Población indígena con poco acceso a la justicia

Guatemala es el segundo país de América con mayor cantidad de población indígena, pero las políticas de Estado no  benefician a ese sector.

En Sololá, integrantes de sectores indígenas hacen un plantón frente a un juzgado, para exigir respeto de sus derechos.(Foto Prensa Libre: María José Longo)
En Sololá, integrantes de sectores indígenas hacen un plantón frente a un juzgado, para exigir respeto de sus derechos.(Foto Prensa Libre: María José Longo)

El acceso a la justicia para la población indígena continúa siendo una disyuntiva, porque  se carecen de suficientes juzgados y traductores para agilizar  los procesos penales, por lo que según expertos, el Estado enfrenta  un gran desafío para resolver ese problema.

El tema sale a relucir cuando se conmemora  el Día Mundial de la Lengua Materna —hoy— y  el Día Mundial de la Justicia Social —ayer—, pues a pesar de que Guatemala es el segundo país de América Latina, después de Bolivia, con mayor número de población indígena —60 por ciento, según estimaciones, y 40%, según el último censo poblacional del 2002—, las políticas enfocadas en la parte multiétnica, multilingüe y pluricultural no se reflejan en las instituciones del Estado, aseguran analistas.

Entre las principales barreras que se afrontan en el tema de justicia e idioma destacan la distancia que hay entre las comunidades rurales y los juzgados, así como  la falta de operadores de justicia indígenas, según Cristian Otzín, de la Asociación de Abogados Mayas Nim Ajpu.


“El sistema de justicia tiene un desfalco en políticas para que la población indígena goce efectivamente de sus derechos. Un caso relevante se da en la criminalización hacia  los líderes, quienes por defender el territorio y el derecho colectivo de las comunidades son perseguidos. En la práctica no se hacen consultas de buena fe a las comunidades para la realización de proyectos mineros y de electrificación, a pesar de que lo establecen  convenios internacionales”, agregó.

El diputado Amílcar Pop  criticó   las debilidades del sistema de justicia de Guatemala, y señaló que el país es ajeno a la cultura de los pueblos y no coordina con las estructuras ancestrales, lo que lo hace “profundamente” racista.

“Los pueblos en consecuencia afrontan una justicia racista, excluyente poco comprensiva. Eso incluye la criminalización del modelo económico del Estado, reflejado en una justicia que en alto porcentaje favorece al que puede más económicamente”, señaló Pop.

Derechos

Sergio Beltetón, quien ha sido asesor jurídico de la Defensoría Maya y del Comité de Unidad Campesina, comentó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y triviales, y   los Acuerdos de Paz  son herramientas  para exigir al Estado igualdad, pero aduce, que existen sectores conservadores que funcionan como detractores.

  “Los artículos 44 y 46 de la Constitución indican que todo convenio en materia de derechos humanos aprobado por Guatemala tiene prominencia sobre la legislación ordinaria; los jueces tienen temor y no les gusta citar las normativas, y un caso claro es el de las radios comunitarias, donde prácticamente se inventó el delito de hurto de frecuencias”, comentó Beltetón.

Añadió que en lugares como Cobán, Alta Verapaz, es difícil litigar, porque existen influencias de  finqueros en  casos de despojo de tierras a las comunidades.

“Siento temor y complicidad de los órganos de justicia, son influenciados por parientes y amistades de finqueros”, señaló.

En Sololá,   integrantes de   sectores indígenas  hacen un plantón frente a un  juzgado, para  exigir respeto de sus derechos.(Foto Prensa Libre: Ángel Julajuj)

Desigualdad

 
Érick Villatoro, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Huehuetenango, reconoció que en el tema de justicia hacia los pueblos indígenas hay un rezago de forma general, pues en ese departamento se hablan  ocho idiomas;  mam, q’anjob’al, popti’, awakateko, chalchiteko, tektiteko,  chuj y k’iche’.


Byron Herrera, delegado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, señaló que el panorama es complicado. “El acceso a la justicia se ve limitado a la hora de que no existan juzgados de instancia o de paz en los municipios”, comentó.
Iván Morán, juez de Primera Instancia  de Quiché, admite que las variantes idiomáticas mayas representan inconvenientes en la aplicación de la justicia, pero que estos  se están solventando.

