La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) contabilizó en los 32 municipios unos 615 focos de conflictos, que en algunos puntos han originado ingobernabilidad.
Érick Villatoro, delegado de la PDH, dijo que preocupa la falta de diálogo responsable, en el que las partes involucradas ofrezcan alternativas para solucionar las diferencias y evitar que estas terminen en estallidos sociales.
Aseguró que también hay conflictos por extorsiones, límites intermunicipales, entre otros, que aunque no todos están activos, podrían resurgir el próximo año.
Byron Herrera, delegado de la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos, informó que esa institución identificó unos 200 problemas, los cuales podrían complicarse en el 2015 por ser año electoral, cuando algunas autoridades ediles intentarán reelegirse.
Resaltó que en el norte del departamento cualquier inconveniente se convierte en detonante para que opositores a proyectos hidroeléctricos tomen rehenes, los vapuleen o linchen. Herrera recordó que este año fueron linchadas 10 personas en Huehuetenango.
Señaló que el Ejecutivo ha tratado de integrar mesas de diálogo para abordar el conflicto que se acentúa más en Barillas, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia y San Juan Ixcoy.
Se pierden logros
Barillas explicó que en un conflicto social existen varios líderes, donde unos quieren el diálogo y otros no. “Se ha hecho el intento al convocar a la empresa señalada, líderes opositores y los que están a favor y autoridades, pero cuando hay avances mínimos llega otro grupo y se pierde todo”, informó.
“Existe un grupo denominado gobierno plurinacional, al que se le deben pedir ciertos permisos y garantías para entrar a su territorio, lo que es inconstitucional”, aseguró Barillas.
Iván Ovalle, representante de la hidroeléctrica San Luis, en Santa Eulalia, manifestó que se ha cumplido un año desde que grupos opositores destruyeron las instalaciones y maquinaria, sin que haya pasado nada contra los responsables.
Calificó de lamentable el impacto de los problemas en la región, porque se han dejado de generar 300 empleos directos. Añadió que la conflictividad ha llegado a su punto más crítico y la gobernabilidad se ha perdido.
Francisco Mateo Morales, del Consejo de Pueblos de Occidente, resaltó que preocupa la poca capacidad del Gobierno para cumplir las demandas legítimas de los pueblos; además, que impone proyectos sin el consentimiento de los poblado
