“La Constitución garantiza el derecho de manifestación que fue promovida por aspectos que afectan principalmente al pueblo indígena, por ello nos solidarizamos con los hermanos totonicapenses, porque el Gobierno respondió con antimotines al clamor justo y correcto de los pobladores comunitarios”, dijo Concepción Santay Gómez, alcalde indígena de San Juan Cotzal.
A este pronunciamiento, se sumó la alcaldía de San Gaspar Chajul, que apoyan la inconformidad de padres de familia y estudiantes de todo el país por el incremento a cinco años la carrera de magisterio. “La protesta por el golpe a la economía familiar que representa el incremento a cinco años de estudio para la carrera de magisterio ha dejado como resultado la muerte de mártires totonicapenses y es hora que el Ministerio de Educación atienda el clamor popular” expresó Magdalena Pacheco, secretaría de la alcaldía indígena de Chajul.
Ana Laynez Herrera, de la alcaldía indígena de Nebaj, pidió tolerancia al Gobierno y apertura para escuchar las demandas de la ciudadanía porque quienes ponen los muertos son los pueblos indígenas.
“Es claro que Totonicapán y Quiché rechazan las reformas constitucionales porque no se ha consultado a los pueblos indígenas. En la región Ixil ya producimos energía eléctrica y por ello corroboramos que se están cobrando tarifas muy altas por parte de las distribuidoras extranjeras; en relación al magisterio, exigimos que se revoque el acuerdo magisterial que amplia la carrera magisterial porque si nos cuesta apoyar económicamente a nuestros hijos cuando estudian tres años para ser maestros, con cinco años de carrera no podríamos ayudarles a salir adelante”, subrayó Laynez.
