Según uno de los empleados de Deocsa, estaban leyendo los contadores de varias viviendas, cuando un grupo de personas se acercó e indicaron que no podían ingresar a la comunidad. Luego los agarraron, los amenazaron con machetes en mano, y fueron obligados a subirse a varios vehículos.
Al lugar se presentaron las fuerzas de seguridad, pero solamente se permitió el ingreso a la comunidad de una autopatrulla con tres agentes y el comisario para dialogar con los pobladores, también llegó al lugar un representante de los Derechos Humanos de Retalhuleu.
Durante la cobertura por parte de los medios de comunicación en la comunidad de Caballo Blanco, varios de los pobladores hicieron que los fotógrafos borraran las fotos que habían tomado, y fueron amenazados con ser retenidos si no lo hacían.
Al momento que los reporteros se retiraron del lugar fueron perseguidos por varios picops, pero los comunitarios no lograron darles alcance.
