Dolor y  muerte por crisis en salud, autoridades reconocen carencia

La falta de medicamentos e insumos en hospitales públicos y la mala atención por parte de personal de Salud deja huellas imborrables en familias de escasos recursos de todo el país, que se han convertido en las víctimas más vulnerables de una crisis que pinta un panorama poco alentador con  el nuevo gobierno.

Testimonios dan cuenta del calvario que viven familias de escasos recursos, en hospitales públicos de la provincia. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)
Testimonios dan cuenta del calvario que viven familias de escasos recursos, en hospitales públicos de la provincia. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

La decadencia del sistema de Salud se pone en evidencia con casos    como el de Elvis Omar Gutiérrez Jiménez, de 6 años, quien falleció en agosto último en el Hospital Nacional de Jalapa, por desnutrición severa, que no fue  tratada porque no se  contaba con equipo   para  aplicación de suero.

Margarita López, abuela de Elvis,  relató que no pudo comprar el Angiocath —aguja— por falta de dinero, a pesar de que cuesta  entre Q7 y Q10.

 
Personal de ese nosocomio señaló que la falta de insumos y medicamentos se debe a la deuda millonaria que la institución tiene con proveedores.

Otro caso  es el de Yostin Oldani Orellana Cortez,  3, quien perdió la vida en julio del 2015, en el  Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa,  por un dolor de abdominal que se complicó por supuesta negligencia  médica.

La madre de  Yostin, identificada únicamente como Glenda,  comentó que   por  las carencias en el hospital se le exigió que comprara una sonda y medicina para calmar la fiebre, pero a pesar de que   atendió los requerimientos su hijo no  recibió atención  inmediata y murió.

Ambos casos representan la realidad que se vive a diario en los hospitales de la provincia, donde el panorama se torna complicado porque el 2016 comenzó con la amenaza de huelga de médicos, debido al impago de salarios y lentitud en la recontratación de  personal por parte del Ministerio de Salud, que hasta  la semana última, había redactado 11 mil 800 contratos,  de   22 mil, según un informe de esa cartera.

Lo pierden todo

Familiares  de Byron García, un joven quetzalteco de 22 años, quien se lesionó el cráneo en un accidente de tránsito a finales del 2014 y que pasó seis meses recluido en el Hospital Regional de Occidente   de Xela, debieron  vender sus bienes para comprar los medicamentos para su curación.

“No teníamos el dinero para comprar las medicinas,  pero queríamos salvarle la vida y entonces decidimos vender la casa y un terreno”, recuerda Mynor Vásquez, tío  de García.

“La situación de los hospitales es lamentable.  Varias personas que estaban en el intensivo murieron  por no contar con  medicinas”, señaló.

María Rojas también vive las consecuencias de las carencias hospitalarias, ya que su esposo  tiene un problema en el corazón y le ha tocado cubrir el costo de los exámenes. “Hemos tenido que dejar de comer con mi hijo porque hay que pagar los exámenes de laboratorio”, señaló.

Marino Matías, quien en el 2012 fue paciente del Hospital Nacional de San Marcos, luego de que cayera de un árbol, contó que la atención no fue  adecuada y que por eso  necesita muletas para movilizarse.

Marino Matías,   se queja de   mala atención en el Hospital Nacional de San Marcos. (Foto Prensa Libre: Aroldo Marroquín)

Similar situación  vive Edonis Contreras, 22, quien luego de sufrir un accidente vial ingresó el 1 de enero último  en el Hospital Nacional de Huehuetenango, con  fractura de clavícula y fémur, y  para que fuera atendido sus parientes  compraron los insumos. Fue  intervenido quirúrgicamente 11 días después.

Residentes de El Asintal, Retalhuleu, manifestaron  que la crisis es compleja, pues el Centro de Atención Permanente, que tenía más de 10 años de funcionar en el lugar,  dejó de prestar servicios la semana última,  por falta de personal y  medicamentos.

