Según la acusación del Ministerio Público (MP), los seis exfuncionarios no respetaron la cotización de los consejos comunitarios de desarrollo, que tuvo a su cargo adjudicar un proyecto de agua entubada en una comunidad del referido municipio.
Añade que la empresa ganadora fue una que cobraba Q385 mil quetzales por los trabajos, pero los exfuncionarios ordenaron que se le adjudicara a una que cobró Q400 mil, por lo que incurrieron en ilegalidades.
Según informe de la Contraloría General de Cuentas, durante una auditoria efectuada en el 2013, la comuna reflejó varios hallazgos anómalos en la contratación de una empresa constructora.
El trabajo sería culminado en dos meses; sin embargo la empresa contratada lo entregó en cuatro meses, lo que causó malestar en la población.
