La fémina es sindicada de peculado y lavado de dinero y otros activos, y afirmó “sentirse limpia de toda responsabilidad en este caso” y agregó que no forma parte de la supuesta red de lavado.
Armas declaró que ella tuvo una constructora entre el año 2005 y 2006, con la cual ejecutó varios proyectos en La Democracia, Huehuetenango, sin embargo todo eso fue finalizado y entregado con finiquitos que demuestran su inocencia.
Según el abogado defensor Milton Castañeda, su clienta recibió 700 mil quetzales en tres cheques de la comuna, por concepto de proyectos que fueron ejecutados.
Agregó que este caso se ha convertido en un show donde usan chivos expiatorios para vincular a personas que no tienen nada que ver, y así desviar la atención de los medios y que todo se trata de un problema entre las hermanas Sandra y Gloria Torres.