Bono del empleo: El mea culpa del Gobierno y los errores de las empresas que retrasan el desembolso

Una mezcla de factores ha bloqueado o dilatado la implementación del bono de empleo para los trabajadores que han sido suspendidos por las empresas, mientras en el Congreso los legisladores hablan de hacer propuestas que generen cambios a las leyes laborales.

El Pronacom y el Mineco corrigieron las fallas detectadas en el primer sistema para que las empresas apliquen al Fondo de Protección de Empleo, con la creación de una nueva plataforma. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
El Pronacom y el Mineco corrigieron las fallas detectadas en el primer sistema para que las empresas apliquen al Fondo de Protección de Empleo, con la creación de una nueva plataforma. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El comisionado Rolando Paiz Klanderud, del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), que estructuró la ejecución del Fondo de Protección del Empleo y su base de datos expresó que se ha presentado un “abanico” de situaciones, las cuales se han corregido con la actualización de las plataformas.

El funcionario lanzó un mensaje de tranquilidad para las empresas que han calificado al programa, e instó a otras a participar dadas las circunstancias actuales a la economía por los efectos del covid-19.

“Sí hubo algo complicado, pagar en las agencias del CHN no era tan fácil y nos dimos cuenta de que ese no era el mecanismo y –se recurrió– a buscar el plan “B” que era el mismo sistema de pago del Bono Familia”, declaró el comisionado. Hasta el lunes 22 de junio, se habían aprobado 134 mil 799 órdenes de pagos al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Con el Ministerio de Economía (Mineco) califican a las empresas que van a recibir el bono, luego la Inspectoría General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo (Mintrab) realizan la suspensión del contrato a los trabajadores.

Reconoce fallas

El comisionado explicó que la primera plataforma creada para el ingreso de los formularios tuvo una serie de inconvenientes, y la idea original era hacer todas las facilitaciones a los empresarios con una base del programa Excel, para hacerle los depósitos a los trabajadores.

Esta primera plataforma colapsó.

Lo que sucedió, según Paiz, es que se pusieron una serie de filtros, y las empresas cuando ingresaron los datos cometieron errores que no validaron la información.

Por otro lado, los empresarios no adoptaron la base de datos requerida, sino que se introdujo su información, y no superó todos los filtros en las casillas respectivas.

Además, había datos de documentos personales de identificación (DPI) que no existían, números de celulares incompletos, o número de cuentas bancarias con diferente nombre de la entidad.

“Dados esos problemas empezamos a generar una plataforma con todas las lecciones aprendidas de la primera”, aseguró el comisionado, al recordar que es la vigente.

En esta nueva base se introduce el número de DPI y automáticamente traza información con el Registro Nacional de Personas (Renap), en el orden que se necesita para cotejar los datos de las personas, y con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para constatar que son empresas reales.

Alrededor de 88 actividades las actividades económicas y se excluyen a 25 sectores del bono.

El diputado Román Castellanos, secretario de la Comisión de Trabajo del Congreso, manifestó que hay varias causas que motivan a que estos momentos muchas empresas no pueden aplicar a la suspensión porque no tienen una relación formal con sus trabajadores y la consecuencia es que los trabajadores no pueden obtener el fondo de protección al empleo, por eso “lo que viene después de esta pandemia es formalizar todas las relaciones laborales en el país”.

Errores más comunes

En una presentación estos fueron los principales inconvenientes encontrados:

  • Numero de DPI no coincide con el código que le enviaron a la persona al celular y colocan el mismo número para dos personas
  • Registran empresa como individual y son personas jurídicas o sociedad anónima
  • Personas en la actualización indican que las personas empezaron a trabajar en abril y mayo
  • Personas cambiaron de celular, dieron otro que no era o extraviaron el celular y reciben pagos
  • Representante legal extranjero
  • Personas borraron o perdieron el código que les enviaron y que quieren recuperarlo

Ingresan mal el correo electrónico al registrar a la empresa y el sistema no les permite completar la validación

Empresas dan códigos a los trabajadores y ese no es el procedimiento ya que se envían directamente a los celulares

Empresas cambiaron de representante legal y no han notificado a la SAT

A ese respecto Paiz manifestó que se han organizado por medio del centro de llamadas, o de consultas directamente al Mineco para explicar a las empresas como llenar los formularios, que se deberán enviar a la IGT.

Mencionó que entre los errores detectados hay desde pequeñas hasta grandes empresas y es probable que las personas que llevaron a cabo este proceso no lo tomaron con la seriedad requerida.

