La Ley de Inversión Extranjera es uno de los principales instrumentos del gobierno de Raúl Castro para inyectar capital a la maltrecha economía de Cuba, donde, según cálculos oficiales, se necesitan entre US$2 mil millones y US$2 mil 500 millones anuales para hacer sostenible el modelo y sus reformas.

Serán once los sectores con prioridad para la inversión, distribuidos en las áreas agrícola y forestal, la industria alimentaria, energía y minas; industria azucarera, la sideromecánica, ligera, química y electrónica; industria farmacéutica y biotecnológica; comercio mayorista, salud, construcción, turismo y transporte.

“Las autoridades de la isla utilizarán la nueva legislación como un mecanismo que contribuya a la renovación y el futuro económico de Cuba, con lo cual deberá crecer también la confianza internacional al ofrecer el marco legal adecuado y transparente”, resaltó la estatal agencia Prensa Latina.

Leyes complementarias

La Ley de Inversión Extranjera ha sido bastante promocionada por el Gobierno y complementa el decreto que rige la Zona Especial del Mariel (ubicada en la provincia de Artemisa, oeste del país), primera de su tipo en Cuba y que pretende ser el principal foco de atracción para el capital y la tecnología foránea, la cual entró en vigor en noviembre del 2013.