En una citación en la que los principales ausentes fueron los pobladores del Valle de Palajunoj, Quetzaltenango, porque no fueron invitados, las autoridades municipales de aquel municipio y del Ministerio de Gobernación acordaron emplear la fuerza pública de la Policía Nacional Civil (PNC) para que los camiones recolectores de basura ingresen al vertedero y así poner fin al problema causado por la acumulación de desechos en las calles de la ciudad altense.

La basura ha sido acumulada en las calles de la ciudad, porque desde hace 24 días pobladores de 10 comunidades bloquean el paso de los camiones recolectores, como una medida de presión para la comuna, a quien le exigen que derogue el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual incluye el cobro de varios arbitrios.

Esta situación ha generado que la basura se acumule en las calles de Quetzaltenango, donde se producen unas 250 toneladas de desechos por día.

El viceministro de Seguridad, Carlos Franco, aseguró que se tardarán 48 horas debido a que deben finalizar con una evaluación de riesgo y, además, porque hay concentraciones de agentes de la PNC en operaciones en San Marcos y Sololá por la conflictividad en los municipios de cada departamento.

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Además, manifestó que estas personas son manipuladas y han detectado que son unas 58 mil personas las que habitan las 10 comunidades inconformes.

La situación se ha dado derivado de una promesa de campaña del alcalde Juan Fernando López de derogar el POT, la cual no cumplió, según los pobladores; sin embargo, ¿dónde está el alcalde en estos momentos de conflicto?

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Según Katia Minera, alcaldesa en funciones, aseguró que el jefe edil pidió vacaciones para someterse a una operación y regresará a sus labores hasta el 20 de abril.

Mientras tanto, el área de Salud de Quetzaltenango señala que la contaminación perjudica la salud de las personas.

Por aparte, la Conred pide que se hagan estudios del impacto ambiental y de salud de esta situación, y señala que también puede haber implicaciones penales contra quienes están generando los cierres.

El viceministro de Ambiente, Fredy Chiroy, aseguró que la cartera no puede autorizar permisos temporales para llevar la basura a nuevos espacios, ya que para crear un relleno sanitario deben contar con estudios técnicos.

Los vecinos de las comunidades inconformes no fueron invitados y, según los parlamentarios que convocaron, se les invitará a la siguiente reunión.

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Cámaras empresariales se pronuncian

La Cámara Guatemalteca de la Construcción y sus gremiales mostró preocupación por el bloqueo al señalar que tiene repercusiones en las actividades económicas de la región y exige a las autoridades que le pongan fin al conflicto.

“El 1 de marzo se inició un bloqueo en la puerta de Llano de Pinal, acceso al Valle de Palajunoj, Quetzaltenango. Este obstaculiza el tránsito de vehículos y personal, lo cual genera un impacto negativo en la economía del área y otros sectores aledaños”, señala dicha entidad en un comunicado.

Añade que “la libre locomoción y el derecho al trabajo se han visto afectados negativamente por dichos bloqueos”.

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También dice que “reconocemos y respetamos el derecho a la manifestación y expresión de la población. Sin embargo, instamos a que su ejercicio no ponga en riesgo la movilización, el medioambiente, la salud y seguridad de las personas, así como su derecho a trabajar, lo cual afecta la economía local y la región.

·Por lo anterior, agrega el comunicado, “solicitamos al gobernador y a las instituciones de gobierno pertinentes hacer valer el amparo otorgado, así como tomar las acciones correspondientes para evitar los bloqueos permanentes e inminentes que se están desarrollando en la vía pública, para permitir la libre circulación de todos los habitantes, vehículos livianos y de transporte comercial y pesado en los lugares afectados”.

Además, la Mesa Económica Interinstitucional de Quetzaltenango señaló que han pasado dos semanas desde que se amparó a las autoridades para retirar los bloqueos, pero “no se ha reestablecido el orden público, por lo que dicho bloqueo sigue alterando el derecho de movilidad”.

En su comunicado señala que esa obstaculización violenta los derechos humanos de los habitantes del municipio y “consideramos urgente la intervención de las instituciones que garantizan la seguridad y los derechos de los ciudadanos, lideradas por la gobernación departamental y con el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y  del gobierno central, para evitar un desastre ambiental, de salud y económico”.

Añaden que “solicitamos al Gobernador y a las instituciones del gobierno central que garanticen el estado de derecho y las resoluciones de los tribunales, haciendo valer los derechos de las personas de Quetzaltenango”.