El funcionario aclaró que esa decisión solo dependerá de una situación extrema, en la cual el Ejecutivo no pueda salir a flote para cumplir con los compromisos del Estado.
de austeridad mantiene el gobierno.
Estrada mencionó, incluso, que esperan “que pueda salir una propuesta” en las discusiones técnicas que sostienen junto con la Comisión de Finanzas del Congreso, y en las que se discute una reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la solicitud de nuevos bonos.
“Si se presenta un shock —desequilibrio— económico mundial, recesión o uno natural, podríamos adoptar esa decisión”, añadió Estrada.
Sin embargo, dijo que en este momento, el Ejecutivo no se encuentran en ese extremo.
En los últimos años, los Gobiernos que asumen han hablado de crear impuestos.
Durante los períodos de Alfonso Portillo, Óscar Berger y Otto Pérez se implementaron medidas tributarias que aprobó el Congreso.
En la administración de Álvaro Colom se intentó aprobar una reforma tributaria, pero falló su implementación.
Los cambios más recientes fueron en el 2014, pero la Corte de Constitucionalidad los denegó.
El lunes pasado, el Gobierno emitió diez acciones de contención —recorte— del gasto público para ahorrar durante el año Q150 millones.
La reforma tributaria más reciente que aprobó el Congreso fue en noviembre del 2014, cuando se intentó gravar a las telefonías móvil y fija, así como la distribución del cemento y el pago de regalías.
La Corte de Constitucionalidad anuló la vigencia de las nuevas cargas impositivas el año pasado.
Corto plazo
Guido Rodas, economista y analista, indicó que esta situación puede castigar a aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias con respecto a los que evaden los compromisos al fisco.
“Se golpea al que cumple, pero se premia al evasor”, aseguró.
Según Rodas, se trata de medidas de corto plazo para solventar la situación del Gobierno de turno, pero que no tienen una visión de largo alcance.
Una delegación de Guatemala comenzará una gira
de trabajo el lunes y martes de la próxima semana en Washington D.C., con organismos financieros internacionales.
El objetivo es negociar nuevos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
El monto de los créditos llega a unos US$500 millones.
El tramo del BM es de US$300 millones, y de US$200 millones con el BID.
La delegación la encabezarán autoridades del Ministerio de Finanzas.
Hace algunos días, el delegado del BID para Guatemala, Fernando Quevedo, expuso en una citación al Congreso que están en la disposición de otorgar líneas de préstamos a Guatemala, pero a cambio demandan cambios en la SAT y la liberación del secreto bancario.
La misma postura mantiene el BM, cuyas autoridades
demandan la implementación de programas de asistencia
social y medidas de transparencia.
Recordó que en algunos casos se dice que son impuestos temporales, pero en la práctica se extienden en el largo plazo.
En todo caso, dijo, las opciones para mejorar los ingresos tributarios son reestrucuturar la SAT, regresar el incentivo de la devolución del IVA por relación de dependencia y combatir las plazas fantasmas en el Estado y la corrupción.
“Cuando los organismos internacionales hablan de elevar la carga tributaria, no necesariamente es incrementar las bases impositivas”, aseguró.
Rodas añadió que se mantiene la evasión a impuestos que son claves para mantener el aparato estatal, como ISR e IVA.
Estrada y Rodas coinciden que una solución es convocar el pacto fiscal.
Demandan pagos
El sector construcción exigió ayer al ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, cumplir con pagos retrasados que ascienden a unos Q2 mil millones en obras que se han ejecutado a entidades del Estado.
Pelayo Llarena, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), recordó que son varias los proyectos que no se han liquidado por parte de las unidades ejecutoras estatales y que corresponden a otros gobiernos.
Llarena afirmó que otra situación que les preocupa es que el impuesto a la distribución de petróleo (IDP) se destine íntegro a la Dirección General de Caminos y a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para el mantenimiento de las carreteras.
En la actualidad, el dinero que se cobra sirve para el funcionamiento de otras áreas del Ejecutivo.
Llarena explicó que hay un gran número de expedientes de proyectos de construcción comercial,
industrial y vivienda que están paralizados en el Ministerio
de Ambiente.
