Ello, debido al bloqueo al acceso del Valle del Palajunoj, situación que ha provocado pérdidas de unos Q10 millones hasta el momento, mientras se corre el riesgo de una suspensión laboral para las personas que trabajan en esas industrias.
En el área operan unas cinco plantas que producen arena de rio, piedrín, agregados, blocks y adoquín que abastecen a la industria de la construcción en la región, pero un grupo de vecinos mantiene una protesta que ya dura varias semanas y no se permite el ingreso o salida de medios de transporte.
Los comunitarios argumentan que las acciones responden a su rechazo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que impulsa la comuna, pero mientras tanto, las plantas de producción ubicadas en ese lugar dejaron de operar por la falta de insumo, afectando los despachos hacia las obras de construcción y proyectos de tipo habitacional y comercial.
René Muñoz Barnoya, quien representa a una de las empresas afectadas por el bloqueo, expresó que se ha dejado de producir alrededor de un millón 200 mil unidades de block y se han dejado de despachar unos 50 mil metros cúbicos de materiales agregados.
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Como un “plan emergente” las empresas están moviendo producto de otras sucursales, sobre todo de Retalhuleu, pero eso implica un costo extra que se recarga al consumidor final.
“Por esta situación, el constructor está pagando precios altos y a eso se suma el incremento del galón de diésel por lo que la cifra sube mucho más”, remarcó Muñoz Barnoya, quien reiteró que es un efecto negativo para la economía de Quetzaltenango y la región.
Habría suspensiones
Por otro lado, manifestó que hay implicaciones relacionadas con el empleo, ya que las empresas brindan trabajo a unas cien personas de manera directa y a otras cien empleos de forma indirecta. De momento, se ha optado por enviar de vacaciones al personal, pero de continuar con la falta de operación por el bloqueo, una de las medidas que podrían adoptar es la suspensión laboral.
Reiteró que los efectos negativos no son solo para la construcción, sino que también hay pérdidas para la actividad comercial y productores agrícolas que no pueden realizar sus actividades con normalidad, dado que no se permite la libre circulación y locomoción.
“Casos como estos no incentivan la inversión local para la generación de más empleos formales y provocan más salida de guatemaltecos al exterior”, destacó.
Por medio de un comunicado de prensa, la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), solicitó a las autoridades locales y otras entidades que intervengan, con el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Al cierre de nuestra edición, no había avances concretos al respecto.
Antecedentes
Las protestas iniciaron el 1 de marzo, cuando vecinos, alcaldes comunitarios y alcaldías indígenas de 10 de 24 comunidades rurales demandaron al alcalde Juan Fernando López, cumplir la eliminación del pago de arbitrios municipales establecidos en el POT, que, según los manifestantes, son desmedidos.
El POT está vigente desde 2017, pero una de las promesas de campaña del jefe edil fue la supresión del cobro, lo que no ha sucedido.
