En agosto del 2020, en plena pandemia, el acceso a fuentes de agua para la higiene básica, una de las principales medidas preventivas, llevó a que los diputados retomaran la discusión. Se concentraron en dos iniciativas de ley, la 5098 y la 5161. La primera fue impulsada por Aníbal Rojas, de Viva, y había ingresado a la Dirección Legislativa el 20 de junio del 2016.
La segunda fue presentada por el Organismo Ejecutivo durante el mandato del presidente Jimmy Morales, llegó a dictamen favorable y luego se estancó.
Las reuniones para reactivar la discusión de una ley de Aguas en la novena legislatura tampoco encontró eco entre los parlamentarios, igual que otros proyectos en materia ambiental, por lo que se trasladarán a la siguiente, que asume en enero con el cambio de gobierno.Ambientalistas consultados consideran que el Congreso entrante deberá efectuar los cambios necesarios para que al fin se apruebe la ley de Aguas.
Gabriel Valle, director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), dice que es primordial que se promueva una ley para el uso correcto de los recursos hídricos, porque de lo contrario se vislumbran escenarios de riesgo para el país.
“En cuanto a la gravedad del tema, resulta que todos usamos el agua para diferentes actividades. Podemos ver la industria, el uso recreativo y el doméstico, por mencionar algunos ejemplos, pero mientras no se legisle se abre la puerta a que todos pueden hacer lo que la ley no prohíbe”, puntualizó. El hecho de no contar con una ley de Aguas genera un descontrol de grandes dimensiones, a criterio de Valle, porque los seres humanos no siempre son del todo conscientes de la importancia que tiene dicho recurso.
“Esto ocasiona un acomodamiento social, porque desordena la situación y todos pueden hacer lo que quieren, puesto que no hay ninguna norma”, comentó. La ley de Aguas es un primer paso para ir mejorando en el cuidado de los recursos naturales del país, pero además se tendría que hablar de un paquete de iniciativas que preserven y velen por el medioambiente, agregó. No obstante, Valle reconoce que la responsabilidad no es solo de esta legislatura, porque las anteriores tampoco le han dado la prioridad que demanda la gestión del cuidado del agua y el medioambiente.
“El Congreso y las legislaturas que han habido desde la vida democrática se han quedado cortos y no solo con la ley de aguas, sino con iniciativas de ley de la materia ambiental”, insistió.
Asimismo, pone en valor que algunas comunidades se han enfocado en el cuidado ambiental y poco a poco han ido cuidando su entorno, pero son muy pocas, por lo que insta a las futuras autoridades a proteger el medioambiente.
Reto político
Jorge Cabrera, también ambientalista, hace ver que el cuidado del medioambiente es responsabilidad de todos, por lo que es imperativo contar con un marco normativo que regule el uso del agua, para que de esa manera se puedan ir generando buenas prácticas. “En principio, —la legislación— es necesaria porque el agua es un elemento esencial para la vida en sus distintos usos, para consumo humano, para riego y otro tipo de actividades, pero además para otras especies de seres vivos, y no somos conscientes que debemos considerar esto también”, expuso.
Una de las grandes deficiencias del agua, en la actualidad, es que aparte de que están en riesgo sus fuentes de origen, el recurso no llega a todas las personas que necesitan del agua para sobrevivir.
“Debe existir una regulación para garantizar que estos recursos lleguen a toda la población. Ahora hay una falta de regulación. Algunos la aprovechan y otros la desaprovechan o la desperdician sin cubrir los costos, pero todos pagamos el agua y cada vez es más cara”, resaltó
A juicio del ambientalista es preciso que las personas se conciencien al respecto, pues en ocasiones usamos el agua pensando que es un recurso inacabable, cuando en realidad es todo lo contrario.
“Este es un recurso finito que se está quedando cada vez más limitado por la destrucción de las fuentes de agua, la deforestación, la contaminación y otros factores. Es un tema en el cual la administración pública debe pronunciarse e imponer una regulación, con el fin de propiciar un manejo consciente del agua de manera integral”, concluyó.
