Julio Juárez, presidente de la gremial del transporte de carga, señaló que ese tipo de controles es para beneficio de los ingresos del gobierno salvadoreño y no del transportista, por lo que no debería haber un cobro extra.
La primera medida de acción que analizan, refirió Juárez, sería una paralización frente a la aduana Pedro de Alvarado, principal paso fronterizo entre Guatemala y El Salvador y que también sirve de ruta para Centroamérica.
Por esa frontera circulan alrededor de 450 transportistas diarios, de los mil que pasan entre ambas naciones.
Agregó que aquellos pilotos que puedan reprogramar su paso dejarían de utilizar El Salvador, como puerta hacia el resto de la región y se irían por la frontera de Agua Caliente, Chiquimula, que colinda con Honduras.
Héctor Fajardo, directivo de la Federación Centroamericana de Cámaras de Transportistas, defendió que el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano establece que en los casos que se llevan mercancías en tránsito internacional no deberían darse reconocimientos de otros pagos que simulan impuestos.
Se espera que hoy se sostengan varias reuniones con los gobiernos de los países centroamericanos para que pidan a El Salvador que desista del cobro.
Además los transportistas denunciaron que en la aduana de San Cristóbal, también rumbo a El Salvador, se cobran los US$18 por la revisión, aunque aún no está instalado el equipo necesario. Fajardo afirmó que la revisión no les interesa, sino más bien cobrar lo que consideran un impuesto más.
Conflicto por cargos anteriores
Esta no es la primera vez que las autoridades de El Salvador se enfrentan con las peticiones de los transportistas de carga, ante la imposición de nuevos cobros.
El más reciente choque entre ambos fue cuando el vecino país comenzó a cobrar desde el 2 de mayo del 2013 el impuesto llamado Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), que oscilaba entre US$10 y US$150; sin
embargo, luego de varias manifestaciones desistieron de la medida.
La asamblea legislativa salvadoreña en junio de ese mismo año modificó la ley que obligaba el pago.
En julio del 2013, también ese sector amenazó con un paro en toda la región por el cobro de US$50 que pretendían hacer a los productos que necesiten controles fitosanitarios.
El argumento de los empresarios es que los productos solo están en tránsito y no deberían hacer el pago porque no es el país de destino.
Pago
18 dólares tendrían que pagar los transportistas por revisión.