A criterio de Jorge Mynor Martínez, abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal de Santa Cruz del Quiché, son varios los problemas que a diario enfrentan en los procesos, a causa de las barreras idiomáticas.

Édgar Racancoj, integrante de la Red Contra la Discriminación y el Racismo de Quetzaltenango, explicó que el pluralismo hace referencia a que se reconozca y acepte que los pueblos mayas tienen su propia visión de la justicia, la cual es diferente a la estatal.

“En Quetzaltenango el sistema de intérpretes debería contar con personas que hablen mam, q’anjob’al,   k’iche’ y kaqchikel, tomando en cuenta que  es una ciudad satélite a donde vienen personas de las comunidades de todo el país”, expuso el antropólogo Ignacio Camey.

  Medida favorable

En el 2013, el Organismo Judicial, a través de la Unidad de Asuntos Indígenas creó el Centro de Interpretación, que asesora y facilita la traducción en los procesos judiciales.

Esa unidad   tiene presencia en Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Sololá, Quiché, Chimaltenango y Alta Verapaz, y cuenta con 200 intérpretes para   22 idiomas.

El  xinca y garífuna no está contemplados   porque no hay demanda.

ENTREVISTA

Sonia Gutiérrez, integrante del consejo directivo nacional de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj. (Foto Prensa Libre: cortesía Movimiento Moloj)

“Hay prejuicios contra la mujer”

Para Sonia Gutiérrez, integrante del consejo directivo nacional de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj, el Estado ha hecho poco para garantizar el derecho a la justicia para los indígenas, a pesar de que ha creado instituciones que dan apoyo en las comunidades, pero que  por falta de recursos no cumplen con su cometido. 

¿Tiene total  acceso a la justicia la población indígena?

Definitivamente no. Aún persisten limitaciones  con respecto de la  distancia hacia  los juzgados, y dominan los servicios en monolingüe, contrario a la diversidad cultural de nuestro país.

¿El idioma sigue siendo un enigma a pesar de que existe la Ley de Idiomas Nacionales?

Es una legislación a la que se puede recurrir, pero falta su operativización en las comunidades por parte del Estado.
Existe una clara brecha y lo único que se destaca es la designación de intérpretes en los procesos penales, pero qué pasa con aquellas faltas que se suscitan cotidianamente en las comunidades. Solo con intérpretes no resuelve el problema, se requiere  de una atención integral.

¿Cómo incidir en el sistema de justicia para que los derechos de las personas sean respetados?

Desde los pueblos indígenas  hay entidades y autoridades  que realizan un ejercicio enfocado en resolver los asuntos   de la comunidad. Más que  apoyo se debe administran la justicia, y con ello, se le descarga trabajo al Ministerio Público, y los juzgados.

¿Hay más  desventaja para la mujer indígena?

En materia de mujeres indígenas persisten agravantes, como los prejuicios y
estereotipos por  portar una indumentaria indígena y hablar  su idioma materno. Son  las barreras que existen en el imaginario social y que se anteponen a la hora de la búsqueda de justicia u otro servicio público.

Agunos casos

Líderes indígenas  señalan lentitud en procesos judiciales. 

  • Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar,  líderes comunitarios y opositores a las hidroeléctricas en Huehuetenango, están detenidos desde hace un año, pues se les acusa de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales. Su abogado, Sergio Beltetón, los cataloga como presos políticos. 
  • En el  2013, el Consejo de Pueblos Mayas y  Xinkas de Guatemala denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la “sistemática violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
  •   Solo cuatro  casos por discriminación han logrado condena favorable en los tribunales, a pesar de que la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo ha recibido,   desde  el 2002, más de dos mil 400 denuncias.
  • En el  caso de la hidroeléctrica   Chixoy, el Gobierno no ha cumplido con  el resarcimiento.
  • El caso  del exjefe de Estado Efraín   Ríos Montt, señalado de genocidio, no prospera, según líderes indígenas.

O. Figueroa, M. J. Longo, J. Rosales, A. Julajuj, C. Grave y M. Castillo

El Convenio 169 de la OIT es un instrumento fundamental para la protección de los pueblos indígenas. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)