Crisis en números

El viceministro de Salud, Juan Antonio Villeda, reconoció la crisis  que atraviesan, y  que los hospitales de Jalapa y El Progreso son los que registran mayor escasez de medicamentos e insumos.


Este año  a Salud le fue asignado un presupuesto de  Q5 mil 531 millones 691 mil 485, unos Q1 mil 300 millones menos que  en el 2015, según  Villeda, quien calcula  que esos fondos  solo alcanzarán hasta junio.

Agregó que  la cartera  posee una deuda de Q530 millones por salarios  y  Q1 mil 600 millones en  compromisos del pacto colectivo.

Según analistas, pese a que la Constitución, en los artículos 93 y 94, establece que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin  discriminación alguna, y que es obligación del Estado velar por la salud y asistencia social de los habitantes, la realidad es otra, pues a quienes no pueden pagar un médico particular se les vulneran esos derechos.

Entrevista:

Adrián Estuardo  Chávez García, analista de Ipnusac.(Foto Prensa Libre: cortesía Ipnusac)

“Condenan a los pacientes a una muerte segura”

Adrián Estuardo Chávez García, médico y analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), aseguró que la crisis en el sistema de Salud es un problema de grandes dimensiones, que requiere de atención inmediata  por parte de las nuevas autoridades.

¿Cómo analiza la crisis hospitalaria en Guatemala?

La crisis que aqueja a la red hospitalaria es solo la punta del iceberg de una problemática mucho mayor, causada por el abandono sistemático al que ha sido sometida toda la red pública de servicios de Salud. La falta de acceso y  respuesta en los puestos y centros de Salud, y de un modelo de atención preventivo condicionan a que los pacientes saturen la red hospitalaria y rebasan su capacidad de respuesta.

¿Qué opina sobre la falta de medicinas e insumos?

La carencia  de medicamentos e insumos representan una barrera más para que  los pacientes reciban  una  atención oportuna y efectiva. Esto condiciona a que busquen respuesta en clínicas privadas comprometiendo la situación económica de las familias, disminuye la posibilidad de una recuperación efectiva y en los casos más delicados condena a los pacientes a una muerte segura.

¿Está acorde el presupuesto asignado a Salud para este año?

Es el más bajo a  escala regional, y pese a que las necesidades de la cartera son evidentes, registró una disminución en relación con el  año pasado. Eso demuestra la falta de interés por  aumentar la capacidad institucional para que el Estado cumpla con la obligación de garantizar el derecho a la salud de la población.

¿Es normal que el 80% de la asignación sea destinada a pagos de salarios?

De acuerdo con  su naturaleza, la mayoría de actividades de Salud pública son provistas por personal que devenga un salario, lo que hace comprensible que la mayor cantidad de recursos se orienten a ese rubro. El problema real es la distribución del recurso humano, y el hecho de que se contrate a más a personal administrativo que a empleados que provea un servicio directo a la población, eso  es  cuestionable.

¿Han sido perjudiciales los contratos abiertos para la compra de medicamentos?

Es un mecanismo de compra del que se ha abusado y en esa medida constituye una herramienta que se presta para privilegiar intereses particulares.

¿Cuál es el reto del nuevo gobierno en el tema de salud pública?

A corto plazo debe consolidar un equipo técnico con experiencia y honorabilidad, tanto a escala  central como en las distintas unidades ejecutoras, procurando que cuenten con conocimiento en salud y gestión pública, garantizando independencia en la asignación de puestos y en la toma de decisiones.

Además, se debe garantizar la estabilidad de la red de servicios, asegurar el abastecimiento de medicamentos e insumos; también que se reduzca la conflictividad laboral, renegociando el pacto colectivo y el pago oportuno para los empleados.

¿Y a largo plazo?

Debe promover una reorganización institucional, adoptar un modelo de atención incluyente, coherente con la atención primaria de salud renovada y con la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la salud a la población guatemalteca.

M.  J. Longo, M. Castillo, H. Oliva, A. Marroquín y J. Tizol