Invitado, el presidente de la Federación española de futbol (RFEF), Ángel María Villar, no asistió a la asamblea. La LFP, con la que está en conflicto desde hace unos años, estimó en un comunicado, que sus actuaciones en connivencia con el sindicato de futbolistas causan y están causando un gravísimo perjuicio al futbol profesional y sus aficionados.
La huelga afectaría a las dos últimas jornadas de liga, el 17 y 23 de mayo, y amenazaría la disputa de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic Bilbao, el 30 de mayo en el Camp Nou.
La LFP presentó el viernes una demanda judicial contra el sindicato de jugadores por anunciar una huelga a partir del 16 de mayo. Esta tiene la intención de evitar el paro, que es ilegal a su juicio y que podría provocar unas pérdidas de ingresos de 50 millones de euros por cada jornada sin partidos.
La Audiencia Nacional convocó el miércoles a las partes con el fin de escuchar sus argumentos antes de decidir sobre la suspensión cautelar de la huelga convocada por los deportistas para las dos próximas jornadas del campeonato.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Liga se encontrarán el martes para una reunión de mediación.
De forma paralela, la Liga depositó un recurso administrativo contra la RFEF.
La Federación como la AFE desafían un decreto ley aprobado a finales de abril por el gobierno español que atribuye a la LFP la negociación conjunta y centralizada con las operadoras televisivas para realizar después el reparto entre clubes, en lugar del modelo actual, por el que cada club negocia individualmente.
El conflicto no es sobre la venta centralizada de estos derechos, aceptada incluso por los dos equipos ‘grandes’ (Real Madrid y FC Barcelona), si no por el modo de distribución de los fondos, que alcanzaron los 800 millones de euros (895 millones de dólares) en la temporada 2013-2014 y podría alcanzar los 1.000 millones de euros (1.119 millones de dólares) con el nuevo sistema.
