En el primer caso, unas 150 personas armadas y cubiertas con gorros pasamontañas ingresaron en la Hidroeléctrica Promoción y Desarrollos Hídricos, destruyeron las instalaciones y dispararon contra varias personas. El cocinero resultó herido.

Una fuente militar informó que a las 2 horas, unos 20 vehículos procedentes de Barillas, San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Santa Eulalia y la zona central de San Mateo Ixtatán se movilizaron a Ixquisis para atacar la empresa.

La segunda acción fue contra la constructora Solel Boneh, en San Ramón, donde dos trabajadores fueron heridos de bala y otros tres lesionados con machetes y a golpes.

Otros grupos opositores colocaron barricadas en varias carreteras, para evitar el paso de vehículos y de personas. Los inconformes dijeron que las medidas se mantendrán hasta que el Gobierno “garantice” la salida de las empresas del departamento.

Las protestas y hechos de violencia se dieron pese a que un día antes líderes comunitarios se habían comprometido a levantarlas, tras un acuerdo que permitió liberar a Cobón, jefe edil de La Democracia, mientras la empresa Energuate reinstalaba la energía eléctrica en 12 municipios de ese departamento, principal reclamo de los inconformes.

En un comunicado firmado por varias organizaciones indígenas y comunitarias, se acusa a la empresa de haber señalado de instigadores a dirigentes que no crean conflictos sino que apoyan el diálogo.

“Una vez más, la empresa monta escenarios de conflictividad para imponerse, traslada a la sociedad nacional e internacional información parcializada”, afirma la nota.

Diálogo y plan

Miguel Ángel Balcárcel, coordinador del Sistema Nacional de Diálogo, además de promover la negociación, dijo que se busca impulsar un plan y política que genere más participación de las comunidades, al reconocer deficiencias del Ejecutivo en cómo se otorgan licencias; en este caso, a hidroeléctricas.

“Allí—San Mateo Ixtatán— hay condicionamiento, desde las malas prácticas gubernamentales, de cómo realmente las comunidades se sienten más partícipes de esos esfuerzos, de cómo son consultadas. Uno no puede negar que las conductas gubernamentales no son las más adecuadas, pero en eso se ha trabajado, incluyendo los mecanismos de consulta”, indicó Balcárcel.

El viceministro de Seguridad, Edi Juárez, afirmó que “se agotó el tema”, debido a que no ha funcionado la mesa de diálogo que comenzó el año pasado con líderes de esa región.

Juárez aseguró que en los disturbios de ayer participaron pobladores de otras áreas que no tienen relación con el problema.

Conflicto se agrava

El conflicto en Huehuetenango, lejos de aliviarse se agrava, según el director de Mediación de la Procuraduría de Derechos Humanos, Mario Minera, quien elaboró un mapa de conflictividad, en el que figuran 17 puntos de tensión en ese departamento.

Sin embargo, admitió que después de estos acontecimientos, podría haber cambiado.

“En el norte de Huehuetenango, los espacios de diálogo se han ido cerrando. Los conflictos originados por la autorización de licencias extractivas para la exploración o explotación de pequeñas y medianas hidroeléctricas se agrava por la falta de información suficiente y el costo de la energía que los usuarios sienten está fuera de su alcance”, indicó Minera.

Desalienta inversión

Para la Asociación de Generadores con Energía Renovable, esos conflictos desalientan la inversión.

“No existe seguridad y apoyo por parte del Estado para prevenir este tipo de sucesos, lo cual desalienta a los inversionistas a la hora de definir a dónde ir. Los proyectos hidroeléctricos contribuyen a la transformación de la matriz energética de Guatemala, lo cual es urgente para lograr que nuestra nación sea más competitiva, generando energía limpia y de bajo costo para todos los guatemaltecos”, afirmó esa instancia.

Según la nota, 13 proyectos están suspendidos debido a la conflictividad.

Gobernación debe pedirlo

El portavoz del Ministerio de la Defensa, Ismael Cifuentes, dijo que el Ejército interviene solo si la cartera de Gobernación lo requiere. En Huehuetenango se encuentra la Quinta Brigada de Infantería, la cual tiene nueve destacamentos y mil 500 soldados para ese departamento.

Ya existía un acuerdo

Organizaciones indígenas y comunitarias aseguraron: “Los empresarios, la Municipalidad de San Mateo Ixtatán y líderes comunitarios sostuvieron una reunión a mediados  de diciembre del 2013, en la cual se acordó la suspensión de actividades de la empresa hidroeléctrica en el territorio”.

Mantienen la violencia

“Vemos con mucha preocupación que estos  hechos delictivos se estén dando cada vez más a  manera de ‘oposición’, cuando en realidad son agresiones que solo buscan mantener el  círculo de violencia”, indicó Horacio Fernández, director ejecutivo de la Asociación  Nacional de Generadores.