Pero también aseguró que, pese a las peticiones de los abogados de los fondos especulativos para sancionar a Argentina y hacer un informe de las cuentas del país, “lo importante es que las negociaciones sigan, más que los detalles de unas cosas y otras”.
“Lo único que ha pasado es que los fondos han llegado al banco”, dijo el juez, por lo que no llegó a utilizar la palabra “embargo”.
Griesa había convocado ayer esta audiencia de urgencia, a petición de los abogados de los llamados “fondos buitres”, después de que Argentina pagara ayer alrededor de US$1 mil millones a los bonistas a cuatro días de la fecha límite para pagarles a ellos los US$1 mil 500 millones (US$1 mil 330 millones más intereses), rompiendo la orden de pago simultánea o “pari passu” dictada por el juez el 23 de febrero.
Negociación
Griesa, en una orden definitiva, puso como fecha límite el 30 de junio para el pago de la deuda, y afirmó: “Todos sabemos que las negociaciones no se van a resolver en esta semana ni en la próxima”, previendo que Argentina recurra a los 30 días de gracia de los que dispone para ejecutar el pago.
Por eso, Griesa solicitó que las negociaciones se retomaran “esta misma tarde”, algo que fue confirmado posteriormente por Pollack a la salida del tribunal, y entendió que “el objetivo de toda negociación es lograr un statu quo y la dificultad en este caso es poder superar el no pago del 30 de junio”, dijo Griesa, quien abogó por simplificar el caso y no añadir órdenes suplementarias.
“NML y los otros fondos de inversión aquí representados no son los únicos que han visto afectados su derecho a un pago simultáneo, pero llegados a este punto, me parece que no es una buena idea firmar más órdenes”, aseguró.
“Lo que sería deseable, si es posible, es llegar a un acuerdo, y no quiero ir mucho más lejos”, dijo Griesa, quien añadió que ha convocado a un mediador especialista para eso (el abogado en finanzas Daniel Pollack) y “no lo habría hecho si realmente no estuviera interesado en que el proceso avance”.
Gobierno de Argentina: juez abusó
El gobierno argentino consideró ayer que el juez Griesa incurrió en “abuso de autoridad” al impedir el pago.
El Ministerio de Economía refirió que la decisión es “insólita e inédita”.
