En una manifestación el 14 de agosto, al menos 60 trabajadores (algunos de los cuales llevaban hasta siete meses sin recibir su salario) bloquearon la circulación ante la compañía Al Bandary en Doha, indicó en un comunicado Equidem, una consultoría de derechos humanos y derechos laborales con sede en Londres.
“Hemos hablado con trabajadores que se manifestaron y con uno de ellos que fue expulsado a Nepal. Hemos confirmado que había regresado a su país y que otros de Nepal, Bangladesh, India, Egipto y Filipinas también habían sido expulsados”, dijo el director ejecutivo de Equidem, Mustafa Qadri.
El gobierno qatarí admitió el domingo que “una minoría” de manifestantes no pacíficos que había “infringido las leyes” se arriesgaban a la “expulsión” del país.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, declaró que pagaba los salarios de los trabajadores de Al Bandary, sin dar más precisiones, y que se habían tomado “medidas” contra la empresa, que ya estaba siendo investigada por impago de salarios.
El inicio del Mundial está previsto para el 20 de noviembre.
Doha asegura que ha tomado medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores extranjeros, como un salario mínimo y la prohibición a los empleadores de impedir a sus empleados abandonar el país o cambiar de trabajo.
Grupos de defensa de los derechos humanos han pedido a la FIFA que indemnice a los trabajadores.
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