Parientes de Enrique Carrillo, quien falleció el 8 de junio último de coronavirus y fue sepultado en un basurero de la comunidad agraria Chocolá, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, ven cada vez más lejos la posibilidad de que sea exhumado y llevado a otro lugar, pues para eso deben cumplir con varios requisitos, incluso, podrían esperar hasta cinco años para que eso sea viable, por cuestiones de salud.

La familia de Carrillo ha vivido un calvario desde el día que murió en el Hospital Nacional de Mazatenango por coronavirus, porque no pensaron que vecinos no permitirían que fuera inhumado en el cementerio de Chocolá, de donde era originario, y sus restos fueran enviados a un basurero.

Remigia Carrillo, hermana del fallecido, comentó que les ha tocado vivir una pesadilla desde la muerte de Enrique, ya que no pudieron sepultarlo en un lugar digno y su cuerpo continúa en el basurero, ubicado en el cruce conocido como El Aguacatal.

Carrillo manifestó que solicitaron la exhumación a Salud Pública, pero la respuesta fue negativa. Agregó que interpusieron una denuncia en el Ministerio Público, para que se investigue el caso y se determine quién es responsable de haberlo sepultado en ese lugar.

“Mi hermano no es un perro ni basura para que continúe en el lugar en donde se encuentra”, finalizó Carrillo.

En la actualidad, la familia del Carrillo reúne firmas de vecinos para solicitar al Ministerio de Salud la autorización para exhumar los restos y llevarlos al cementerio de la comunidad.

Jacinto Son, cuñado del fallecido, explicó que emprendieron acciones legales por la forma cómo se llevó a cabo el protocolo para sepultar a su pariente, por lo que exigen al MP que agilice las investigaciones para determinar quiénes son los responsables de esa acción, la cual calificó de inhumana.

Mario Rivera, director del área de Salud de Suchitepéquez, indicó que la inhumación fue ilegal, pues no se hizo en un cementerio autorizado como lo establece el artículo 114 del Código de Salud.

Con respecto a la exhumación manifestó que en situaciones normales es competencia del Ministerio de Salud autorizar un procedimiento de esa naturaleza, con la excepción de quienes hayan fallecido por enfermedades infectocontagiosas o que puedan considerarse un riesgo para la salud, pues en esos casos se debe esperar cinco años.

En el caso de Carrillo, Rivera dijo que es competencia de un juez, ya que se investiga la comisión de un delito.

Agregó que no existe riesgo de contagio entre un fallecido por covid-19 y la población, ya que para eso se necesitaría tener contacto con fluidos corporales.