El juez había inicialmente determinado que no había materia penal en el caso, pero los magistrados de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que controla el trabajo de los jueces instructores, determinaron en septiembre que había “indicios suficientes” para seguir adelante con la investigación.
Así, De la Mata finalmente se pronunció favorable a enviar a Neymar, de 24 años, al banquillo, donde podría ser condenado a una pena de entre seis meses y dos años de prisión, así como al pago de una multa.
En su auto da diez días a la defensa y a la acusación para exponer sus argumentos antes de pronunciarse de manera definitiva, señaló un comunicado de la Audiencia Nacional, especializada en asuntos políticos y financieros.
Según el magistrado, el contrato firmado por Neymar y el Barça por 40 millones de euros para que el club catalán se asegurara el fichaje del brasileño, “habría alterado el libre mercado de fichaje de futbolistas, al impedir que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia”.
Por ello, el juez considera que el atacante y sus padres deben ser procesados por “corrupción entre particulares”, al igual que el propio club, su presidente Josep Maria Bartomeu y su antecesor en el cargo Sandro Rosell.
Además, los dos dirigentes y el club azulgrana habrían cometido “estafa” con los contratos firmados en 2013, según el juez.
Antecedentes
El caso tuvo su origen en una denuncia del fondo de inversiones DIS, propietario del 40% de los derechos del jugador en el momento del traspaso de Neymar al Barcelona, que se consideró perjudicado por la operación.
En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para la familia de Neymar y 17,1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83,3 millones de euros.
DIS, que percibió 6,8 millones de euros de los 17,1 ingresados al Santos, estima que Neymar y el Barça se aliaron para ocultar el monto real del traspaso.
Neymar también se encuentra en medio de una tormenta legal en Brasil por presunto fraude fiscal por su traspaso.
El FC Barcelona, de su lado, aceptó en junio pagar una multa de 5,5 millones de euros al fisco español para evitar un juicio por fraude fiscal en el fichaje.
