La segunda lección tiene que ver con el comportamiento cooperativo. Aunque parezca paradójico en una economía de libre mercado, promover programas públicos que actúen como facilitadores de aprendizaje campesino a campesino, cooperativa a cooperativa, organización a organización, es un modelo que puede funcionar muy bien. Buscar la competitividad de los pequeños productores no implica un ambiente de descarnada competencia en donde las organizaciones más grandes terminan fagocitando a las más pequeñas. Hay ejemplos que demuestran cómo la cooperación a través del aprendizaje horizontal puede tener lugar en un esquema donde todos ganan. Quizás porque todavía hay un mercado y demanda insatisfecha suficientes que pueden absorber a muchos más oferentes, o tal vez porque la acción colectiva puede tener una naturaleza, dinámica y peso específico distinto al que estamos acostumbrados desde nuestro prisma urbano.
La tercera lección tiene que ver con la viabilidad política y social de la transformación rural. Los ejemplos exitosos que se encuentran en la región casi siempre comparten dos características fundamentales: por una parte, un fuerte liderazgo político al más alto nivel posible, el cual le da sentido de dirección, espacio y tracción suficiente dentro de las instituciones públicas; y por la otra, una construcción de propuestas desde la base misma de las organizaciones, lo cual le da la legitimidad necesaria a cualquier propuesta para después entrar en procesos de negociación con otros actores sociales.
Finalmente, la cuarta lección tiene que ver con la saludable tensión que está teniendo lugar en Latinoamérica entre la política social y la política de fomento productivo. Cada vez más estamos abandonando el enfoque de silos, en el cual la política social hacia su parte sin importarle lo que sucedía en el campo del fomento productivo. Cada vez más encontramos ejemplos concretos en donde los gobiernos se están preguntando cómo tender puentes entre una y otra política, de manera tal que la acción pública sea más eficiente y costo-efectiva.
Dicho lo anterior, también hay que enfatizar que la mayoría de las veces es el bando de la protección social el que está buscando el acercamiento con el bando del fomento productivo, probablemente porque tienen mucha más evidencia acumulada —evaluaciones, seguimiento regular, continuidad, etcétera—, lo cual les ha permitido darse cuenta de las limitaciones que tiene seguir con un enfoque sectorial para el desarrollo rural. Da igual. En este caso no importa quién tire la primera piedra. Lo fundamental es aprovechar el espacio de diálogo intersectorial que se ha abierto a lo interno de los estados, del cual seguramente emanarán nuevos modelos de desarrollo para pequeños emprendimientos rurales agrícolas y no agrícolas.
Todo esto ya está sucediendo en la región, no son teorizaciones sin fundamento. Y Guatemala tiene la oportunidad de beneficiarse acortando tiempos de aprendizaje y poder así encontrar la mezcla propia que se necesita para cerrar las brechas de desarrollo que caracterizan a nuestra ruralidad.
Pero para eso es importante salir a darse una vuelta por el barrio y ver y preguntar cómo se cuecen las habas del otro lado del río.
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