel es que el sistema de justicia es la plataforma desde donde operan las fuerzas antidemocráticas en Guatemala.
“La cooptación del Estado no es algo nuevo, empezó en el 2017, con las disposiciones del presidente Jimmy Morales. Continuó con el nombramiento de la fiscal general Consuelo Porras y se terminó consolidando con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el próximo período”, afirma.
A decir de Ibarra, es lógico que exista una gran cantidad de jueces y magistrados señalados de corrupción, porque es lo que han hecho desde que se tomó el control del sistema de justicia.
“No solo controla los tribunales, también el MP (Ministerio Público), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Víctima. Se ralentizaron todos los casos que descubrió la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y la mayoría fueron declarados bajo reserva y tratan de impedir el ingreso de los medios de comunicación”, añade.
Ibarra dice que el MP, lejos de emprender la lucha contra la corrupción y dar seguimiento a los casos que en su momento se develaron por parte de la Cicig, tomó la decisión de dejarlos en el aire y comenzó la persecución de jueces de alto impacto y se eliminaron los tribunales de Mayor Riesgo.
“El sistema de justicia está dedicado a perseguir a adversarios políticos, periodistas, columnistas que publican opiniones en contra del Gobierno. El sistema de justicia fue cooptado y comenzó a trabajar favor de los corruptos y la impunidad”, puntualiza.
En marzo pasado, Amnistía Internacional reiteró que periodistas que informaban sobre la corrupción y la impunidad se enfrentaban con frecuencia a acciones penales y campañas difamatorias en Guatemala.
El documento, que se publica anualmente y revisa “la situación de los derechos humanos en el mundo”, subrayó que, de igual forma, en el 2022 tuvieron que salir al exilio los jueces de casos de alto riesgo por persecuciones judiciales e intimidaciones.