Recordó que asistió a las nueve cámaras que conforman el Cacif y las cámaras binacionales para hacer una explicación, para usar la plataforma y la actualización de datos.

“Los resultados son mixtos, porque muchos aprendieron el proceso y otros cometieron errores”, puntualizó.

Además, se estarán realizando capacitaciones a delegados departamentales, para que se conozca y próximamente en Puerto Barrios, Quetzaltenango y Alta Verapaz, para que las empresas califiquen.

“Nos interesa que el bono llegue a las personas correctas”, puntualizó el comisionado.

En los últimos 15 días el sistema fluye mucho mejor, y ahora se podrán hacer canjes en cajeros automáticos o en puntos con establecimientos POS, afirmó Paiz.

Las autoridades instan a las empresas a utilizar el Fondo de Protección de Empleo para suspender a los trabajadores y no despedirlos por los efectos del coronavirus en la actividad económica. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

SAT no fiscaliza proceso

El comisionado comentó que el ente recaudador no tiene nada que ver en hacer las revisiones de la suspensión de los contratos laborales, en los procesos de inspección que se realicen a posterior.

Reiteró que se necesita conocer el número de identificación tributaria (NIT) de la empresa.

Sigfrido Lee, asesor del Mineco, reiteró que esta plataforma no se utilizará para fiscalizar a las empresas por parte de la SAT.

“Aclaro esto, que, si la empresa tiene algún problema, es problema de esta. Pero lo importante es que los recursos lleguen a los trabajadores y que las compañías estén tranquilas de que pueden ingresar a la plataforma y la verificación que se requiere es para validar la información”, subrayó.

Con respecto al representante legal extranjero de las empresas, el comisionado explicó que se encontró el canal correcto para dejarlos afuera y que personalmente logró resolver este problema con más de 40 empresas.

Realidades del sistema laboral

El diputado Castellanos, secretario de la Comisión de Trabajo del Congreso, expresó que este momento “es oportuno hablar de todas las condiciones laborales del país porque la pandemia del covid-19 vino a desnudar la desprotección de los trabajadores en cuanto al incumplimiento de sus derechos que se reflejan en la informalidad de relaciones de trabajo”.

El legislador precisó que actualmente existe mucha informalidad en las relaciones laborales y el Mintrab carece de capacidad institucional y física para efectuar las inspecciones necesarias y es, a la vez, “la cartera que se le deja en un rol secundario cuando es fundamental para la producción de la economía del país”.

Discusión de iniciativas

Varias son las iniciativas de ley relacionadas a modernizar las leyes laborales.

La presidenta de la Comisión de Trabajo, Adela Camacho de Torrebiarte, declaró que estaría encantada de poder dialogar sobre la política de trabajo actual porque es la única forma de avanzar y llegar a consensos y que la Comisión que preside está dispuesta en desarrollar los temas que beneficien a los trabajadores.

Recordó que ya existe en el Congreso un proyecto de Ley de Teletrabajo el cual aún no la han llevado de regreso a la Comisión que preside porque es necesario hablar de las políticas y necesidades de cierta legislación.

En cuanto a la posibilidad de fomentar el Teletrabajo, el diputado Castellanos consideró que cualquier forma de trabajo que exista es buena, siempre y cuando se apegue a la legislación nacional y se cumpla con los derechos laborales e ingresos mínimos para los empleados y aplique a servicios como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

De Torrebiarte expresó que un proyecto de Ley que también debe tomarse en cuenta a pesar de que ha sido muy criticada por algunos sectores es la de Tiempo Parcial, la cual Guatemala ya ratificó con la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y la Corte de Constitucionalidad (CC) le cambió algunas palabras. “El tiempo parcial se usa en todo el mundo”.

La diputada enfatizó que es urgente discutir una política de trabajo en la que participen sindicatos, trabajadores, empleadores, entre otros, “porque queremos algo bueno para Guatemala”.

Suspensión, no despido

Lee instó a las empresas que tengan problemas a causa del covid-19 que suspendan a trabajadores y que no despidan.

El empresario debe estar seguro de que no será perseguido, y de que los trabajadores puedan ser beneficiados.

Requisitos

Estos son los requisitos para poder calificar por las empresas a la suspensión de contratos, según el comisionado:

  • El número de NIT
  • DPI del represente legal
  • NIT del representante legal
  • Actividad económica
  • Dirección y confirmación del correo electrónico
  • Número de teléfono de las empresas
  •  Dirección física
  • Copia del DPI del representante legal
  • Copia del RTU
  • Copia de la representación legal
  • Formulario que se llenó, con la declaración jurada