No obstante, muchas de las tareas públicas importantes como el combate a la pobreza, la reducción de la desigualdad, el acceso a servicios básicos para la población y otros, deben ser atendidas por medio de programas que no son de interés privado, por lo que deben ser financiados por medio de impuestos. De allí, que cualquier especialista en materia fiscal sabe que, por muy libertario que sea su pensamiento, la única forma ―si el Estado lo ha decidido así, como es el caso de Guatemala―, de combatir la pobreza, desigualdad y otros, deviene de un aumento en la recaudación tributaria.
Materia tributaria
Guatemala ha sido históricamente un ejemplo mundial de cómo no deben hacerse las cosas en materia tributaria. Cifras recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) revelan que Guatemala, con un ingreso total de 10.5 por ciento del PIB, ocupa la posición 186 de 193 países del mundo en materia de recursos disponibles para financiar el progreso de sus habitantes. El promedio mundial es 30.4 por ciento del PIB.
El Presupuesto para 2020 no es la excepción: contempla recursos totales por Q71 mil 318.3 millones, equivalente al 10.5 por ciento del PIB, de los cuales, el 9.9 por ciento del PIB corresponden a la recaudación esperada para el próximo año.
La carga tributaria ha reportado una caída sostenida desde el 11 por ciento del PIB, en 2013, hasta el 9.7 por ciento en 2019, perdiendo 11.8% de las capacidades de recaudación del Estado. El período, conforme las cifras de la misma Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ha observado un aumento de la evasión del IVA desde el 25.6 por ciento del potencial en 2012 hasta el 37.9 por ciento en 2018, equivalente a no cobrar Q16 mil 566.8 millones en 2018; mientras que en el caso del ISR la evasión reportada para 2017, alcanza el 79.9 por ciento del potencial, unos Q24, 758.5 millones.
En total, la evasión fiscal en 2018 representó más de Q40 mil millones, dos tercios de lo recaudado y aproximadamente, de acuerdo con las cifras de la SAT, un 40 por ciento de lo que debiera ingresar al Estado con la legislación vigente. Todos estos números, al margen de los millones que se dejan de percibir por exenciones fiscales sin sentido.
Alcanzar la meta
Para alcanzar la meta de 2020, el Presupuesto sugiere que la SAT planteará “medidas administrativas” por Q1 mil 500 millones, sin embargo, dicho valor no deriva de una evaluación efectiva de los mecanismos que realmente reducen la evasión fiscal; por ello, la mayor parte de analistas y políticos, con justa razón, argumentan que es difícil cumplirlo.
Por ello, siguiendo el patrón de “austeridad” ya se ha planteado una rebaja en la recaudación esperada en el presupuesto, siguiendo, otra vez, el camino más fácil, equivalente a esconder la cabeza como el avestruz, cuando el monstruo de la evasión se aproxima.
Sin marginar el importante combate de la corrupción, el camino para la recuperación paulatina de las capacidades del Estado inicia con el fortalecimiento de la SAT, no solo con nuevo recurso humano, sino con facultades reales y planes concretos para el combate de la evasión y elusión tributaria, de tal forma que los recursos disponibles para atender las necesidades de la población realmente crezcan.