La décima legislatura asumirá el 14 de enero, con 17 fuerzas políticas representadas en el hemiciclo, y en el cual los 160 diputados tienen la potestad de permitir que se apruebe la ley que busca regular y brindar acceso al recurso y otras iniciativas de carácter medioambiental.
En otras manos
Ya sea a través de una empresa, gerencia, oficina o departamento especializado, las alcaldías buscan el modelo financiero, técnico y administrativo para prestar de forma eficiente el servicio de agua entubada. Sin embargo, en pocos casos funciona de manera exitosa y la mayoría cierra sus balances con déficit, baja inversión y la sombra del clientelismo político.
En las áreas rurales son las organizaciones, comités o asociaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento las encargadas de prestar el servicio. El dato en el 2010 era de 26,330 sistemas de agua bajo la responsabilidad comunitaria, que contaban con vigilancia del Ministerio de Salud.
En el 2006, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dio a conocer que el porcentaje de hogares guatemaltecos que son atendidos por comités comunitarios de agua, que dirigen los propios vecinos organizados, era del 11 por ciento en el área urbana y 66 por ciento en zonas rurales. El Código Municipal —decreto 12-2002— otorga la competencia a las comunas para encargarse del abastecimiento del agua entubada, y lo regula dentro de los servicios públicos que se deben prestar a nivel local por las alcaldías.
Sin embargo, este mandato se enfrenta a la falta de capacidades técnicas y financieras para poder cumplirlo de forma eficiente, refirió Jorge García Chiu, consultor en recursos hídricos y exviceministro de Energía y Minas. Esta falta de capacidades ha llevado a las municipalidades a dejar la gestión del servicio en las áreas rurales en manos de comités comunitarios de agua, por lo que de forma directa solo atiende las zonas urbanas, y en concreto, las cabeceras, indicó García Chiu.
Se puede estimar que entre el 60 y 70 por ciento de la prestación de servicio está a cargo de los comités de agua, agregó Francisco Leal, asesor de Gerencia en el Instituto Nacional de Administración Pública, quien cuestiona esta práctica porque dificulta implementar normas y le resta la responsabilidad que deben asumir las comunas. Estas carencias para llevar agua clorada a los hogares ha sido motivo para negar la conexión a nuevas construcciones de condominios o empresas, además de aldeas y pequeñas poblaciones, lo que obliga a los usuarios a perforar sus propios pozos o buscar otras opciones, enfatizó García Chiu.
En el país se contabilizan al menos 17 mil sistemas de abastecimiento de agua, cifra que incluye sistemas públicos y privados, incluyendo la distribución en pipas o cisternas, mecanismos que buscan cerrar las brechas de acceso que existen y ello se evidencia en casi todas las regiones del país.
Las últimas dos iniciativas de ley en materia ambiental que llegaron al Congreso no tuvieron avances significativos y su paso por el hemiciclo fue lento, según los registros de la Dirección Legislativa. La 5098, impulsada por Aníbal Rojas, de Visión con Valores (Viva), se presentó de manera formal como iniciativa de ley el 20 de junio del 2016. Después fue incluida en una sesión plenaria para su trámite, el cual consiste en que se le asigne una comisión que emita un dictamen sobre el proyecto. Esto ocurrió el 28 de junio del mismo año.
Llegar a un dictamen favorable le insumió a la iniciativa más de un año, y no fue sino hasta el 31 de octubre del 2017 que la Comisión de Ambiente del Organismo Legislativo emitió dictamen favorable. Dicho proyecto, hasta la fecha, lleva seis años sin un solo avance significativo. La iniciativa 5161, promovida por el Ejecutivo durante el mandato del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), también ha sido dejada de lado. Se presentó el 20 de septiembre del 2016 y fue remitida a una comisión para su análisis el 3 de noviembre, dos meses más tarde.
Y aunque también obtuvo dictamen favorable por parte de la Comisión de Ambiente el 31 de octubre del 2017, desde entonces permanece estancada
