De los 340 alcaldes electos durante los comicios generales del 25 de junio, el 24% ganó la reelección y el 76% asumirá en una nueva administración.
Una mayoría de alcaldes en áreas fronterizas asumirá por primera vez, como el de San Luis, Petén; el del Estor, Izabal; de San Pedro Soloma, Huehuetenango; de Malacatán, San José el Rodeo y de San Pedro Sacatepéquez, los tres municipios de San Marcos; de San José La Arada y Jocotán, en Chiquimula, y de Purulhá, Alta Verapaz.
Estos municipios figuran entre los 56 que se encuentran en el corredor del narcotráfico porque sirven como puente para el trasiego de droga entre América del Sur y México, según autoridades antinarcóticos de la PNC.
“Es muy común que las autoridades locales de áreas fronterizas se involucren en estos ilícitos. Algunos se someterán a lo que disponen los grupos de narcotráfico para evitar problemas y otros tratarán de beneficiar a grupos afines a ellos”, afirma un investigador antinarcóticos.
Reacción
Con la anterior afirmación coincide el exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC Stu Velasco, al afirmar que con la elección de nuevos alcaldes se pueden incrementar los enfrentamientos entre estructuras criminales, pues estas buscan defender sus intereses.
“El reacomodo de estructuras que no ganaron el poder político podría generar una reacción violenta porque van a querer eliminar a quienes consideren contrarios a sus intereses, o si otro grupo está vinculado con quienes ganaron las elecciones municipales. El Estado debe poner atención, para evitar escaladas de violencia por pelea de territorio”, indicó.
La madrugada del jueves 20 de julio, Isel Súñiga Morfín, recién electa alcaldesa de Ayutla, San Marcos, sufrió un atentado durante la madrugada, cuando sujetos a bordo de dos vehículos que luego abandonaron dispararon contra su residencia.
Súñiga Morfín, quien salió ilesa, es hija del exalcalde de ese municipio Erick Súñiga Rodríguez, quien fue extraditado a Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Velasco opina que este ataque puede ser el inicio de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Impunidad
El 15 de julio último, durante las fiestas en honor de la Virgen del Carmen, en la cabecera de Huehuetenango, se desató una balacera que dejó tres muertos. Antes de esos hechos, se vio a unos sujetos portar armas largas durante la actividad, según videos que circularon en las redes sociales y testimonios de quienes participaron en el evento.
El 7 de mayo último, un grupo de hombres que vestían camisas anaranjadas y portaban armas de grueso calibre participaron como custodios de personas que montaban a caballo en el desfile de las fiestas patronales de Amatitlán, Guatemala, sin que hubiera intervención de las autoridades locales.
“Esto es una muestra de cómo opera el crimen organizado en zonas fronterizas”, afirma Velasco, mientras que David Boteo, subdirector general de Operaciones de la PNC, asegura que existe una investigación en curso relacionada con estas acciones, específicamente en Amatitlán.
Boteo reconoce que uno de los obstáculos para intervenir de inmediato en ese tipo de situaciones es la falta de personal, y la instrucción es solicitar apoyo, aunque justifica que son operativos delicados y el principal temor es que se desate un enfrentamiento armado en medio de las multitudes.
“La instrucción es que se pida apoyo, y se consigue, pero también hay que tomar en cuenta que hay muchos niños y personas mayores de edad, y, por lo regular, estas personas andan bajo efectos de licor”, explica el jefe policial.
Para el abogado penalista Lázaro Padilla, el punto de partida para desarticular estos grupos es el delito de portación ostentosa de armas de fuego, por medio del cual se pueden ordenar pesquisas para incautar las armas y establecer la procedencia de estas.
“Lamentablemente, se ha convertido en el folclor y parte de las comunidades ese tipo de hechos en desfiles”, señala.
Contubernio
Francisco Rivas, exministro de Gobernación, considera que la investigación debe determinar si existe contubernio entre la PNC y los grupos que cometen estos delitos.
“Habría que ver por qué razones la PNC no actuó. Si es en lugares fronterizos es porque difícilmente tienen cobertura y carecen de personal. En estos casos, la primera obligación de la PNC es actuar en el momento de presenciar estos hechos, para hacer las capturas en flagrancia”, explica.
El artículo 131 de la Ley de Armas y Municiones establece que portan armas, además de poseer licencia deben cubrirlas, para no caer en ostentación. La normativa indica que comete portación ostentosa o intimidatoria quien ostente una o más armas y sus accesorios, y lo porte de manera visible.
“El responsable de esta falta será sancionado con suspensión de la licencia de portación por seis meses y una multa de un Q1 mil a Q1 mil 500”, indica el artículo.
